``¡Váyanse, no los queremos!'', y las balas fueron su respuesta

Juan Balboa, corresponsal, Ocosingo, Chis., 12 de enero Ť El repiqueteo de los fusiles automáticos de alto poder duró tres minutos: unos 18 agentes de la Policía de Seguridad Pública del Estado (PSPE) dispararon a mansalva contra unos 500 indígenas que les exigían, primero a gritos y después con piedras, que abandonaran el municipio porque ``para nosotros ustedes son asesinos''.

Las balas disparadas por los agentes alcanzaron a tres personas, entre ellas Guadalupe López Méndez, una mujer tzeltal que falleció unas horas después en un hospital de Altamirano. Su hija, la niña Isabel Santiz Méndez, tiene una bala en uno de sus brazos y el joven Lázaro López Vázquez presenta heridas en uno de sus pies.

A la una de la tarde, un grupo de indígenas de la Organización de Tres Nudos y de la Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo (COAO) partió del parque central rumbo a la salida de la ciudad, justo en el tramo que comunica a esta ciudad con San Cristóbal de las Casas.

Durante su recorrido, los indígenas corearon las cinco demandas principales de sus movilizaciones realizadas este día en la cabecera municipal de Ocosingo. Condiciones, aseguraron, que son indispensables para el reinicio del diálogo de paz:

El retiro del Ejército Mexicano de las comunidades indígenas, el desmantelamiento de los grupos paramilitares, juicio político al ex gobernador Julio César Ruiz Ferro, la desaparición de poderes en Chiapas y el esclarecimiento y castigo a los responsables materiales e intelectuales de la matanza de Acteal.

Quince minutos después, la marcha de los tzeltales y tojolabales se topó --en el cruce del camino a las ruinas de Toniná-- con un convoy del Ejército Mexicano. Un concierto de gritos rodeó a las cuatro unidades castrense: ``Fuera Ejército de Chiapas'', ``Váyanse, no los queremos aquí'', ``Asesinos, asesinos, asesinos...''.

El convoy militar aceleró su marcha y se desvió hacia la carretera a Toniná. La marcha continuó su recorrido. A las 13:25 horas arribó al lugar donde habrían de iniciar el bloqueo de la carretera, justo enfrente de la única gasolinera de Ocosingo.

Fue cuando los indígenas descubrieron un destacamento especial de la PSPE y hacia él se dirigieron. A las 13:28 empieza la andanada verbal: ``Asesinos, asesinos, váyanse de aquí, salgan, ustedes mataron a los de Acteal''. Transcurrieron dos minutos cuando comenzaron a caer algunas piedras sobre el techo de lámina de cinc donde se encontraban los agentes policiacos.

A las 13:32 los efectivos de la PSPE lanzaron sobre los manifestantes una bomba de gas lacrimógeno que hizo retroceder a la mayoría. Los policías cortaron cartucho y, algunos de ellos, se colocaron en posición de tiro. Pocos segundos después comenzaron a escucharse las primeras ráfagas de metralleta.

El pánico hizo presa de los cientos de indígenas que participaban en la marcha. La mayoría corrió a protegerse tras los muros de la gasolinera. Otros más lo hicieron hacia el monte para evitar ser alcanzados por los disparos, que no cesaban. La carretera fue inundada por los indígenas que se protegían con sus propios brazos.

Todo era confusión

Exactamente a las 13:35, los 18 agentes de la PSPE recibieron la orden de retirarse del lugar. Las mochilas, los chalecos antibalas, los zapatos, algunas prendas y comida enlatada fueron aventados literalmente al camión Mercedes Benz (de 10 toneladas) número 2614 de la corporación.

Los policías subieron atropelladamente. Cuando el camión arrancó a toda prisa, dos de ellos quedaron colgados. Uno más logró trepar entre los tubos de la estructura y se dispuso para disparar.

Cuando la unidad llegó a la carretera y se enfiló hacia San Cristóbal, los policías dispararon sus armas sobre las personas que se encontraban a orillas de la carretera. Hirieron mortalmente a Guadalupe Méndez López, de 25 años de edad, y a su hija Isabel Santiz Méndez, que la traía entre sus brazos.

Los policías, en su salida hacia Saan Cristóbal, todavía hicieron varios disparos. Dos horas después la mujer indígena murió en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en el municipio de Altamirano. Los hechos fueron denunciados ante las autoridades judiciales y fue abierta la averiguación previa 018/18/998.

Condena unánime; piden intervenga la PGR

Once dirigentes de igual número de organizaciones independientes que participaban en las movilizaciones en Ocosingo condenaron enérgicamente la agresión perpetrada por la PSPE en contra de ``indígenas desarmados'' que protestaban pacíficamente en contra de la presencia masiva del Ejército Mexicano y exigían juicio político al ex gobernador Julio César Ruiz Ferro.

Los principales dirigentes de la ARIC-Unión de Uniones, ARIC-Independiente, ORCAO, Tzoman, CNPI, UNAL, OCAN, Tres Nudos, del Consejo Popular de Derechos Humanos y de los Barrios Unidos de Ocosingo pidieron la intervención del gobierno federal en la investigación de los hechos ocurridos este mediodía, ``de forma tal que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga la investigación de los mismos''.

Recordaron que las personas agredidas participaban en un acto político en la plaza pública de Ocosingo en repudio y por el esclarecimiento de los sucesos en la comunidad de Acteal, Chenalhó.

La agresión de la policía se originó después de que representantes de las 11 organizaciones realizaban marchas hacia las principales entradas, las cuales serían bloqueadas por los propios indígenas.

Acusaron al gobierno estatal de ser el responsable del acto represivo en el que se atacó ``cobardemente a población desarmada'' que ejercía su derecho a la libre expresión. Aseguraron que el gobierno del estado no puede garantizar imparcialidad y eficacia en las investigaciones, por tener responsabilidad directa en la comisión de estos ilícitos.

``Exigimos la inmediata y exhaustiva investigación de los hechos, identificación y debida sanción de los responsables y la reparación de los daños causados a las víctimas'', puntualizaron en un comunicado conjunto dado a conocer esta noche.

Los dirigentes señalaron que este acontecimiento demuestra, una vez más, que en el estado de Chiapas el retorno a la gobernabilidad no estriba en un cambio de persona, ya que a pesar de los recientes movimientos en el gobierno del estado, este tipo de actos continúa.

Es por ello, apuntaron, que demandamos la desaparición de poderes en Chiapas y la integración de un Congreso constituyente del que resulte un nuevo proyecto político con viabilidad y legitimidad entre la población.