Chiapas, alta prioridad, reitera México en nueva carta a la CIDH

David Aponte Ť El gobierno de México envió una nueva carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para manifestar que la actual administración federal, la Comisión Nacional de Intermediación, las organizaciones sociales, las iglesias, la sociedad civil y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ``tienen que reflexionar y actuar de inmediato en la búsqueda de una verdadera paz con justicia y dignidad (en Chiapas)''.

En respuesta a una solicitud del organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington, sobre el establecimiento de ``medidas cautelares'' para salvaguardar la integridad de la población sobreviviente de Acteal y de las comunidades desplazadas, la parte mexicana hace una amplia descripción de las acciones tomadas en Chiapas en los últimos cuatro años.

El documento fechado el 5 de enero no ofrece mayores detalles de las investigaciones federales relativas al homicidio de 45 indígenas, ocurrido el 22 de diciembre en Acteal, municipio de Chenalhó.

A petición de la CIDH, el gobierno de México envió el 30 de diciembre una comunicación con los detalles de las acciones emprendidas para el esclarecimiento de la masacre, y asumió el compromiso de hacer llegar al organismo los reportes de las medidas gubernamentales orientadas a evitar nuevos actos de esa naturaleza, así como informes de los avances de las pesquisas.

Un estado de alta prioridad

Ahora, como ``información complementaria'' a la nota OEA-763 del 30 de diciembre del año pasado, el documento enviado el 5 de enero por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) explica que la naturaleza del conflicto ``se remite a las profundas desigualdades y la marginación que históricamente han caracterizado a las comunidades indígenas de la región. Durante siglos, las comunidades de Chiapas fueron sometidas a una dinámica de exclusión del proceso de identidad cultural y del propio desarrollo económico y social del país''.

``A diferencia de otras entidades, en la región se originó un proceso de diferenciación cultural, que significó la reproducción de condiciones de aislamiento y sujeción de los pueblos indígenas a la lógica económica de la explotación de la tierra y sus recursos'', indica.

Posteriormente, elabora un análisis del problema de la tenencia de la tierra en la entidad, con especial atención en la zona de los Altos y la selva (donde surgió el levantamiento zapatista).

Sin embargo, el texto de seis cuartillas menciona que el Ejecutivo federal ha otorgado la más alta prioridad al estado de Chiapas. ``Esta entidad ha recibido la mayor proporción del presupuesto federal descentralizado desde hace cuatro años''.

``El esfuerzo desarrollado tiene el propósito de contribuir a la superación de las causas legítimas que dieron origen a la inconformidad de un importante sector de la sociedad chiapaneca, particularmente en lo referente a la salud, la educación, la vivienda y la infraestructura social.

``De esta forma, la política social y productiva del gobierno federal en Chiapas ha tenido el firme propósito de crear condiciones para superar la pobreza y, simultáneamente, contribuir al establecimiento de la reconciliación y la paz que reclaman los chiapanecos y los mexicanos en su conjunto'', expone.

El texto indica que la estrategia social tiene como líneas de acción: aumentar en términos reales el financiamiento al desarrollo; mejorar y ampliar la infraestructura; fortalecer los programas de alimentación, educación y salud; apoyar el esfuerzo de las comunidades y las organizaciones para aumentar su ingreso y productividad; promover los acuerdos agrarios, y alentar el diálogo y la conciliación mediante la construcción de acuerdos sociales.

Con detalles y cifras explica a la CIDH las acciones federales y los montos canalizados en los últimos cuatro años a diversos rubros sociales en el estado, y los acuerdos regionales y los métodos de diálogo y de consulta entre las comunidades, en los cuales también han participado miembros y simpatizantes del EZLN, como una forma de restablecer el tejido social y continuar el esfuerzo colectivo por el bienestar de la zona.

``La ruptura del equilibrio social alcanzado en esta región traería graves consecuencias para las familias de estas comunidades. Por ello, el gobierno federal mantendrá su empeño en hacer del trabajo social y productivo concertado, un instrumento de unidad y reconciliación en Las Cañadas (una de las zonas de mayor concentración de comunidades zapatistas)'', menciona.

En la segunda misiva enviada a la CIDH, agrega que el presidente Ernesto Zedillo ha refrendado su compromiso de esclarecer los hechos ocurridos en Acteal, municipio de Chenalhó.

El consultor jurídico de la SRE, Miguel Angel González Félix, dijo que la parte mexicana envió esta carta a la CIDH, debido a que no hay un ``caso abierto'' y el organismo había solicitado reportes adicionales y preliminares.

En breve conversación, dio a conocer que la cancillería mandó información del caso Acteal y de la situación en Chiapas a la representación de México ante la Unión Europea para que sea canalizada a los eurodiputados. El Parlamento Europeo sostendrá una reunión en el curso de la semana para analizar la situación en el sureste mexicano y elaborar alguna resolución.

El diplomático agregó que la Comisión Intersecretarial para la Atención de los Compromisos Internacionales de México en materia de Derechos Humanos, integrada por la SRE, Gobernación, la Defensa, Marina, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, será convocada en breve para examinar el caso Acteal y la respuesta que ofrecerá el gobierno mexicano a nivel internacional.