Es claro que el primer paso para posibilitar una solución al conflicto chiapaneco consiste en reconocer sus alcances y que éstos, a su vez, han adquirido las dimensiones de una crisis nacional: la perpetuación de las injusticias que dieron origen al alzamiento de enero de 1994, el fracaso de sucesivos gobernadores, secretarios de Gobernación y comisionados gubernamentales para encontrar salidas a la explosiva situación de la entidad, la militarización de ésta con todo el sufrimiento adicional que ello ha significado para la población indígena, el empantanamiento de las negociaciones por causas imputables al gobierno federal, así como la persistente violencia de los poderes locales, políticos y económicos, contra las comunidades zapatistas, y de la que Acteal es sólo la muestra más dramática y criminal, son factores que han acabado con la legitimidad de las instituciones chiapanecas y han provocado un preocupante desgaste de la credibilidad de las autoridades nacionales y una severa erosión de su imagen en el ámbito internacional.

Por otra parte, las ofensivas políticas y propagandísticas contra los principales actores de distensión en Chiapas --la Conai, la Cocopa, las organizaciones de la sociedad civil--, ofensivas en las que han coincidido los sectores oligárquicos chiapanecos y diversas instancias federales --empezando por los mandos castrenses de la VII Región Militar-- pueden llevar a una extrema polarización de las posiciones y a una fractura política nacional de consecuencias obligadamente desastrosas.

En esta perspectiva, no es con el fortalecimiento de las estructuras políticas locales y con el reforzamiento de la presencia y las atribuciones de los militares en suelo chiapaneco que se lograrán desactivar las confrontaciones que allí se desarrollan; por el contrario, la persistencia en tales acciones no puede sino tensar aún más la situación y producir un incendio social cuyas repercusiones rebasarían las fronteras estatales.

Es, en cambio, necesario disolver los poderes de la entidad, que por hoy son meros instrumentos al servicio de los intereses oligárquicos y caciquiles, y propiciar la conformación de un gobierno provisional o de transición integrado de manera verdaderamente representativa y plural, en el cual estén justamente representados todos los sectores de la sociedad chiapaneca, los partidos con registro y las organizaciones, así como las comunidades indígenas y campesinas de todas las filiaciones políticas y todos los credos religiosos.

Previamente, como pasos de distensión que hagan posible tal recomposición política local, es necesario reducir la presencia del Ejército Mexicano en la entidad, reactivar las negociaciones de paz, incorporar a la legislación nacional los acuerdos de San Andrés y hacer justicia a los muertos de Acteal y castigar conforme a derecho a sus asesinos.

De otra manera, la conflictiva chiapaneca seguirá trastocando la vida política de la nación y terminará por llevar al país en su conjunto a la confrontación, la inestabilidad y la ingobernabilidad.