En tiempos de Salinas, voceros del Ejército mexicano afirmaron que detrás del alzamiento zapatista estaban intereses extranjeros que buscaban mermar la soberanía nacional y separar a Chiapas del resto de la república, para apoderarse de las riquezas naturales de la zona, en particular las reservas petroleras de los Altos de Chiapas. Ahora, diputados priístas encabezados por Ricardo Monreal han ``actualizado'' esta versión, casi en los mismos términos.

Hay indicios suficientes para afirmar que existen reservas petroleras, probablemente importantes, en la zona del conflicto chiapaneco. Lo que no existe por ningún lado es la intención zapatista de ``balcanizar'' a México, al buscar separar esa zona del territorio nacional. Esta supuesta intención zapatista es una invención gubernamental, que sólo existe en la mente de quienes la promueven. En ningún momento, ni en los discursos o comunicados del subcomandante Marcos ni de ningún otro vocero, los zapatistas chiapanecos han manifestado nada que se le parezca.

``Autonomía'' no significa ``separación''. Como lo han manifestado diversos analistas, sólo con mala intención y ganas de enredar las cosas para así alargar el conflicto e impedir una solución pacífica, se puede tergiversar el sentido del principio de ``autonomía'' que ha sido claramente expresado por los zapatistas.

En todo caso, es el gobierno federal y local quienes abiertamente tienen la intención de ``balcanizar'' Chiapas y el país; intención que día a día traducen en hechos. Lanzan el ejército y grupos paramilitares, organizados desde el poder, contra las comunidades indígenas; entregan sectores estratégicos de la economía a intereses extranjeros y a empresarios locales favoritos del régimen; promueven un programa económico que hace más pobres a los atrozmente pobres y más ricos a los insultantemente ricos.

Si en verdad tienen interés en defender la soberanía nacional y nuestras reservas petroleras, el diputado Monreal y acompañantes debieran impulsar desde la Cámara de Diputados un debate serio sobre la política petrolera y petroquímica, para buscar que esta industria estratégica sirva verdaderamente a los intereses de los mexicanos. Hasta ahora, el gobierno federal ha rehuido este debate. Convocar al gobierno federal y a la sociedad en general a este debate sería una excelente manera en que los diputados priístas podrían preparar la celebración del sesenta aniversario de la expropiación petrolera.