En los Altos, la Selva y el norte, 10 militares por un policía: ONG

Triunfo Elizalde Ť El Ejército Mexicano mantiene en Chiapas, en promedio, cinco soldados por cada elemento de Seguridad Pública estatal, porcentaje que se eleva hasta diez por uno en las regiones de los Altos, Selva y norte, informaron representantes de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Ambos organismos lamentaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) --``que constató la militarización en algunas poblaciones zapatistas''-- no diga nada al respecto en su recomendación 1/98, dirigida tanto a Roberto Albores Guillén, gobernador sustituto, como a Jorge Madrazo Cuéllar, procurador general de la República.

Concretamente se refirieron a Polhó, donde luego de una visita al lugar se pudo observar que las fuerzas armadas lo han convertido en un potencial ``fuerte'', además de que ``la tropa ocupa abiertamente las modestas casas de la población civil que salió ante la presencia militar y el ambiente de tensión existente en la zona''.

Las citadas ONG se muestran extrañadas de la reacción y actitud que siguen asumiendo los gobiernos estatal ``y sobre todo el federal, cuando en lugar de ir tras los pasos de los asesinos de indígenas de Acteal, se dieron de inmediato a la tarea de perseguir a los familiares de las víctimas''.

Testimonios de los sobrevivientes

Sobre la actuación del grupo paramilitar Máscara Roja, a quien se le atribuye la masacre del 22 de diciembre en Acteal, las dos ONG recabaron los siguientes relatos:

Manuel Vázquez Gómez, de 10 años de edad y testigo ocular de los hechos, comentó que cuando comenzó la balacera estaba junto con su papá, su mamá y tres hermanos rezando en el atrio de la iglesia. Hasta ellos llegaron, disparando, hombres vestidos de negro con un paliacate en la cabeza. ``No todos iban cubiertos de la cara'', por lo que considera que podría reconocer a algunos, ``aunque no sé sus nombres''.

Mataron a sus padres y hermanos, y él se quedó sentado entre los cuerpos sin vida hasta que cesaron los disparos y llegó ``un señor que es representante nuestro'' y se lo llevó para otro sitio. Allí se dio cuenta de que ``los de la Seguridad'' no quisieron levantar a los heridos sino hasta las seis de la tarde y hasta las 11 de la noche.

Sin explicar cómo lo sabe, afirma que los agresores ``dispararon de cerca con cuerno de chivo, que le dicen''.

El campesino Miguel Arias Santiz, de 45 años de edad, originario de Pechiquil y ahora refugiado en Polhó, informó que el día 22 salió de Pechiquil hacia el campo a secar grano de café, cuando comenzó la balacera. En el poblado había dejado a su mujer, María Pérez; a sus hijos María y Lorenzo Arias Pérez, de 21 y 8 años de edad, respectivamente, y a su nieto Tacho, de año y medio. Hasta ahí llegaron varios hombres encabezados por Abelardo Gómez Pérez y Elías Pérez Méndez, buscándolo a él por considerarlo zapatista.

Como no lo encontraron, primero violaron a las dos mujeres frente a los pequeños y luego se los llevaron a todos. El los ha buscado por diversas partes, ``según me guían los decires'', pero luego de casi dos semanas, tiene pocas esperanzas de encontrarlos con vida, pues sabe que ``se llevaron a todos hacia la selva y no han regresado''.

Cabe decir que su hermano, Miguel Arias Santiz, también campesino refugiado en Polhó, por el tartamudeo que lo acosa no pudo narrar lo que vio el día del genocidio.

También se tienen los testimonios de Hilario Jiménez Ruiz, de 20 años de edad; de Pedro Pérez Pérez, de 51, y de Manuel Pérez Pérez, de 47, vecinos de las comunidades de Acteal, Pechiquil y Kextik, Chenalhó, respectivamente, quienes narran la pérdida de seres queridos, hablan de cómo sus familiares fueron agredidos y muertos cuando rezaban en pro de la paz afuera de la iglesia de Acteal, de qué manera iban vestidos los mercenarios de Máscara Roja, las armas que portaban, la ausencia de elementos de Seguridad Pública y otros aspectos que deben ser investigados a fondo por la PGR para consignar a los presuntos responsables ante un juez penal.