Durante las fiestas de fin de año, periodo crítico, el nuevo gobierno del Distrito Federal manejó el problema del ambulantaje, sobre todo en el Centro Histórico, en las condiciones legadas por el anterior gobierno priísta. Ahora, en situación ``normal'', tiene el desafío de encontrar alternativas novedosas en el corto, mediano y largo plazos, a este fenómeno social urbano. Para ello, es necesario partir de revisar a fondo, nuevamente, su naturaleza y contradicciones.

Es innegable que su origen es estructural: se nutre en la gran masa de desempleados, subempleados y empobrecidos que el sistema económico excluye del sector ``formal'' o a la que no otorga ingreso suficiente para sobrevivir; en nuestros países de tardío y limitado desarrollo capitalista, donde no existe el seguro de desempleo y los salarios han caído a un 25 de su valor real en 20 años, esta población tiene que encontrar una alternativa de subsistencia en la ``informalidad'' o en la delincuencia; no tiene otras salidas. Esta es la barrera fundamental, difícilmente superable en la política económica actual, a la desaparición del ambulantaje. Las características universales del patrón neoliberal de acumulación de capital también han dado lugar a la aparición de masas significativas de desempleados en los países desarrollados, cuyas actividades y protestas se manifiestan en las calles; antes, se suponía un problema exclusivo del ``tercer mundo''.

El ambulantaje funciona como alternativa de subsistencia y válvula de escape de la presión social y política inherente al desempleo y la pobreza, gracias a sus características: cuenta con la demanda efectiva de una población empobrecida dispuesta a correr los riesgos de la mala calidad de los productos y la inseguridad, en razón de los bajos precios y el fácil acceso a los vendedores; los vendedores callejeros no pagan local (usan espacios públicos), impuestos ni servicios, por lo que pueden atender a los sectores de bajos ingresos; se ubican en los lugares más accesibles a la gente y más adecuados a su actividad (cruceros, calles y plazas centrales, estaciones del metro, paradas y terminales de camiones, escuelas y universidades, edificios públicos, etcétera), porque allí es donde funciona su actividad y no en otra parte.

Los vendedores independientes o asalariados de otros, obtienen muy bajos ingresos por su actividad y trabajan en condiciones penosas, sin servicios, sin derecho a seguridad social y prestaciones, enfrentando diariamente la extorsión o la represión de líderes y funcionarios públicos. Pero detrás de ellos están los grandes beneficiarios: los empresarios ``formales'' cuyos productos venden (muchas veces grandes trasnacionales); los ``fayuqueros, bodegueros y distribuidores o las bandas organizadas, a quienes poco se ataca o persigue.

En el sistema político autoritario, aún no desmantelado, donde el corporativismo fue y es un elemento fundamental del control del PRI- gobierno, dominan los intereses también corporativizados de los grandes empresarios, y no existen instancias institucionales de solución democrática y concertada de los problemas sociales, los vendedores callejeros se organizan corporativamente para tener capacidad de negociación y gestoría de sus necesidades e intereses. El ``líder'' aparece como forma social natural de esta relación, ligado a sus bases por prestaciones mutuas de lealtad, atención, seguridad en el trabajo y cooperación económica lícita o ilegal; es una ``necesidad'' del sistema.

La corrupción, socializada por el régimen, penetra todas las relaciones con las instituciones gubernamentales. Líderes de ambulantes, inspectores, policías y funcionarios la usan como fuente de riqueza personal y poder político, con base en la ``ilegalidad'' dan seguridad a la actividad y siempre está presente la amenaza de la aplicación de la reglamentación y la consecuente represión. A pesar del individualismo propio de la actividad, los gobiernos han mantenido con los vendedores callejeros una relación corporativa porque así se facilitan la corrupción y el control político; la construyó el PRI y ahora abarca a casi todas las organizaciones políticas.

Si se quieren encontrar alternativas a esta problemática, será necesario tener en cuenta estas contradicciones estructurales, analizar el fracaso de las ``soluciones'' aplicadas en el pasado, y dar respuestas en las nuevas condiciones, utilizando métodos democráticos adecuados a la realidad del sector. En todo caso, será un esfuerzo de largo plazo, en la definición de políticas innovadoras, su aplicación y el logro de resultados.