Adriana López Monjardín

El círculo perverso

Los acuerdos de San Andrés establecen que ``los distintos niveles de gobierno e instituciones del Estado mexicano no intervendrán unilateralmente en los asuntos y decisiones de los pueblos y comunidades indígenas, en sus organizaciones y formas de representación''. (``Pronunciamiento conjunto que el gobierno federal y el EZLN enviarán a las instancias de debate y decisión nacional'', p.10).

Contraviniendo los acuerdos --a partir de una decisión unilateral y contraria a la voluntad de los refugiados en Polhó-- el presidente Ernesto Zedillo envió al secretario de Salud, Juan Ramón de la Fuente, para supervisar la asistencia médica y social en el municipio de Chenalhó. Se trata, según dijo, de romper el ``círculo perverso'' provocado por los grupos que obstaculizan ``deliberada y sistemáticamente'' la presencia del gobierno federal para luego culparlo ``tanto de la falta de atención a la población más necesitada como de omisión en tragedias como la de Acteal''.

Sin embargo, el ``círculo perverso'' se cierra en torno a la política gubernamental, y no alrededor de las decisiones del concejo municipal autónomo de Chenalhó. Comienza con el cerco militar impuesto a las comunidades indígenas, pasa por el uso autoritario, faccioso y clientelar de las políticas públicas y se cierra con el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés.

El municipio de Chenalhó, con 30 mil habitantes, está ocupado por 5 mil efectivos del Ejército federal y atravesado por retenes que impiden el libre tránsito y obstaculizan el apoyo de la sociedad civil a los refugiados. Además, la fuerza pública no hizo nada para impedir que las nuevas autoridades priístas de Chenalhó bloquearan el paso a Polhó el 3 de enero, cuando los priístas tomaron como rehenes a indígenas, bases de apoyo zapatistas, que llevaban comida a los refugiados. Manuel Ruiz, secuestrado desde entonces, aún está desaparecido.

No sólo hay desplazados en Chenalhó. También los habitantes de Guadalupe Tepeyac están refugiados desde hace casi tres años. No porque alguien ``obstaculice'' la presencia del gobierno federal sino debido a que el Ejército Mexicano saqueó y ocupó su pueblo y sus tierras de cultivo.

Según los acuerdos de San Andrés, ``las políticas, leyes, programas y acciones públicas que tengan relación con los pueblos indígenas serán consultadas con ellos. El Estado deberá impulsar la integridad y concurrencia de todas las instituciones y niveles de gobierno que inciden en la vida de los pueblos indígenas. Para asegurar que su acción corresponda a las características diferenciadas de los diversos pueblos indígenas, y evitar la imposición de políticas y programas uniformadores, deberá garantizarse su participación en todas las fases de la acción pública, incluyendo su concepción, planeación y evaluación. (Propuestas conjuntas que el gobierno federal y el Ejército Zapatista se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional, p.10)''.

Los acuerdos de San Andrés Larráinzar establecen que ``puesto que las políticas en las áreas indígenas no sólo deben ser concebidas con los propios pueblos, sino implementadas con ellos, las actuales instituciones indigenistas y de desarrollo social que operan en ellas deben ser transformadas en otras que conciban y operen conjunta y concertadamente con el Estado los propios pueblos indígenas''.

No obstante, después de la firma de los acuerdos, las políticas gubernamentales se han convertido en una pieza clave de la contrainsurgencia. El uso faccioso de los recursos públicos ha sido denunciado reiteradamente: tanto en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, que entregó 4.6 millones de pesos a los paramilitares de Paz y Justicia, como durante el reciente proceso electoral federal, cuando los observadores de diversas organizaciones no gubernamentales reportaron la coacción y la compra de votos.

Más dinero, más soldados federales y más funcionarios gubernamentales en los municipios rebeldes, sólo contribuyen a bloquear el camino de una paz con justicia y dignidad. Al firmar los acuerdos de San Andrés, el gobierno se comprometió a que ``no serán, ni la unilateralidad ni la subestimación sobre las capacidades indígenas para construir su futuro, las que definan las políticas del Estado. Todo lo contrario, serán los indígenas quienes dentro del marco constitucional y en el ejercicio pleno de sus derechos decidan los medios y formas en que habrán de conducir sus propios procesos de transformación''. Que cumpla su palabra.