El anuncio formulado ayer por el secretario de Hacienda, José Angel Gurría, en el sentido de que la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales hará necesaria una disminución del gasto gubernamental calculada en 15 mil 273 millones de pesos, representa un hecho de gran importancia que debe ser analizado a profundidad, tanto por el lado de los impactos que tal reducción tendrá para el desempeño de las finanzas públicas y de la economía nacional, como por el de los criterios que se siguieron para decidir los montos y los rubros en los que se efectuarán los recortes.

Si bien la decisión de las autoridades hacendarias es una medida precautoria para compensar la merma de los ingresos petroleros del país --calculada en 2 mil millones de dólares, si se mantiene por un año el precio actual del hidrocarburo-- que puede resultar adecuada, debe tenerse especial cuidado en que las reducciones previstas no afecten ámbitos y gastos esenciales y no introduzcan nuevos desequilibrios en las finanzas públicas en aras de contener los efectos negativos de la caída de los ingresos de Pemex.

En primer lugar, cabe señalar que el gobierno federal deberá hacer frente a los despidos de trabajadores que tendrán lugar con motivo del redimensionamiento de diversas instancias del sector público motivadas por los recortes presupuestales y vigilar que la reducción en los egresos no se traduzca en desmejoras de los servicios públicos, cancelación de obras de infraestructura básica, abandono de proyectos de asistencia y beneficio social, repunte de la inflación, depreciación de la moneda o incremento de la deuda pública. Del mismo modo, las autoridades deberán informar a la opinión pública, en el corto plazo y con amplitud suficiente, cuáles son las áreas y los proyectos que serán afectados por la medida ayer anunciada y abocarse a erradicar los gastos suntuarios, los rescates de grandes grupos privados, los desvíos y los dispendios que --aun sin la pérdida de recursos por las exportaciones petroleras que hoy se registra-- representan egresos injustificados e intolerables, máxime si se tiene en cuenta la angustiosa penuria económica que padecen millones de mexicanos.

Es igualmente indispensable que la SHCP ponga a consideración del Congreso las modificaciones en el presupuesto, en el entendido de que este instrumento fue aprobado tomando en cuenta una serie de escenarios macroeconómicos y metas que han sido afectados por la caída del precio del petróleo. Además, si se considera que el presupuesto fue resultado de un ejercicio plural, cualquier cambio en sus premisas debe ser sancionado necesariamente por el Poder Legislativo.

Por otra parte, cabe cuestionar, a la luz de la urgencia con la que el gobierno federal afrontó la caída de los precios del crudo, la validez de las afirmaciones en el sentido de que con la apertura comercial y la expansión de los mercados para los productos mexicanos sería posible la ``despetrolización'' de la economía nacional. Aunque el crecimiento de las exportaciones no petroleras del país es indudable, Pemex continúa siendo la principal fuente de ingresos para el gobierno federal, situación preocupante en la medida que el precio del hidrocarburo está sujeto a factores que están fuera del control del gobierno mexicano y que pueden producir giros no previsibles, y hasta desastrosos, como sucedió a principios de la década de los 80.

Por esta razón estratégica elemental, y para propiciar un crecimiento saludable de la economía mexicana, resulta necesario emprender reformas fiscales que permitan elevar los ingresos del Estado mediante la expansión de la base de contribuyentes, la disminución de los niveles de evasión y el incremento de la actividad económica. De esta forma sería posible reducir de manera progresiva --sin elevar los impuestos y diversificando las fuentes de captación impositiva-- la importancia de los recursos entregados por Pemex al erario público, estimados en 75 u 80 centavos de cada peso captado, y prevenir, con medidas de índole estructural y no meramente coyunturales como los recortes presupuestales, que fenómenos de volatilidad como el que se registra actualmente en el mercado petrolero tengan impactos negativos en las finanzas y en el desarrollo nacionales.