Astillero Ť Julio Hernández López

Ayer se produjeron tres hechos importantes en relación con la crisis chiapaneca:

a) Las reacciones internacionales de preocupación y condena que han movido a los voceros de este gobierno (acusado múltiples veces de entreguismo al extranjero) a denunciar con enojo la injerencia externa en los asuntos mexicanos;

b) la otra vez tensa reunión de la Cocopa con el secretario de Gobernación, en la que los puntos ríspidos fueron la presencia militar en la zona de conflicto y la tolerancia e impulso a los grupos paramilitares, y

c) la aparición de un diputado priísta con línea, que preside la Comisión de Asuntos Indígenas de San Lázaro, presionando para que la Cocopa presente ya su iniciativa de modificaciones constitucionales, con lo que se muestra la embestida múltiple contra el papel de creciente valía que va tomando esa comisión y la respuesta oficial con la que se le pretende arrinconar.

Donde más duele

Preocupadas como han estado las administraciones salinista y zedillista, más por lo que se dice en el extranjero que por lo que opinan los mexicanos, resulta altamente desequilibradora para el actual gobierno la reacción que fuera del país se ha tenido a causa de la masacre de Acteal.

En ese contexto, la resolución aprobada antier por el Parlamento Europeo conlleva no sólo la explosiva carga de la descalificación exterior sino, sobre todo, el grave riesgo de que las protestas civiles, y la presión de la opinión pública, pudiesen influir en el entorpecimiento del acuerdo comercial que nuestro país ha comenzado a tejer con la comunidad europea y que tiene ya un primer paso formal plenamente aprobado. Esa condena puede tener un impacto fuerte en la postura gubernamental y obligarla a buscar una salida decorosa del problema chiapaneco antes de que las torres financieras y económicas comiencen a sufrir temblores.

En este apartado internacional conviene tener presente la visita de Thomas McLarty, consejero personal del presidente de Estados Unidos, quien se entrevistará con los secretarios de Hacienda y de Relaciones Exteriores para tomarle el pulso a nuestro país, al que algunos medios de la nación vecina reportan con visos de fiebre. En Monterrey, según nota de David Carrizales, el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Niels Helveg Peterson, reconoció que ``algunos eventos ocurridos en México en los últimos días'' han hecho que algunos proyectos de inversión ``se hagan un poco para atrás''. El martes 13, según publicó Reforma, se canceló la firma de un convenio para comerciar artesanías entre aborígenes mohawk, de Canadá, e indígenas de Oaxaca. Testigos del acto hubieran sido el presidente Ernesto Zedillo y el gobernador de Canadá, Romeo Le Blanc.

Más allá de los boletines oficiales

El comunicado conjunto emitido por la Cocopa y la Secretaría de Gobernación para informar de su reunión de ayer podría servir de elemento de prueba para mostrar que la voluntad política gubernamental sigue estancada en la concepción autoritaria del problema chiapaneco.

En esencia, el texto oficial dice que los participantes ``analizaron con acuciosidad'' los puntos de una agenda que pasó de 8 a 13 puntos, ``e intercambiaron reflexiones e ideas al respecto''. Además, decidieron ``continuar dialogando'' el próximo martes 20. Eso sí, por si hiciera falta, ``se reconoce el carácter constructivo'' de la reunión de ayer. Traducido a la realidad, el boletín no dice nada. O bien, dice que no se llegó a nada importante.

La verdad es que la sesión fue nuevamente tensa, debido a la postura gubernamental que se ha anclado en la defensa a ultranza de situaciones de hecho como la hostigante presencia militar, a la que se considera absolutamente necesaria para evitar enfrentamientos entre civiles y, además, en la imprecisión para aceptar el origen y los fines de la acción de los paramilitares, a los que se quiere entender como resultado de espontáneos enfrentamientos intergrupales y no como parte de una estrategia contrainsurgente.

Tanto el secretario Francisco Labastida Ochoa, como su subordinado, Emilio Rabasa Gamboa, coordinador gubernamental del diálogo para la negociación en Chiapas (ya no de la paz, sino simplemente para la negociación, como si con abstenerse de usar la palabra paz ésta desapareciera del mapa de las preocupaciones), mantuvieron ayer, junto con algunos de sus aliados priístas miembros de la Cocopa, una actitud en la que combinaron la tozudez tanto para defender posturas indeclinables (los casos de los militares y los paramilitares), como para lanzar a la mesa de discusión propuestas insulsas que en todo caso lo único que hicieron fue consumir el tiempo en el desechamiento de esos planteamientos distractores.

Rabasa Gamboa, que fue quien llevó buena parte de la voz en las pláticas, propuso, por ejemplo, que se emprenda una campaña de comunicación social en cuatro lenguas para informar a los indígenas de los esfuerzos que se hacen para lograr la paz. El mismo jurista planteó la reapertura de una comisión de desplazados, como se intentó en 1994. El secretario Labastida Ochoa, por su parte, se estacionó en la interpretación separatista de los acuerdos de San Andrés y en la necesidad de atender presuntas necesidades de técnica jurídica.

Por fortuna, la Cocopa pudo salvar el riesgo de las divisiones profundas, pues a pesar de que algunos de sus miembros divergieron a fondo en el tema de la presencia militar y los grupos paramilitares, al final se pudo sostener una posición común de demanda de que los soldados dejen de acosar las inmediaciones de las zonas zapatistas, y que los grupos paramilitares sean desactivados.

La papa caliente

No por provenir de un personaje menor de la nomenclatura priísta es desdeñable la pretensión del diputado federal guerrerense, Efraín Zúñiga, de exigir a la Cocopa cuentas respecto a su omisión en presentar al Poder Legislativo la iniciativa de ley derivada de los acuerdos de San Andrés.

Zúñiga, quien sería incapaz de entrarle a un tema como éste sin la plena autorización superior, es presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, y vale recordar el hecho de que cuando su partido, el PRI, ganó esa posición en las negociaciones de Porfirio Muñoz Ledo con los panistas y priístas para la asignación de presidencias de comisiones, hubo severas inconformidades de los perredistas que sintieron en esa concesión un riesgo para las negociaciones de paz en Chiapas.

Hoy, los hechos le dan la razón a quienes restregaron en la cara de sus cúpulas negociadoras el hecho de ser indigenistas a la hora de pedir votos, pero no en la pelea de la conducción de las comisiones del ramo. Zúñiga, con esa maniobra de pedir cuentas a la Cocopa, y de intentar que la iniciativa sea presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dominada por la mayoría priísta, perfila un golpe presuntamente sagaz: si tan convencidos están de las bondades de dichos acuerdos, presenten la iniciativa y ya veremos qué decide la mayoría, parecería decir el diputado Zúñiga.

De esa manera, aparte de introducir un elemento de confusión respecto al papel de la Cocopa (que en esta segunda versión ha ido ganando presencia e influencia a pesar de las condiciones adversas), se busca trasladar la responsabilidad política del ámbito presidencial al Legislativo. Que no decida el presidente Zedillo, sino los diputados y los senadores, a sabiendas de que para que prospere esa iniciativa se necesita la votación aprobatoria calificada de dos tercios de los diputados, luego de los senadores y después de los Congresos locales.

La jugada carece de lógica e inteligencia, pues pretender desahogar el punto de los acuerdos de San Andrés enviando a las cámaras cualquier iniciativa para que ésta sea discutida y aprobada en términos distintos a los aprobados entre el gobierno y el EZLN sería retroceder políticamente y, lo peor, cerrar con formalismos jurídicos una necesaria vía de negociación y entendimiento.

Pero, en fin, en el mundo siguen las protestas, en Bucareli los enredos y las trampas, y en otros ámbitos la guerra sucia contra la Cocopa.

Así están las cosas de Chiapas al día de hoy.