`El Parlamento Europeo emitió ayer una resolución en la que condena la matanza de Acteal, señala la inacción de las fuerzas del orden que debieron evitarla o detenerla, demanda castigo a los responsables y la procuración de justicia, pide la eliminación de los grupos paramilitares en Chiapas --los cuales ``cuentan con el apoyo de algunas autoridades locales y de círculos políticos''--; exhorta a la reanudación del diálogo entre el gobierno y el EZLN y a la aplicación de los Acuerdos de San Andrés y expresa su reconocimiento al trabajo de la Conai y la Cocopa. Tal documento es una de las más relevantes expresiones --aunque no la única-- de la preocupación y la consternación internacionales ante la situación prevaleciente en territorio chiapaneco, y se inscribe dentro de un entorno mundial intensamente intercomunicado y cada vez más comprometido con el respeto a los derechos humanos en todas las latitudes.

Organismos, personalidades y sectores sociales de otras naciones han constatado que, en los más de cuatro años transcurridos desde el inicio de la rebelión indígena chiapaneca, los problemas de fondo no se han resuelto; por el contrario, a las injusticias sociales y a la antidemocracia que siempre han existido en Chiapas se han agregado en ese lapso nuevos factores de irritación, desintegración social, sufrimiento y muerte, como la desmesurada militarización del estado y el surgimiento de grupos de exterminio organizados y armados con la complicidad de los poderes públicos.

En tales circunstancias, resulta lógico e inevitable el creciente clamor internacional que demanda poner un alto a la inaceptable situación que padecen los indígenas chiapanecos, situación que las autoridades locales y el gobierno federal no han podido o no han querido contrarrestar y que, por el contrario, se agrava día con día.

Por otra parte, este clamor tiene un fundamento legal insoslayable en la medida en que, en materia de derechos humanos, México es signatario de tratados e instrumentos jurídicos internacionales que lo obligan ante la comunidad internacional a la observancia de tales derechos, tan reiterada y escandalosamente vulnerados en Chiapas.

Con base en lo anterior, resultan por demás improcedentes las desentonadas censuras del presidente del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, en contra de los legisladores mexicanos que acudieron al Parlamento Europeo a informar sobre el conflicto chiapaneco, y de Juan Miguel Alcántara, subcoordinador de la diputación panista, en contra de la resolución antes comentada.

Es sorprendente, por decir lo menos, que dos connotados panistas se rasguen las vestiduras y enarbolen un discurso pretendidamente nacionalista ante las muestras internacionales de solidaridad con los indígenas chiapanecos, especialmente si se recuerda que el PAN fue un aliado político imprescindible del proyecto salinista que entregó al extranjero grandes cuotas de soberanía económica y política; que el 9 de febrero de 1995 otro destacado militante del PAN, Antonio Lozano Gracia, desde la titularidad de la Procuraduría General de la República, causó un gravísimo daño al proceso de pacificación en Chiapas, y que, otra figura central de ese partido, Vicente Fox Quesada, gobernador de Guanajuato, ha propuesto públicamente que Pemex --pilar fundamental de la soberanía-- deje de ser propiedad de la nación.