El gatillo

?Puede Ernesto Zedillo permanecer en la Presidencia de la República tras el crimen de Acteal y todo lo que se sabe?

1. La manifestación de más de 300 mil mexicanos que colmaron la Plaza de la Constitución el 12 de enero de 1998 por la paz en Chiapas, tuvo un rasgo central que cualquier gobierno debería entender: fue una exigencia de la sociedad civil a las autoridades de respetar a los pueblos indígenas de México: a) cumpliendo en serio los acuerdos de San Andrés y b) sacando al Ejército Federal de las comunidades, y en la que, c) al corearle ``asesino'' a Ernesto Zedillo, claramente le dijeron al mundo que nadie cree en las versiones que da el gobierno mexicano de lo que está aconteciendo.

2. En 1994, la movilización nacional e internacional paró la guerra y obligó al grupo gobernante a rectificar, pero en 1998, a pesar de sus dudas y divisiones, ante una protesta internacional aún mayor, los tecnócratas han mantenido su intransigencia y, lejos de abrirse al diálogo, insisten en la vía de la fuerza con un esquema autoritario cuyo rasgo principal es que no se oculta: utilizar todo el peso del ``sistema'' para doblegar a las bases de apoyo del EZLN, amedrentar a la población, quitarle a la Conai su papel como instancia de mediación y hacer salir del estado al obispo Samuel Ruiz García, y todo ello enmarcado en una vasta campaña de desinformación.

3. El gobierno es el principal obstáculo para la paz, pero la propaganda oficial hace creer que la violencia proviene de los zapatistas. El Ejército no ha hecho otra cosa que violentar los derechos de los pueblos indígenas y provocar de manera obsesiva al EZLN, pero luego del homicidio de una humilde tzeltal en Ocosingo (12 de enero), según Labastida Ochoa los indígenas son los provocadores.

4. La propaganda oficial pretende nada menos que las víctimas (los campesinos indígenas del estado de Chiapas) son los culpables y que los homicidas (los funcionarios del gobierno) son los ``salvadores'' de los indígenas.

5. El relevo de funcionarios en Bucareli no puede ser en esta línea una decisión para ``solucionar'' los problemas de Chiapas sino que los agrava notablemente, ya que anuncia que el gobierno está empecinado en la vía de la fuerza. Con Emilio Chuayffet, el gobierno tenía el doble lenguaje de pretender el diálogo mientras intensificaba la guerra sucia; con Labastida, no hay ya más que una descarada violación al orden constitucional con la pretensión de imponerse a las comunidades zapatistas, y por eso no tiene más propuesta que la de subordinar la política a la vía militar. La mejor definición de lo que acontece la hizo por esto el subcomandante Marcos al señalar en su comunicado del 9 de enero que las acciones del general José Gómez Salazar (comandante de la Séptima Región Militar) configuran un ``golpe de Estado'' en la entidad, pues pasan por encima de la legalidad de la República.

6. ¿Cómo puede explicarle Ernesto Zedillo a los mexicanos que oficiales mexicanos y kaibiles guatemaltecos hayan adiestrado a los paramilitares de Chiapas? ¿Cómo puede aclarar el hecho de que el Ejército bajo sus órdenes no haya intervenido en Acteal, a pesar de haber estado un destacamento a cinco minutos escuchando los disparos? ¿Cómo puede justificar que, a casi un mes del genocidio, el Ejército siga violando los derechos de los indígenas y en cambio, a pesar de las denuncias, no haya desarmado a los grupos paramilitares? El crimen de Acteal está al descubierto, y a los mexicanos muy difícilmente se les puede ya engañar. Cuando aún tiene tres años por delante, a consecuencia de estas decisiones, Ernesto Zedillo carece de autoridad política y moral para continuar en el cargo.

7. El descrédito del gobierno es absoluto pues resulta inconcebible que teniendo a su alcance una salida política ante las demandas de los pueblos indígenas, se haya lanzado por la vía de la ilegalidad desconociendo San Andrés, creando grupos paramilitares y usando al Ejército contra campesinos indígenas inermes.

Los hechos son ésos, y poco importa si Zedillo decide solo o lo están empinando desde Dublín para quitarle toda autoridad en la sucesión.

8. Los últimos cambios muestran que Córdoba y Salinas siguen controlando el poder y que Zedillo no pasa de ser un operador, muy utilizable por su encono a los zapatistas. Tras la designación de dos salinistas en Bucareli (Labastida) y en Tlatelolco (Rosario Green), en las subsecretarías de Gobernación han quedado también varios salinistas y, como si fuera poco, se designó como jefe de asesores de esa dependencia al multimillonario Adolfo Orive, el maestro maoísta de Carlos Salinas, artífice del Pronasol, y todo por la obsesión de los tecnócratas de aplastar al EZLN.

La estrategia de la nueva Gobernación es muy obvia y, ante el desprestigio del PRI chiapaneco como una organización abiertamente criminal, pretende ahora recimentar su alianza con Acción Nacional para marginar al Partido de la Revolución Democrática e imponer sus políticas en Chiapas.

9. La política es ``decidir el momento en que se jala el gatillo'', dice uno de los miembros de la familia Corleone en la novela El Padrino, y no hay duda ya de que la decisión de Los Pinos de lanzar a sus paramilitares y al Ejército y endurecer la política hacia Chiapas estuvo determinada por el nerviosismo de los tecnócratas por conservar el poder el año 2000.

10. ¿Ante este escenario de descomposición del régimen, no debería Ernesto Zedillo pensar seriamente en dejar el cargo.