Paramilitares, vieja táctica antinsurgente, señalan Menchú y Petras

José Gil Olmos, enviado, y Elio Henríquez, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis., 15 de enero Ť En una carta dirigida al secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, los cuatro obispos de Chiapas urgieron al presidente Ernesto Zedillo a dialogar con el EZLN, luego de considerar que el conflicto chiapaneco se ha convertido en ``urgencia nacional'' y que el país se encuentra en una encrucijada: o camina hacia la democracia o se dirige ``hacia la dictadura, la represión o la guerra''.

En la misiva hacen siete propuestas para alcanzar la pacificación y el diálogo en Chiapas, entre las cuales destacan la de disminuir notablemente el número de militares en la entidad ``como un signo de disposición real para la pacificación'' y que el Congreso de la Unión analice ya los diferentes proyectos de ley sobre derechos y cultura indígenas y se aprueben las modificaciones pertinentes a la Constitución.

``No se puede esperar más tiempo porque la tardanza propicia enfrentamientos internos en las comunidades con consecuencias trágicas'', señalan los obispos Samuel Ruiz García, Felipe Arizmendi Esquivel, Raúl Vera López y Felipe Aguirre Franco, quienes dirigen las diócesis de San Cristóbal de las Casas, Tuxtla y Tapachula.

De entrada, advierten que el país vive en un conflicto que en Chiapas adquiere su expresión ``más candente'', por lo que es necesario ofrecer alternativas de pacificación.

``Así es el momento mexicano: o se encamina el país a la democracia, al pluralismo, a la convivencia pacífica fundada en la justicia, la igualdad y la dignidad, es decir, construimos una casa donde quepamos todos; o nos encaminamos finalmente hacia la dictadura, la represión, la guerra. Y todo esto aparentemente quedará definido en cuestión de una pocas semanasÉ ¿o días? Las grandes decisiones no son temporales, tienen un plazo llamado oportunidad'', aseveran en la carta fechada el 13 de enero en la ciudad de México bajo el título ``Reflexiones y propuestas al secretario de Gobernación para la paz en Chiapas''.

Precisan que aun cuando se trata de una responsabilidad compartida, en el terreno de la práctica el Poder Ejecutivo Federal tiene una responsabilidad de primer orden.

``Tenemos la convicción de que nadie debería ser espectador en este momento de nuestra historia patria. Por lo demás, el Ejecutivo es un actor principalísimo, es `una de las partes' en conflicto. Pero más cierto todavía es que ahora le toca hablar y actuar en este diálogo de verdad. A él le corresponde definir''.

Señalan que todos quisieran ver desarmado al EZLN y que inclusive los rebeldes han expresado este mismo deseo, pero advierten que para hacerlo sólo hay una forma: ``satisfaciendo su justa demanda de un diálogo verdadero y libre, donde se honre la palabra que se empeña. El diálogo, pues, conduce al desarme. La sociedad civil mexicana ha expresado que quiere que se recorra ese camino''.

Los obispos aclaran que desarmar a los zapatistas es ``obviamente'' distinto a lo que se necesita para desarmar a los grupos paramilitares ``porque la manera y las razones por las que se armaron unos y otros son diferentes''. Así, el desarme de los paramilitares conduce al diálogo y el diálogo con el EZLN lo conduce a su desarme.

De sus propuestas, señalan que Chiapas debe tener atención prioritaria porque se ha convertido en ``urgencia nacional''; que en vez de ataques mutuos se deben sumar esfuerzos; disminuir notablemente el número de militares ``como signo de disposición real para la pacificación''; continuar con la implementación de ayuda humanitaria a los desplazados ( y una de las vías sería la institución Cáritas de la diócesis sancristobalense y la Cruz Roja); que el Congreso de la Unión presente ya iniciativas de ley en materia de derechos y cultura indígenas; y que tanto el nivel federal como el estatal legislen para que las comunidades puedan elegir sus autoridades sin necesidad de partidos políticos, sino por sus usos y costumbres, con lo cual se evitarían los municipios autónomos o rebeldes.

Esto último es urgente ante las próximas elecciones el 4 de octubre para presidentes municipales y diputados locales.

Condena Menchú la violencia

La situación que existe en Chiapas tiene ``muchas similitudes con la experiencia que vivió Guatemala en la década pasada'' por la división de comunidades, la creación de grupos paramilitares, el hostigamiento armado y los asesinatos masivos, expresó la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, al condenar los hechos violentos registrados en la entidad. Dijo que la matanza de Acteal y las agresiones en Ocosingo, que calificó como crímenes de lesa humanidad, demuestran que después de cinco siglos de opresión y discriminación es muy poco lo que ha cambiado para los indígenas.

Paz para Chiapas, demandó el Congreso de Sonora al Presidente

Rosa Elvira Vargas, enviada, Hermosillo, Son. Ť El Congreso local, donde ningún grupo político tiene mayoría, demandó al presidente Ernesto Zedillo paz para Chiapas. ``Nos conmueve Chiapas, pero también nos conmueven cientos de ciudadanos sonorenses que marcharon por algunas de las principales ciudades del estado aportando propuestas para que haya paz con justicia y dignidad'' en esa región, estableció el órgano legislativo.

En respuesta, el Presidente saludó el clima de pluralidad política que vive Sonora y señaló que la multiplicación de esta experiencia en el país lo llevará a estadios superiores de desarrollo político. México, dijo Zedillo, enfrenta problemas muy serios que para su solución requieren recursos materiales pero también medios e instrumentos de la política; ``la política que nos da el acuerdo, la política que nos da el entendimiento, la política que nos abre los caminos para el diálogo''.

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 15 de enero Ť Las matanzas realizadas por paramilitares en Chiapas parecen, en la superficie, similares a campañas en Colombia y Perú, donde fuerzas paramilitares desplazaron a cientos de miles de personas y crearon un terreno favorable para la acción militar, comentó el latinoamericanista James Petras.

``Mucho de esto ocurrió también en Perú'', explicó Petras en una entrevista con La Jornada esta semana. ``El gobierno organizó y subsidió a campesinos locales, quienes cargaron el peso de la lucha de primera línea contra Sendero Luminoso''.

El reconocido analista de las relaciones latinoamericanas y profesor de la Universidad de Nueva York explicó que tácticas parecidas fueron empleadas en Colombia y otros países de la región. ``También parece estar ocurriendo en Argelia actualmente''.

Petras explicó que dado que los movimientos campesinos han sido los protagonistas en la generación de la protesta social en América Latina, por lo mismo han sido los objetivos de las acciones de represión y control. ``Una forma de lograrlo es ingresar y crear incidentes que aterrorizan a miles de gentes. Se mata a 40, pero el propósito es sacar a miles de la región'', señaló. ``De ahí, se vuelve en un enfrentamiento entre soldados y guerrilleros, lo cual es un terreno favorable para los militares''.

Utilizando estas tácticas en Colombia, Petras señala que aproximadamente un millón de personas han sido desplazadas de zonas de conflicto, permitiendo así un campo para una mayor acción militar. Añadió que Estados Unidos llevó a cabo una estrategia parecida en Vietnam, organizando pequeños grupos étnicos en fuerzas paramilitares para llevar a cabo una guerra sucia contra el Vietcong.

--¿Y por qué no hay un nivel más alto de preocupación por esta situación en los centros financieros?

``Los analistas en Wall Street --responde-- evalúan esto simplemente en términos militares, y no perciben el impacto político''. Petras argumentó que los mercados financieros consistentemente han calculado mal los impactos políticos de los movimientos campesinos sobre la política nacional en los países de América Latina.