La CNDH y la masacre de Acteal
La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo pública su recomendación No. 1/98 sobre el caso de la masacre en Acteal, Chiapas, dirigida al gobernador sustituto del estado de Chiapas, así como al Procurador General de la República. El documento de 220 páginas hace un análisis minucioso de los hechos, con base en la investigación realizada por la propia CNDH, y concluye con sendas recomendaciones a los funcionarios mencionados.
Se señala que desde mayo del año pasado hubo hechos de violencia en el municipio de Chenalhó, incluyendo homicidios, desapariciones de personas, robos y daños a casas habitación, expresión de un profundo conflicto político entre personas simpatizantes de la presidencia municipal de filiación priísta, y otros allegados al llamado Concejo Municipal Autónomo de Polhó, de simpatías perredistas y zapatistas. Entre octubre y diciembre hubo varios intentos de diálogo entre los dos bandos, auspiciados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, vinculado a la diócesis de San Cristóbal de las Casas, y con participación de diversas ONG. El diálogo se interrumpió unos días antes de la masacre, y varias personas señalaron con antelación el peligro de que la violencia se incrementara.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos estuvo presente en la zona desde mayo, y había pedido a las autoridades del estado medidas cautelares para proteger a la población desplazada por la violencia, así como para incrementar la seguridad en la zona. La CNDH considera que de haberse tomado a tiempo las medidas requeridas, la matanza de Acteal se habría podido evitar.
En cuanto a los hechos de sangre del 22 de diciembre del año pasado, que cobraron 45 víctimas, la Comisión es clara en la responsabilidad que le corresponde a las autoridades del gobierno de Chiapas por omisión e incumplimiento de sus obligaciones. Con base en numerosos testimonios, entrevistas y análisis de documentos, la Recomendación afirma que a pesar de haber sido advertidas por llamadas del vicario de la diócesis de San Cristóbal, las altas autoridades del gobierno estatal no acudieron al lugar de los hechos, en donde durante alrededor de siete horas del día 22 de diciembre, un grupo armado de 50 a 60 hombres, con vestimenta uniformada, mataron indiscriminadamente a hombres, mujeres y niños inermes. Posteriormente incurrieron en contradicciones, inconsistencias y alteración de la información, para justificar su omisión y desatención.
La CNDH acusa a las autoridades del gobierno del estado de haber actuado con negligencia y desinterés, así como de injustificable pasividad y dilación. Sugiere que el atentado se planeó por los agresores a sabiendas de que la población se encontraba inerme, y que en dicho lugar (Acteal) no se contaba con dispositivo de seguridad. Propone tres hipótesis explicativas: (a) que los elementos de la Policía escucharon los disparos del atentado, pero que no actuaron por temor a enfrentarse con el grupo agresor; (b) que los servidores estatales sabían del atentado a Acteal y se les ordenó no intervenir; (c) que los elementos de Seguridad Pública del estado recibieron instrucciones de proteger al grupo agresor y favorecer su fuga.
Sin pronunciarse por una u otra de estas hipótesis, la CNDH recomienda al gobernador de Chiapas la remoción inmediata (se usa el eufemismo de ``solicitar de inmediato la renuncia'') de doce altos funcionarios del gobierno del estado, y que ordene el procedimiento administrativo que corresponda a fin de determinar la responsabilidad en que incurrieron. Además, se recomienda el pago de indemnización a los deudos de las víctimas, y la puesta en marcha de programas de apoyo al desarrollo social de las zonas indígenas del estado. (La CNDH señala el decremento durante los últimos años en el índice de servidores públicos destinados a prestar servicios en las áreas de atención básica a la población indígena.)
La CNDH también recomienda al Procurador General de la República que amplíe las líneas de investigación para fincar las responsabilidades penales del caso.
Es positivo que la CNDH haya logrado sacar una recomendación sobre el caso de Acteal en un plazo relativamente corto. También es positivo que los funcionarios estatales involucrados hayan sido removidos de sus cargos, como lo es que la Procuraduría General de la República haya aceptado ampliar sus líneas de investigación. No es tan positivo que aún no hayan concluido las investigaciones penales y que aún quedan sin identificar plenamente los autores intelectuales de la masacre. Para bien del proceso de paz en Chiapas, estas tareas no deben quedar inconclusas ni impunes.