Ya se sabe, y los últimos acontecimientos así lo han demostrado, que en Chiapas no existen ni autoridades que apliquen correctamente la ley, ni ley que sea respetada por los que dicen ser autoridades. En pocas palabras: no existe estado de derecho. La duda está en relación a qué institución del poder federal es la que ejerce el poder en Chiapas porque las señales que salen de las oficinas de la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación, por un lado, y la Secretaría de la Defensa Nacional, por el otro, son bastante contradictorias.

Digan si no. Una de las primeras declaraciones del actual titular de la Secretaría de Gobernación relativa al problema chiapaneco, emitida al tomar posesión de su cargo, fue que el gobierno federal respetará los acuerdos de San Andrés Sacam'chen de los Pobres, firmados con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que hasta ahora se ha negado a llevar a la práctica, por más que diversos sectores de la población mexicana y extranjera han unido su voz a la del Congreso Nacional Indígena para que se cumplan a través de las reformas constitucionales en materia de derechos indígenas elaboradas por la anterior Comisión de Concordia y Pacificación.

Si las declaraciones de Labastida Ochoa eran ciertas o sólo un distractivo más para ocultar los efectos del etnocidio cometido en la comunidad indígena de Acteal, pronto lo sabremos. Lo que ya se conoce es que el ejército federal se opone a ello. En el número 1105 de la revista Proceso, que comenzó a circular cuando el secretario de Gobernación declaraba lo anterior, se publicó un documento castrense en donde se lee que ``el separatismo chiapaneco se ha hecho evidente por parte de los transgresores, al exigir: un territorio, un gobierno autónomo, una población eminentemente indígena, reconocimiento de beligerancia al EZLN, una Iglesia independiente y salida del ejército mexicano''. ``Es pues --agrega dicho documento--, el separatismo chiapaneco el que pone en peligro no solamente la paz y la tranquilidad social, sino, lo que es más grave, este separatismo amenaza directamente la soberanía, integridad e independencia dentro de México y permite, además que potencias extranjeras se inmiscuyan y que, en un futuro no lejano, veamos una vez más la cercenación del territorio nacional y el cercenamiento del territorio nacional y el nacimiento de una nueva república centroamericana''.

Si tomamos en cuenta que lo que el gobierno federal pactó en San Andrés Sacam'chen de los Pobres con el EZLN es precisamente el reconocimiento de la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas de México, para que éstos puedan ejercerlos en el marco del Estado nacional, es evidente que existen dentro del Poder Ejecutivo por lo menos dos visiones encontradas de cómo enfrentar el problema.

Existen otros datos que ilustran las distintas posturas dentro del gobierno federal. El 10 de enero el comandante de la Séptima Región Militar, general José Gómez Salazar, acusó al obispo Samuel Ruiz García, presidente de la Comisión Nacional de Intermediación, de estar involucrado con el EZLN y aunque después se dijo que la acusación fue a título personal, el daño ya estaba hecho. Lo curioso del caso es que horas después, el titular de Gobernación declaraba tener el encargo del Presidente de la República de trabajar con todos, incluido el obispo acusado, para buscar la paz en Chiapas. Algo similar sucedió cuando el mismo militar declaró que aplicaría indiscriminadamente la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pasando por encima de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, y el administrador en turno del estado tuvo que aclarar que esto no incluía al EZLN.

La preocupación por las señales que salen de las diversas instituciones del Poder Ejecutivo Federal se fundan en que de ellas depende en gran medida la solución del problema en Chiapas, que no es sólo de ese estado sino de todo el país. Si se apuesta por las de Gobernación y éstas son sinceras, podemos mantener la esperanza de que el gobierno atienda las voces nacionales e internacionales, rectifique su estrategia para solucionar el problema, respete los acuerdos de San Andrés Sacam'chen, desarme a los grupos paramilitares, castigue a los responsables del crimen de Acteal y cree las condiciones para que se reanude el diálogo con el EZLN para alcanzar una paz con justicia y dignidad. En cambio si la postura que predomine es la militar, podemos pensar que desde el gobierno la única salida que se ve al problema es la militar. Esto último traería consecuencias nefastas no sólo para las partes y la población asentada en ese territorio, sino para todo el país. De ahí la importancia de saber quién manda en Chiapas.

(*) Abogado mixteco, integrante del Congreso Nacional Indígena.