Resultan notables las diferentes respuestas de Zedillo ante los damnificados de Paulina y ante los desplazados por la guerra sucia en Chiapas. En el primer caso acortó su gira por Europa y asistió a los lugares de los hechos casi diariamente. En el segundo tuvo una reacción tardía e impersonal. Al parecer recibió varias veces la recomendación directa de atender a los desplazados al poco tiempo del asesinato colectivo de Acteal. Inexplicablemente reaccionó hasta el día 7 de enero cuando instruyó al secretario de Salud para que atendiese a los desplazados. Tardó 16 días desde la matanza y un mes desde los notables reportajes de Ricardo Rocha, que documentaron visualmente el drama terrible de los desplazados en Chiapas. No bastaron tampoco las fotos publicadas en La Jornada y en otros diarios en diciembre con los bebés muertos por el hambre, el frío, la insalubridad. Me hace pensar en el Faraón del relato bíblico del Exodo, que no permitía la liberación de los esclavos porque se le ``había endurecido el corazón''. Dejar morir es una forma de matar.
Fue hasta el 9 de enero que el secretario de Salud declaró que se ponía en marcha el Programa Emergente de Atención a Desplazados. Se necesitaron 18 días y quién sabe cuántos muertos de indigencia (el EZLN reporta la muerte por pulmonía de otra menor de dos meses de edad en Polhó el 4 de enero), para que ello ocurriera. El mismo día 7 el conductor de Monitor en Radio Red interpretó las órdenes tardías de Zedillo como una confesión de culpa.
¿Por qué la reacción tan lenta de Zedillo? ¿Es que acaso a sus ojos no merecen el apoyo porque son comunidades rebeldes? (``¿qué culpa tenemos de que no apoyemos a paramilitares y al partido oficial?'', se preguntó Roberto, miembro de la comunidad de Polhó) ¿Será que Zedillo sólo reaccionó cuando la desatención oficial a los desplazados llegó a la prensa mundial? ¿Es posible que en un país que la élite gubernamental ha querido vender como de primer mundo no existan mecanismos institucionales automáticos para atender estas emergencias? ¿Qué pasaría si empezara una hambruna masiva y Zedillo no diera la órden de atenderla? ¿Qué estaban haciendo los funcionarios de la Secretaría de Salud, de la de Desarrollo Social, del DIF, del gobierno de Chiapas? ¿No se enteraron que había desplazados que requerían apoyo urgente? ¿No vieron a Rocha? ¿O se enteraron y pensaron que no era de su competencia, que alguien más lo haría? ¿No le plantearon a Zedillo la necesidad de actuar de inmediato? ¿O lo habrán hecho y éste no les hizo caso, como dice Roberto Zamarripa (Reforma, 12/01/98)?
Las comunidades desplazadas han reaccionado rechazando o condicionando la ayuda oficial. Luciano, representante del Concejo Municipal de Polhó, dice que no van a aceptar la ayuda porque los ``desplazados están encabronados por tanto sufrimiento, ahorita ofrecen ayuda y cuando la pedimos no la dieron'' (La Jornada, 10/01/98). Lo que quieren es que se reconozca la autonomía de Polhó. El Presupuesto de Egresos de la Federación, cuyo decreto aprobatorio fue publicado el 29 de diciembre en el Diario Oficial, prevé la asignación de casi 100 mil millones de pesos como Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. En dos de los cinco fondos que para el manejo de tales aportaciones se crearon, la asignación de recursos está asociada a los niveles de pobreza. Dado que los municipios indígenas son los más pobres del país, les tocará una proporción mayor de este gasto que la que representan de la población. Una reciente autonomía financiera municipal puede significar también mayor autonomía política. La autonomía indígena, cuando finalmente sea aprobada, tendrá que ser respaldada financieramente. Comunidades indígenas autónomas, que reciban recursos razonables estipulados por la ley, serían dos circunstancias favorables para Albores en su disputa con el indígena Antonio González en Acteal sobre si la ayuda tardía gubernamental es una obligación o una dádiva: ``Señor gobernador, no necesitamos su dinero, migajas, ni pantalones usados. Lo que queremos es justicia'', le dijo González. El nuevo gobernador contestó: ``No lo tomen como una dádiva o un regalo; es una obligación del gobierno federal y del de Chiapas'' (La Jornada, 12/08/98). El nuevo gobernador reconoce que el gobierno federal (hasta el 7 de enero) y el anterior de Chiapas no cumplieron con su obligación, que dejaron morir. Es necesario matizar. La ayuda a los pobres, y a los pobres de los pobres, los desplazados, es sólo una obligación moral pero no jurídica en México.
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