En 1997 se cumplieron tres años de la presente administración, cuatro años del TLC y tres lustros de la aplicación de políticas neoliberales hacia el campo. Por supuesto que el balance oficial para 1997 es más que optimista: crecimiento del PIB agropecuario del 5 por ciento, reducción significativa del déficit estructural de la balanza comercial agroalimentaria y una producción agrícola que si no creció se debió a la sequía y al Paulina. Sin dejar de reconocer que lo anterior es parcialmente cierto, la realidad del sector dista mucho de la versión gubernamental.

En cuanto al crecimiento sectorial se refiere, se trata de un resultado desvinculado del resto de la economía agrícola del país y cuyos beneficios únicamente se extienden a unas cuantas regiones, productores y empresas del sector agroexportador. De hecho, este tipo de crecimiento profundiza la llamada economía a dos velocidades y recrea el modelo agroexportador de enclave promovido por la globalización neoliberal.

Por lo que hace al supuesto repunte en las agroexportaciones, éstas no han compensado el crecimiento acelerado de las importaciones. De 1994 a 1997 (septiembre), las balanzas comercial agropecuaria y agropecuaria ampliada acumularon un déficit de 713 y 3 mil 332 millones de dólares, respectivamente. En 1997, las importaciones agroalimentarias ascendieron a casi 6 mil millones de dólares. Por si esto fuera poco, los plazos de desgravación del TLC siguen su marcha (en 1998 será el año cinco y los productos sensibles habrán visto reducir ya el 50 por ciento del arancel pactado); las cuotas de importación acordadas siguen incumpliéndose por el gobierno afectado a maiceros, frijoleros, cebaderos y cañeros; y la Secofi, bajo la presión de las corporaciones agroexportadoras, negocia una desgravación aún más acelerada de productos agropecuarios y forestales sumamente sensibles tales como arroz, trigo, frijol, cebada, carne en canal, grasas y aceites animales y vegetales, y maderas.

Destaca, el escandaloso caso de las importaciones dumping de fructosa de maíz y su negativo efecto en la industria azucarera nacional. El gobierno federal en lugar de enfrentar el problema de fondo, es decir, desconocer los acuerdos secretos Serra-Kantor, renegociar el TLC y mantener cuotas compensatorias, propone para 1998 un programa de ¡reducción de superficies de caña de azúcar con un presupuesto de 300 millones de pesos!

En cuanto a la producción y la productividad en granos básicos, éstas han permanecido estancadas en los últimos 15 años no obstante el crecimiento demográfico acumulado del 30 por ciento. Si el país no se ha visto obligado a importar mayores volúmenes de alimentos ha sido debido a la terquedad de la agricultura campesina de temporal y a la disminución en el consumo de alimentos por habitante, es decir, al aumento de la desnutrición y el hambre en el país.

En 1997 continuó la desorganización y el caos en los mercados agropecuarios. Conasupo y Aserca no han hecho otra cosa que agregar por tercer año y por sexto ciclo de cosechas en forma consecutiva, incertidumbre e inestabilidad. Lo anterior, en un contexto de volatilidad e incertidumbre en los mercados agrícolas internacionales. Ante tales circunstancias, los productores agrícolas tienen que pagar costos de transacción sumamente elevados para comercializar sus cosechas. Las continuas y generalizadas protestas y movilizaciones de productores así lo atestiguan.

En cuanto al crédito, en 1997 la situación continuó agravándose: únicamente uno de cada cinco productores tuvo acceso al crédito institucional. Los problemas de la cartera agropecuaria vencida se resolvieron parcialmente con el Finape. Las uniones de crédito del sector social continuaron sin apoyo ni estímulo.

Por lo que se refiere al diseño y operación de la política y los programas agropecuarios, el gobierno sigue recurriendo al expediente fácil de considerar al CNA y a la CNC como únicos interlocutores válidos; el CAP continúa con un insignificante perfil y sigue siendo usado para ``consensar'' y validar las decisiones gubernamentales. Se quiere hacer la ``nueva'' política agropecuaria con los viejos modos del corporativismo y el clientelismo. A lo anterior, hay que agregar el hecho de que para la política oficial los ``sujetos'' del desarrollo rural no son los productores sino los gobernadores, los caciques regionales y los despachos de profesionales encubiertos.