La desaparición -y hasta destrucción- de archivos de la procuraduría capitalina, especialmente los que residían en sus equipos de cómputo, denunciada ayer por la subprocuradora ``A'' de Procedimientos Penales, Margarita Guerra y Tejada, representa un hecho muy grave que, además de dejar a esa institución en un ambiente de caos e imposibilidad para dar un seguimiento adecuado a los procesos judiciales que tiene a su cargo, impide a las autoridades actuales investigar el desempeño de los servidores públicos que laboraron en esa dependencia durante la pasada administración.

En primer lugar, es claro que estos hechos revelan la posible comisión de delitos por parte de algunos de los funcionarios judiciales que dejaron su cargo el pasado 5 de diciembre, en el entendido de que con la pérdida o el ocultamiento de los archivos de la Procuraduría se obstruye la impartición de justicia, se obstaculiza la marcha de las investigaciones y el seguimiento de los casos, y se vuelven inaccesibles documentos, registros y testimonios que podrían confirmar la culpabilidad o inocencia de individuos sujetos a proceso. Además, se produce -de forma artificial y dolosa- un fenómeno de inoperancia, desorden y conflicto que demerita la eficiencia y el servicio a la ciudadanía de los órganos de procuración de justicia de la metrópoli, situación evidentemente orientada a desacreditar ante la población a los actuales autoridades, emanadas de un proceso democrático de la capital del país.

Además, la desaparición de esos archivos genera fundadas sospechas sobre la existencia de un afán de encubrimiento y desaparición de evidencias relacionadas con posibles irregularidades y prácticas de corrupción acontecidas en la procuraduría durante, al menos, los tres años de la regencia de Oscar Espinosa Villarreal.

Si se considera que el mejoramiento de la procuración de justicia en la capital, el combate a la delincuencia y la erradicación de la corrupción y la impunidad son algunas de las tareas más importantes que enfrenta la administración de Cuauhtémoc Cárdenas, la desaparición de archivos en la procuraduría representa un obstáculo para el cumplimiento cabal de sus obligaciones y para la atención de las exigencias ciudadanas que debe ser salvado a la brevedad. De comprobarse que funcionarios de la administración anterior participaron en la desaparición de estos archivos, se evidenciaría, por un lado, la existencia de una estrategia deliberada para dificultar la gestión del nuevo gobierno -situación que tiene asociados factores concomitantes como la imposibilidad de proseguir, ante la falta de expedientes actualizados y completos, las averiguaciones de posibles delitos y las consignaciones de presuntos criminales- en la que podrían estar involucrados individuos o grupos interesados en desestabilizar y desacreditar a un gobierno legítimamente electo y, por el otro, quedarían al descubierto el temor y las acciones de encubrimiento de algunos ex funcionarios ante la posibilidad de que se investiguen los vicios, las irregularidades y los actos de corrupción que se habrían cometido durante el gobierno anterior.

Ante esta problemática, resulta obligado que se investigue y, en su caso, se cite a declarar a todos los individuos que, por su labor y jerarquía, podrían estar involucrados en la desaparición de esos archivos a fin de identificar y procesar penalmente a los responsables de estos hechos, localizar y recuperar todos los documentos que no hayan sido destruidos y comenzar a reconstruir, en la medida de lo posible, los que se hayan perdido de forma definitiva.

Por otra parte, es indispensable que en todas las áreas y oficinas del gobierno de la ciudad se realicen indagaciones para verificar que los archivos se encuentren completos, especialmente en las delegaciones políticas y en aquellas áreas donde la Asamblea Legislativa en sus labores de fiscalización o las propias autoridades entrantes han identificado irregularidades, faltantes, omisiones o la comisión de delitos. En este escenario, cabe exigir y recalcar que, de identificarse casos similares al acontecido en la procuraduría, deberá procederse de manera inmediata y conforme a derecho contra quienes resulten responsables, sea cual sea su posición presente o pasada.