Adolfo Gilly
La crisis está madura

La indecisión, la parálisis o la frivolidad están dejando que la situación se pudra. No es admisible que a esta altura el nuevo secretario de Gobernación venga otra vez con la ridícula teoría de los cuatro municipios. A dos semanas de su designación en ese cargo, Francisco Labastida aún no ha formulado una propuesta para Chiapas. La ausencia de política, en tiempos de crisis, abre siempre paso a la peor de las políticas. Y la teoría de los cuatro municipios parece anunciar una regresión del gobierno federal hacia la política del exterminio de los zapatistas.

Ahora bien, como lo muestra la resistencia sin igual de las mujeres indígenas, esa política sólo sería posible entrando a sangre y fuego en las comunidades. Y como lo confirma la inmensa manifestación de 300 mil personas el 12 de enero en la ciudad de México, esa entrada sólo sería sostenible lanzando una represión concentrada y selectiva sobre parte de la población de ésta y otras ciudades de la República. Lo que sigue después ni el alma de Gustavo Díaz Ordaz, desde el lugar que el Dante le haya asignado, podría predecirlo.

Yo no sé si el doctor Zedillo y su secretario de Gobernación han medido los ritmos y las consecuencias de este encadenamiento fatal. Lo que sé es que, en el asombroso desorden reinante entre las divididas fuerzas del gobierno, se acumulan los indicios que apuntan en aquel sentido.

El gobernador sustituto Albores, apenas entrado después de Acteal, se encuentra con que su policía mata a una manifestante e hiere a otros dos, y cree que la cuestión se cierra con consignar a unos cuantos policías. Ese mismo funcionario, cuando es enfrentado por el firme pero respetuoso rechazo de un representante indígena que hasta lo llama ``señor gobernador'', le responde tuteándolo, como lo ha hecho desde siempre la despreciable casta de los amos, y ni cuenta se da.

El general Godínez, experto en Chiapas, declara en Puebla que a los indígenas chiapanecos ``les están metiendo en la cabeza que ya no deben recibir ayuda del gobierno'' y que ``los están manipulando (...) para desestabilizar el país''. Pero confía, dice, en que ``ahora sí, el conflicto se va a resolver''. El general, y por lo que se ve también, el gobierno federal, no pueden concebir que los indígenas piensen con su propia cabeza. Alguien, entonces, ahora sí va a resolver por ellos. Dios nos proteja.

El día anterior Sergio Sarmiento, que sobre lo que sucede en ciertos círculos no está mal informado, escribió en Reforma que ``hay quienes piensan'' que la decisión de Salinas de detener la guerra y negociar, ``fue equivocada''. ``La derrota militar del EZLN hubiera sido muy sencilla en enero de 1994 y pudo haber llevado a la aplicación de muchas de las exigencias justas de los zapatistas. En cambio de ello el diálogo se ha extendido durante más de cuatro años''.

Esta secuencia culmina en una extraordinaria declaración del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León al Financial Post de Toronto, Canadá. Dice: ``Durante tres años hemos podido evadir cualquier confrontación entre las fuerzas de seguridad y los grupos (armados) (...) Los grupos se han opuesto a la presencia de las instituciones federales y lo aceptamos, pero fue un error. Estamos dando marcha atrás a esa política y ahí estaremos para imponer el Estado de derecho. Tuve paciencia. No quise provocar. Pero donde no estamos presentes tenemos violencia''.

Esta política lleva a la guerra. Ignora tres realidades que nadie puede acallar y que este gobierno parece incapaz de registrar en su real significado.

En primer lugar, la resistencia de las comunidades indígenas después de Acteal adquiere por momentos contornos de insurrección popular. Están dispuestos a hacerse matar antes que rendir su dignidad. ¿Es que el gobierno no conoce ese gesto antiguo como el ser humano? ¿Es que no puede reconocer en las comunidades de Chiapas la misma altivez que la historia atribuye a Cuauhtémoc frente al conquistador? ¿Es que no sabe todavía que la dignidad no es una palabra en los discursos sino una actitud humana ante la vida y ante la muerte?

En segundo lugar, la marcha y la concentración del 12 de enero dicen a gritos que una gran parte del país defiende y acompaña a las comunidades indígenas rebeldes y exige al gobierno la paz ahora y el cumplimiento de su propia palabra.

En tercer lugar, la resolución del Parlamento Europeo y el clamor internacional no son una conspiración de enemigos de México, sino una opinión y un juicio de los cuales ese gobierno no puede escapar.

No bastan empero esas realidades para detener a un presidente si se niega a verlas y se encamina hacia la ``solución final''. Aquí ya lo hemos vivido una vez en esta segunda mitad del siglo. Si desde adentro mismo del poder en crisis nadie lo obliga, este gobierno parece encarrerado hacia la tragedia.

Lo dice la severa carta que los cuatro obispos de Chiapas dirigen al gobierno: ``Así es el momento mexicano: o se encamina el país a la democracia, al pluralismo, a la convivencia pacífica fundada en la justicia, la igualdad y la dignidad, es decir, construimos una casa donde quepamos todos, o nos encaminamos finalmente hacia la dictadura, la represión y la guerra. Y todo esto aparentemente quedará definido en cuestión de unas pocas semanas... ¿o días? Las grandes decisiones no son intemporales, tienen un plazo llamado oportunidad''.

En otras palabras, la crisis está madura.