La caída repentina pero inevitable de los precios del petróleo a nivel internacional, que se ha producido en las últimas semanas, plantea una serie de retos gravísimos tanto para el gobierno como para el país. La causa del derrumbe petrolero -con una cotización promedio de apenas once dólares por cada barril del oro negro- se vincula directamente con la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de soltar las amarras de la producción. Por su parte, el reinicio de las exportaciones desde Irak está impulsando el movimiento hacia la baja.

¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno mexicano a esta coyuntura inesperada? Inicialmente, el secretario de Hacienda, José Angel Gurría, ha anunciado un importante recorte de gastos, saltándose a la torera al Congreso, el cual debió haber sido consultado de manera formal. Al mismo tiempo, las autoridades han anunciado que para incrementar la producción de petróleo en el corto plazo, se planea poner en marcha un gigantesco programa de inversión por 25 mil millones de dólares en el sector. Cabe preguntar, sin embargo, si esta estrategia es la más indicada, ya que implica vender el petróleo a precios cada vez más baratos. Es sabido que las reservas de varios de los yacimientos más productivos de México se han ido agotando desde hace varios años, por lo que una política de maximizar la explotación puede llevar a un nuevo despilfarro de ese gran volumen de bienes preciosos que todavía son patrimonio de sociedad y nación.

Sin embargo, hoy, como durante los últimos veinte años, prioridades políticas y un mal manejo fiscal inducen al gobierno a cometer nuevos y profundos errores en el manejo de este sector estratégico de la economía nacional. Durante los años 70 se adoptó la descabellada estrategia de utilizar la bonanza petrolera del momento para alentar y garantizar un proceso de endeudamiento externo que llegó a ser insostenible. La prudencia se tiró por la borda en aras de lograr altas tasas de crecimiento a muy corto plazo, sin prever las consecuencias catastróficas que tendría hipotecar al sector petrolero y al país a la banca internacional.

Luego del estallido de la crisis de la deuda externa en 1982, la Secretaría de Hacienda impuso un control férreo sobre los excedentes petroleros, con el objetivo de ir pagando el enorme servicio de la deuda externa. Estoo menoscabó la propia modernización de la mayor empresa del país, Pemex, y naturalmente de una recuperación de las tasas de inversión en la economía. Posteriormente, y hasta nuestros días, las autoridades hacendarias han seguido disponiendo de los recursos de Pemex como si ésta fuera una ``caja chica'' de la federación. Por ello, no ha explotado todavía la grave crisis fiscal subyacente del gobierno, el cual no ha deseado obligar a los sectores más acaudalados del país a aceptar un nivel de tasas impositivas similares a las que privan en países que no cuentan con reservas petroleras.

A mediano plazo, el dilema consiste en determinar qué papel debe jugar el sector petrolero y el subcapitalizado ramo petroquímico en el desarrollo económico del país. ¿Deben ser las prioridades fiscales de exentar a las clases ricas de la sociedad en este fin de siglo las que deben tener la voz cantante? Si es así, las reservas petroleras se agotarán indefectiblemente, y estas riquezas ya dejarán de ser patrimonio de México en el siglo XXI.