Joel Solomon (*)
Derecho internacional y derechos humanos
Si la masacre en Acteal hubiese sido un caso aislado, posiblemente hubiera sido suficiente que las autoridades federales enfocaran su investigación exclusivamente en aquel ataque sangriento. Sin embargo, la masacre fue otro hecho más -de una magnitud sin precedentes- en una larga serie de violentos abusos llevados a cabo por civiles en los últimos años en Chiapas, y el gobierno federal tiene una clara responsabilidad de solucionar un problema mucho más amplio que la masacre misma: la violencia rural generalizada en Chiapas. Desde 1996, Human Rights Watch ha documentado y analizado casos de violencia rural, concluyendo que el gobierno estatal de Chiapas ha sido cómplice de tales abusos, por acción y omisión. A su vez, como mínimo, el gobierno federal, conscientemente o por negligencia, no ha solucionado este problema, violando así sus obligaciones internacionales de derechos humanos. El detallado informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la masacre es una confirmación más de la práctica sistemática que existe en casos de violencia rural.
Aun cuando el sistema federal mexicano indica que las autoridades de nivel estatal son los responsables de investigar la mayoría de los actos de violencia rural, por corresponderle a la competencia del fuero común, el gobierno federal no puede estar ajeno a estos hechos. De acuerdo al derecho internacional, el gobierno federal es responsable de respetar y garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos dentro del país, sin importar que las autoridades responsables de los abusos sean funcionarios federales, estatales o municipales, o individuos particulares gozando de la tolerancia o consentimiento de tales autoridades. En este sentido, el artículo 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos obliga a que el gobierno federal tome ``de inmediato las medidas pertinentes'' a fin de que las entidades estatales puedan ``adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención''.
Human Rights Watch ha investigado múltiples casos de violencia rural en Chiapas, y su informe Deberes incumplidos; responsabilidad oficial por la violencia rural en México, publicado en abril de 1997, identificó las áreas de responsabilidad del gobierno federal a aun en incidentes del fuero común y casos en los que funcionarios no cometieron directamente las muertes, expulsiones, secuestros y amenazas, que se han vuelto comunes. El gobierno federal ha violado sus obligaciones internacionales al no prevenir debidamente las violaciones de los derechos humanos y al no garantizar que víctimas que buscan el apoyo del sistema judicial federal o estatal lo reciban y que quienes cometen actos de violencia sean procesados. Tampoco el gobierno federal ha garantizado a personas detenidas arbitrariamente o con base en acusaciones manifiestan falsas que gocen de su derecho a un debido proceso. Las autoridades federales no pueden argumentar que no sabían lo que estaba pasando en el Chiapas rural; a pesar de la abundante información al respecto, hasta ahora el gobierno federal parece haber gastado más esfuerzo en desmentir esta realidad preocupante que en buscar soluciones efectivas.
El citado informe probó que la violencia rural en Chiapas no es unilateral. Los partidarios del Partido Revolucionario Institucional también padecen asesinatos, expulsiones de sus comunidades y otros abusos. La diferencia fundamental entre violencia en contra de priístas y violencia de parte de priístas es la respuesta del gobierno. Human Rights Watch ha documentado que las máximas autoridades del gobierno estatal de Chiapas rutinariamente han hecho la vista gorda frente a abusos cometidos por sus seguidores. Es más, los Ministerios Públicos no ha investigado tales casos, a pesar de conocer perfectamente el problema. Asimismo, los Ministerios Públicos han usado su poder investigativo y punitivo contra opositores verdaderos o imaginarios, incluso fabricando evidencias y deteniéndolos arbitrariamente. Otra diferencia notable es que, si se trata de agresores priístas, muchas veces cuentan con el apoyo directo de autoridades estatales, como parece haber pasado en la masacre, pero que también ha sido documentado en otros casos.
Indudablemente que ha sido positiva la rapidez con que el gobierno federal intervino en esta primera fase del caso Acteal, debido a la falta de credibilidad de las autoridades estatales en Chiapas. En este caso, el gobierno está cumpliendo con su responsabilidad de trabajar para que se haga justicia por la masacre. Sin embargo, ello no reduce su responsabilidad por no haber prevenido este hecho y por no haber garantizado en otros casos que las víctimas de la violencia rural hayan gozado de su derecho a la protección judicial. De todos modos, esta falla no debe ser confundida con responsabilidad criminal por haber llevado a cabo la masacre en sí. Para ello, seria necesario contar con evidencia directa de la participación de autoridades federales en el ataque mismo o de su preparación. Desde luego, Human Rights Watch no puede descartar la posibilidad de que autoridades federales hayan jugado un papel mucho más activo en la violencia rural en Chiapas o en la masacre de Acteal. Sólo una investigación judicial exhaustiva e independiente bastaría para clarificar con seguridad lo sucedido. Lo cierto es que, si se pretende que tal investigación sirva para buscar soluciones al problema de la violencia rural, tendrá que abarcar el fenómeno generalizado y no sólo lo ocurrido en Acteal. Habría que dar atención inmediata al problema de los grupos de civiles armados, tales como el que llevó a cabo la masacre, que operan en varios lugares del estado con lo que parece ser, por lo menos, la tolerancia de autoridades que tienen a su cargo velar por la seguridad de los chiapanecos.
Aun cuando el pueblo mexicano tiene que decidir cómo cambiar esta práctica sistemática de violencia e impunidad, no es menos cierto que el derecho internacional le exige al gobierno federal hacerlo. Ello es importante no sólo para que México cumpla con sus obligaciones jurídicas internacionales, sino también para que en Chiapas quede claro que el sistema de justicia funcionará imparcialmente. Con ello, se estarán dando los primeros pasos para que la justicia se convierta en un poder disuasivo, alentando a todas las partes en conflicto a recurrir a ella, y no a la violencia, para solucionar la problemática chiapaneca.
(*) Joel Solomon es director de Investigaciones de la División de las Américas de Human Rights Watch y el encargado de asuntos mexicanos para esta organización internacional de derechos humanos.