EL TONTO DEL PUEBLO Ť Jaime Avilés
Labastida: el último de la fila
``¡Se fueron las moscas!'', me dice por teléfono el tonto del pueblo, y yo, que este fin de semana pensaba limpiar las telarañas de mi casa, tomo el autobús a toda prisa y regreso al bullicio de El Imperio de los Sentidos, pensando que el 4 de noviembre, el mismo día que en El Crucero, municipio de Tila, norte de Chiapas, fue balaceada la comitiva de los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera por gatilleros de Paz y Justicia --ese claro anticipo de lo que vendría y que en todo momento puso en duda la televisión de peluche--, una tromba cayó sobre el rastro municipal de Tecamacharco.
El agua se mezcló con la sangre e inundó las calles principales; al cabo de varios días de encharcamiento, una plaga de moscas se apoderó del pueblo y la calamidad llegó a tal extremo que las paredes y las cosas cambiaban de color cuando la gente las espantaba. De buenas a primeras, me dice ahora el tonto, las moscas emprendieron el vuelo y formaron un grueso arco negro y vibrante que se marchó rumbo al sur.
--Fue el 25 de diciembre a la hora del alba --me explica--. ¿Y sabes a dónde fueron a dar? A los féretros de los muertos de Acteal. Ve la crónica de Hermann Bellinghausen...
Pero entremos en materia. El tonto del pueblo me ha pedido que venga para avisarme que en el primer nivel del gabinete del presidente Ernesto Zedillo hay un secretario de Estado invisible. Su rango es idéntico al que tienen los secretarios de Hacienda, de Educación, de Relaciones Exteriores o cualquier otro, por poner un ejemplo. Sin embargo, nadie lo conoce.
Es abogado, mexicano, de cuarenta y tantos años de edad y responde al nombre de Germán Fernández Aguirre. A él fue a quien le correspondió formal y oficialmente, dentro del organigrama del Poder Ejecutivo, redactar, o al menos poner en limpio, la versión definitiva de la contrapropuesta de reforma sobre derecho y cultura indígenas, presentada por el doctor Zedillo en diciembre de 1996, que acabó por destruir el diálogo con los zapatistas.
La historia es la siguiente.
A finales del sexenio de López Portillo, el joven doctor en economía Ernesto Zedillo Ponce de León, nacido en 1951 y graduado en Yale (1974-78), que había seguido cursos de ``evaluación de proyectos de inversión en capital humano'' en la Universidad de Bradford, Inglaterra (1973) y en la Universidad de Colorado (1973), salido directamente de El Colegio de México, donde era profesor en su especialidad desde 1981, obtuvo en 1982 un empleo como subgerente de Investigación Económica y Financiera del Banco de México.
En diciembre de ese mismo año, cuando arranca el gobierno de Miguel de la Madrid, pasa a ocupar la dirección del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios. Durante los seis años que permanece en el cargo desarrolla una buena amistad con uno de los empleados del banco: el abogado Fernández Aguirre. Y en 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari lo nombra secretario de Programación y Presupuesto (SPP), Zedillo invita a Fernández Aguirre a fungir como responsable del área jurídica de la dependencia.
A la mitad del sexenio, cuando Salinas disuelve la SPP y traslada las funciones de ésta a la Secretaría de Hacienda, Zedillo es convertido en secretario de Educación y Fernández Aguirre se muda con él al viejo edificio de las calles de Argentina, para seguir desempeñando las mismas tareas. El 28 de noviembre de 1993, cuando Salinas destapa a Luis Donaldo Colosio como candidato a la Presidencia, Zedillo deja la SEP y Fernández Aguirre también: ambos se van al PRI.
Cuando Colosio muere asesinado en Tijuana y Zedillo lo releva, Fernández Aguirre entra de lleno al equipo de campaña. Y por último, el primero de diciembre de 1994, cuando Zedillo asume la titularidad del Ejecutivo, Fernández Aguirre es nombrado abogado del Presidente. Pero hay un problema: ese puesto no figura en la estructura de la ley.
No importa. El 28 de diciembre de 1994 la mayoría priísta en la Cámara de Diputados aprueba una adición al artículo 102 constitucional, que a la letra dice: ``La función de consejero jurídico del Gobierno estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que para tal efecto establezca la ley''.
Y, en congruencia con lo anterior, aprueba otra adición al artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que proporciona una lista de todas las dependencias al servicio directo del Presidente de la República: las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa, Marina, Hacienda, Comercio, Salud, Educación, Agricultura, Reforma Agraria, Comunicaciones y Transportes, Contraloría, Medio Ambiente, Turismo, Departamento del Distrito Federal y... la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
--Por todo lo anterior --dice, dictándome, el tonto del pueblo--, el abogado Fernández Aguirre posee el mismo rango que cualquier secretario de Estado y por lo mismo podría ser convocado a comparecer ante el Congreso de la Unión, para explicar con qué bases jurídicas sustentó la contrapropuesta de reforma constitucional al proyecto de la Comisión de Concordia y Pacificación sobre derecho y cultura indígenas.
--Y que también --propongo yo-- explique cuáles son las funciones, el número de empleados, los sueldos, los límites y los propósitos de la secretaría invisible a su digno cargo.
--Bueno, hasta ahí --remata el héroe de esta plana--. Tampoco vamos a desperdiciar todo este espacio metiéndonos en las intimidades de un equipo de ``gobierno'' que simplemente no funciona, que miente, que se desgarra las vestiduras y que no manda porque no obedece al país.
Una brusca, pero no inesperada caída de 20 por ciento en los precios del petróleo, ha asestado un golpe más a la mínima credibilidad del discurso del PRI, del ``gobierno'' y del principal de sus instrumentos en lo que hace a la orientación de la opinión pública: Televisión Azteca.
Durante el pasado periodo legislativo, estos tres actores atizaron una estentórea campaña propagandística para condenar a los bloques parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido de Acción Nacional, que, trabados en una frágil alianza, apoyaron una moción para reducir el impuesto al valor agregado de 15 a 12 por ciento.
El senador priísta Esteban Moctezuma, en artículos publicados por el periódico Reforma, expuso --como sus correligionarios lo hacían en la tribuna de San Lázaro-- que una medida de esta naturaleza afectaría gravemente el presupuesto de 1998 dedicado al gasto social. Por cada punto del IVA, repitió hasta el cansancio el coro del tricolor, el régimen capta 5 mil millones de pesos. Aplicar la disminución que se propone obligaría a que la recaudación fiscal perdiera 15 mil millones de pesos (una suma equivalente al presupuesto del Ejército Mexicano), y atraería gravísimos daños a la población más desprotegida del país.
Pero los diputados del PRD y del PAN, sabiendo que esto era una falacia, insistían en un proyecto. Y fue allí donde intervino Televisión Azteca con toda la ``fuerza informativa'' de sus comentaristas encabezados por Luis Pazos y de sus locutores de peluche, para golpear día tras día al bloque opositor. Y la moción fue echada abajo.
Menos de 30 días después, caen los precios internacionales del petróleo y la Secretaría de Hacienda anuncia, con la mayor naturalidad, un recorte de 15 mil millones de pesos en el ejercicio presupuestario de 1998... que no afectará las políticas dedicadas a atender a los más pobres.
--Sí --dice el tonto del pueblo--, porque el PRI necesita ese dinero para comprar los votos de los más pobres en las 14 elecciones, 10 de gobernadores y cuatro de diputados locales y presidentes municipales, que en 1998 habrá en distintos estados del país.
En Chiapas, mientras tanto, la ciudad de Ocosingo continúa en poder de las organizaciones populares y campesinas, perredistas y zapatistas, que la gobiernan en forma constitucional, y el aire que allí se respira es más benigno. Se fueron los destacamentos de Seguridad Pública, se retiraron los soldados del Ejército Mexicano, y el clima social es más calmo. Pero hay un inconveniente: el miércoles las sucursales bancarias de la localidad mandaron traer camionetas blindadas del servicio de custodia y se llevaron todo el dinero que había en las arcas. En la selva, sin embargo, la tensión prevalece. En su último comunicado, publicado ayer, el subcomandante Marcos avisa que los aviones de combate que planean sobre La Realidad ejecutan vuelos en picada, como ensayando prácticas de ametrallamiento. Por otra parte, los patrullajes terrestres se han duplicado y ahora el convoy militar pasa cuatro veces al día: dos de ida, dos de vuelta. De lo que se trata, muy probablemente, es de enloquecer de angustia a las mujeres y a los niños.
Pero de esto nada parece intimidar a los pueblos zapatistas, que hoy por hoy representan la mayor esperanza del mundo. Gracias a ellos, en más de 60 ciudades del planeta se han efectuado movilizaciones, impresionantes por la fiereza de su ternura y la energía de su solidaridad, que obligaron al Parlamento Europeo a expresar una dura condena contra la política del doctor Zedillo en Chiapas: un hecho sin precedentes en la historia diplomática de este país.
No obstante, el ``gobierno'' se empecina en mostrarse más ciego, más sordo y con la piel más dura e insensible que nunca. El nuevo secretario de Gobernación, que no ha variado un ápice la estrategia de su antecesor, ha vuelto a prometer que la semana entrante dará a conocer un plan para destrabar el diálogo en Chiapas. Con ésta es ya la tercera vez consecutiva que anuncia lo mismo.
Han transcurrido 26 días desde la matanza de Acteal. En ese breve lapso, al margen de las manifestaciones de repudio nacionales e internacionales, dos estrategias de acción inmediata han sido puestas a consideración del régimen para superar la gravísima crisis política en que los mexicanos todos, pero también el ``gobierno'', nos estamos hundiendo.
La Comisión Nacional de Intermediación ha propuesto: 1) Cumplir cabalmente los acuerdos de San Andrés. 2) Diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo para convertirlos de inmediato en ley federal. 3) Suspender las operaciones militares contra las comunidades indígenas zapatistas. 4) Desarmar y disolver a las fuerzas paramilitares. 5) Castigar a todos los culpables de Acteal e indemnizar a los familiares de las víctimas. 6) Nuevas elecciones generales en Chiapas. 7) Que intervenga la Cruz Roja Internacional para atender a los (13 mil) desplazados y ayudarlos a regresar a sus lugares de origen. 8) Liberar a todos los que están presos bajo acusación de ser zapatistas. 9) Darle todo el apoyo oficial necesario a la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés. 10) Que el Congreso de la Unión convoque a todas las fuerzas políticas y sociales del país para que se concrete la reforma del Estado. 11) Cesar el hostigamiento a los pueblos, municipios autónomos y comunidades indígenas en todo el país.
El PRD, por medio de Andrés Manuel López Obrador, ha exhortado al presidente Zedillo ha discutir una propuesta de cuatro puntos: 1) Sustituir la política de la fuerza por la fuerza del diálogo y la negociación. 2) Que regrese el Ejército Mexicano a sus cuarteles y que la PGR se encargue de desarmar a los paramilitares. 3) Que se eleven a rango de ley los acuerdos de San Andrés y se reanude el diálogo hasta desahogar la agenda pendiente de las mesas de Democracia y Justicia, Bienestar y Desarrollo, Derechos de la Mujer Indígena y Conciliación en Chiapas. 4) Que en octubre se efectúen nuevas elecciones de gobernador.
¿Qué ha dicho el ``gobierno'' al respecto? Nada. ¿Qué salida alterna ofrece? Ninguna. En sólo 13 días al frente de la política exterior del país, continúa en la línea de partida, esforzándose en poner su motor en marcha, mientras todos los actores del conflicto pasan vertiginosamente junto a él, sumando vueltas y más vueltas... en torno del vacío. Vivimos una extraña carrera contra el reloj.