En 1997 se dieron significativos avances en la transición democrática que vivimos en México; el principal fue la nueva composición de la Cámara de Diputados, sin mayoría oficial priísta. Sin embargo, los graves problemas sociales de este país siguen esperando vías de solución. Desde la injusta distribución de la riqueza, que propicia gran marginación y pobreza, hasta los hechos de violencia y muerte, como la creciente inseguridad pública y la alarmante situación del estado de Chiapas.

La política económica del gobierno, que ha agudizado las inequidades entre la población, continuará ejerciéndose en 1998 sin modificaciones sustantivas. Estas no pudieron concretarse en el año que terminó por dos razones fundamentales: una es que el PRI-gobierno aún es mayoría en el Senado, y la otra es que la Presidencia de la República no tuvo disposición alguna a ceder en este terreno, aun cuando su postura cerrada pusiera al país en riesgo de otra severa crisis financiera. En las negociaciones que por primera vez tuvieron que darse entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, en virtud de la mayoría de oposición entre los diputados para la aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para 1998, se vio claramente que sólo se aceptarían los cambios que no modificaran el rumbo de la política económica.

Durante este proceso ``se estiró el hilo'' hasta donde se podía, evitando que se reventara y que los resultados fueran críticos para la economía nacional. La oposición obligó a la Secretaría de Hacienda a aceptar algunas de sus propuestas que permitieron algunos beneficios, tanto en simplificación de pagos de impuestos como en mayores recursos para los municipios, los que deben llegar de manera más expedita a la población que más los necesita.

Pero con todo, en términos generales sería muy optimista suponer que la situación económica y de nivel de vida de los mexicanos mejorará para 1998. Esto es evidente desde los primeros días de enero, en que el nivel de incremento salarial otra vez quedó por debajo del alza de los costos.

Si bien en el terreno económico la estrategia del gobierno federal dominó y sacó adelante su proyecto sin mayores conflictos, en el escenario político y social la situación los está rebasando, incluso hasta fuera de las fronteras. Las últimas muertes en el estado de Chiapas evidenciaron el derrumbe del sistema mexicano de paz controlada por un partido de Estado, y quienes ahora aparecen en México y en el extranjero detrás de la muerte indígena son el gobierno y su partido. Aunque las muertes no se cobran, para la oposición fue imprescindible reclamar y señalar la responsabilidad gubernamental en la tragedia y la inestabilidad nacional. La remoción del secretario de Gobernación y la licencia del gobernador de Chiapas parecen respuestas sensibles a la gravedad de los hechos.

Este es precisamente el reto gubernamental para 1998: sensibilidad ante la realidad de México. Una realidad de marginación y pobreza, de inseguridad, violencia y muerte, que ya no puede esperar para comenzar a resolverse. Y además, una realidad en la que el gobierno nacional ya no está solo en las decisiones, porque el proceso democrático ha llevado a posiciones importantes a la oposición, como la que tiene en la Cámara de Diputados, y ahora el poder se comparte en varias instancias. Este es también un reto para la oposición: asumir ese poder y, sobre todo, la responsabilidad que implica en el México que vivimos. Hoy la política económica, social y de gobierno es una responsabilidad más compartida.