La Jornada 17 de enero de 1998

En el DF y zona conurbada, 5.3% de indios

Elia Baltazar /I Ť Uno de cada veinte indios del país entierra su futuro en la zona metropolitana de la ciudad de México.

Provenientes sobre todo de Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Michoacán, estado de México y Querétaro, aproximadamante medio millón de otomíes, triquis, mixtecos y zapotecos cambiaron la tierra por el asfalto. ``Allá no tenemos ni agua ni luz, la tierra no es nuestra y morimos sin nada.''

Aquí no es mejor, y lo saben, pero una fuente les basta para saciar su sed, los desperdicios de un mercado para comer, las calles para trabajar y cualquier terreno, vecindad derruida o bodega para vivir.

Envueltos en los colores de su pasado, de sus tradiciones, son fantasmas que nadie mira. La suya es una lengua ignorada, obligada a pronunciar palabras que nadie escucha. ``Somos seres humanos, humillados desde siempre. Somos mexicanos como ustedes, pero no lo aceptan. Nos escupen su indiferencia y el temor de verse en nuestros ojos.''

Es la dignidad de la mujer mazahua la que habla, la que exige leyes y justicia, igualdad de oportunidades, aunque no hablen lo que llama ``el español de ustedes''.

Durante más de 400 años han pagado caro el precio de ser indios, pero en la ciudad la factura es más alta.

Distribuidos principalmente en cinco delegaciones y municipios conurbados, los indios asentados en el Distrito Federal, provenientes de Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla y estado de México, suman 446 mil 243 y representan 5.32 por ciento de la población indígena nacional, según un estudio de Silvia Bazúa, publicado en el boletín del Instituto Nacional Indigenista.

En primer lugar se encuentra Iztapalapa, que concentra a 22 mil 242 indios, principalmente de los pueblos nahuas originarios del estado de México y otomíes de Querétaro, aunque en Santa Cruz Meyehualco y en San Andrés Tetepilco hay un núcleo importante de familias mazahuas.

Naucalpan ocupa el segundo lugar, con 18 mil 890 indios de mayoría triqui, provenientes del poblado de Chicahuaxtla, Oaxaca, aunque también se concentran en las colonias Candelaria y en asentamientos irregulares, por el rumbo del metro Indios Verdes.

El municipio de Nezahualcóyotl es zona de mixtecos y zapotecos oaxaqueños y en él habitan 17 mil 584 indios. Le sigue Ecatepec, con 16 mil 112, y la demarcación Gustavo A. Madero, donde se asientan 13 mil 743. ``Sin embargo, el mayor porcentaje de lo tenemos en Milpa Alta, cuyos pueblos nahuas han conservado su lengua y tradiciones''.

A pesar de las condiciones de vida que les ofrece la capital, datos del INEGI reportan que la Zona Metropolitana es el principal polo de emigración indígena del país.

No obstante, los datos estadísticos no reflejan su crecimiento, según las tasas nacionales.

INEGI reporta que el 1930 vivía en la ciudad de México 1.36 por ciento de los indios del país. Para 1990, el porcentaje sólo aumentó 14 décimas de punto, para colocarse en 1.5. ``Y es que a pesar de la pobreza, aquí hay dinero, tienen agua y luz aun viviendo en predios y bodegas y aunque se las cobren. La tierra ya no les dio más'', dice Laura Villasana, de la Dirección de Procuración de Justicia de la Casa de los Mil Colores, instancias del Instituto Nacional Indigenista.

La violación de derechos humanos

Víctimas de abusos constantes por parte de autoridades civiles y policiacas, los indios dedicados al comercio ambulante, como los mazahuas y otomíes, sufren el robo de sus mercancías, golpes, y a veces hasta los amenazan con quitarles a su hijos, por no poder comprobar que son suyos, pues la mayoría no posee actas de nacimiento o identificaciones oficiales, dice Laura Villasana.

``Los acusan de robar a sus propios niños y les piden el poco dinero que tienen.

Pero si quieren levantar una denuncia es peor, porque el Ministerio Público ni siquiera los toma en cuenta, los ignora''.

Así, cada seis meses la Dirección de Procuración de Justicia de la Casa de los Mil Colores atiende aproximadamente 120 quejas de indios maltratados por las autoridades o acusados de delito. ``En 60 por ciento de los casos ellos son las víctimas y en 40, los acusados'', explica.

Robo, despojo y lesiones son los principales ilícitos de que se les acusa. Sin embargo, agrega, roban por hambre, dada la falta de oportunidades a que se enfrentan; despojan por tener un lugar donde dormir y muchas veces lo hacen impulsados por personas que se dicen dueñas y hasta les cobran renta. Además, dice, ``se les acusa de agresores, cuando lo único que hacen es responder a la violencia de una sociedad que los despoja de su identidad y que los niega''.

Para contrarrestar la violencia, los abusos y la impunidad de que son víctimas los indios de la capital, el Instituto Nacional Indigenista, en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del DF publicó y distribuyó el años pasado cartillas que instruyen a la comunidad indígena acerca de sus derechos humanos y cómo denunciar su violación.

Por su parte, la Casa de los Mil Colores ha puesta en marcha un curso de garantías individuales para formar defensores y traductores de los mismos núcleos indígenas. En 1997 se capacitó a 35 personas y este año se proyecta hacer lo mismo con 30 más. ``Es necesario que sean ellos mismo quienes sepan cómo defensores'', dice Villasana.

La manipulación política

No existen en las estadísticas, pero el trabajo de los grupos indígenas asentados en la ciudad está presente en el comercio ambulante, como en el caso de los otomíes y mazahuas, en la rama de servicios de limpieza de lo que antes fue el Departamento del Distrito Federal, donde se emplean los mixtecos y zapotecos, quienes como meritorios no son remunerados económicamente, pues sólo se les conceden el uniforme, la escoba y el bote, para ir de casa en casa en busca de desperdicios rescatables y a cambio de una propina.

Entre los triquis de la zona alta de Oaxaca, ``que se caracterizan por poseer un grado mayor de educación'', según Laura Villasana, no son pocos los que ingresan al Ejército o se emplean como policías auxiliares, mientras los de la zona baja se dedican a la venta de artesanías de su región en puestos callejeros, ya que conservan más sus tradiciones.

La mayoría dejó su tierra ``por culpa de la pobreza''. Otros, sin embargo, bien pueden considerarse exiliados políticos, como los triquis. ``Allá no está fácil organizarse porque los caciques nos amenazan'', dice Lorenzo, de 36 años, quien llegó a la ciudad hace 8 años, acompañado de su familia.

Para Laura Villasana, la principal violación a los derechos de los grupos indígenas urbanos es el no reconocimiento de su existencia, cultura y costumbres. ``Ellos no tienen acceso a las políticas de atención y combate a la pobreza, porque las autoridades consideran que si mejoran su situación, el número de migrantes aumentaría''.

Asegura que no son considerados ciudadanos de primera, con derechos y obligaciones. ``Los ven, si acaso, como menores de edad, porque no cuentan con acreditación civil, con actas de nacimiento. Es decir, son indocumentados en su propio país, y eso les impide acceder a cualquier programa institucional''.

Incluso, explica, la Asamblea Legislativa del DF desapareció la Comisión de Asuntos Indígenas para incluir a este sector en la de Grupos Vulnerables, cuando no se trata de personas minusválidas ni de niños de la calle o indigentes.

``Aunque su nivel escolar es muy bajo, en la mayoría de los casos, no se trata de gente incapaz. Tienen demandas y problemas muy específicos que es necesario atender, pero sin olvidarnos de sus costumbres''.

Los grupos indígenas de la ciudad de México viven a diario expuestos a la violencia, manipulados por partidos políticos que les ofrecen terrenos donde asentarse a cambio de acudir a marchas y mítines o insertarse en las organizaciones populares.

Dice Laura Villasana: ``Especialmente el Partido Revolucionario Institucional ha tratado de coptar su forma de organización para insertarlos en el Movimiento Urbano Popular y la Confederación Nacional Campesina, pero ya obtenidos sus votos o su apoyo, se olvida de ellos y los acusan de invasores de predios, cuando ellos mismos se los ofrecieron''.

Así, la vida de grupos indígenas urbanos gira en un círculo vicioso. ``Son explotados, engañados, defraudados y no pueden defenderse ni acceder a atención por falta de recursos y documentos, lo cual les impide tener el derecho de igualdad de oportunidades para mejorar su nivel de vida. Ni siquiera podemos respetar su forma de pensar, sus usos y costumbres'', explica Villasana

A pesar de la marginación, los grupos indígenas urbanos ya comenzaron a levantar la voz, mediante agrupaciones como la Alianza de Organizaciones Indígenas o el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui, entre otras, a partir de las cuales han comenzado a dar la batalla por una vida digna.