León Bendesky
Petróleo

El petróleo crudo representa una décima parte de las exportaciones totales del país. En ese sentido, la economía ha dejado de estar petrolizada, si se compara con la situa- ción que existía hasta hace poco más de una década. Pero los ingresos que obtiene el gobierno por concepto de este producto a través de Pemex representan 40 por ciento del total de los impuestos que cobra. En este sentido, las finanzas públicas siguen siendo muy dependientes de lo que ocurre con el crudo mexicano en los mercados, es decir, con la cantidad y el precio al que puede venderse. Otra vez el petróleo aparece como una clara expresión de la vulnerabilidad externa que aun padece la economía mexicana. Y el sobresalto de estos días provocado por la caída de los precios recuerda, cuando menos, el episodio de 1987 cuando se provocó una fuerte recesión y la devaluación del peso.

La tendencia a la baja de los precios de la mezcla mexicana de petróleo en los mercados internacionales se apreciaba ya desde el último trimestre de 1997. Sobre esa base, el presupuesto que presentó la Secretaría de Hacienda al Congreso el pasado mes de noviembre se basó en un precio promedio del crudo de 15.50 pesos. Las estimaciones de Pemex eran exportar 1.7 millones de barriles diarios, o sea 620 millones de barriles durante el año, que a un precio de 15.50 generarían un ingreso de 9 mil 610 millones de dólares. Al nuevo precio promedio de 13.50 dólares por barril que se usó para hacer el ajuste al gasto público recientemente anunciado, el ingreso disminuye a 8 mil 370 millones de dólares, lo que significa una pérdida de mil 240 millones de dólares. Si se aplica un tipo de cambio promedio anual de 8.40 pesos por dólar, esto representa 10 mil 416 millones de pesos. La diferencia entre esta cantidad y la reducción de 15 mil 372 millones de pesos hecha por Hacienda, corresponde a los menores ingresos por concepto de impuestos que provoca la caída del precio del crudo y la menor actividad económica que se espera para el año.

Hacienda estima que la reducción del gasto público que equivale a 0.4% del Producto Interno Bruto, va a generar una disminución de 0.2 puntos porcentuales en el crecimiento de 1998. Esto quiere decir que el PIB crecería 5 por ciento en lugar de 5.2 por ciento, lo que parece poco y más bien podría acercarse a 0.5 puntos porcentuales, lo que dejaría en las condiciones actuales a la tasa de crecimiento del PIB en 4.7 por ciento. Si la reducción del gasto es exactamente equivalente a la reducción estimada de los ingresos y hay, por tanto, una compensación entre ambos rubros, como anunció el secretario Gurría, no debería haber, cuando menos en términos contables, presiones extraordinarias sobre el déficit fiscal y, de ahí, sobre las tasas de interés y la inflación. Pero las identidades contables pueden no respetar los efectos que se deriven del corte del gasto en los distintos sectores y actividades de la economía y, por ello, los resultados finales pueden variar.

Hay ciertas cuestiones que se derivan de inmediato del menor gasto público que se ejercerá en el año. Una tiene que ver con el recorte de gasto corriente del gobierno que, además de detener el empleo público, detiene la actividad de diversos proveedores; lo mismo ocurre con la posposición de los proyectos de inversión de Pemex. Otra es la disminución de las participaciones a los estados y municipios, lo que significa una menor capacidad de gasto y un efecto sobre una serie de programas. Estas son las cadenas de reacción que genera el menor gasto público y cuyas consecuencias específicas, y aun a escala macroeconómica, no pueden medirse con precisión. Por otro lado, una caída del gasto público del orden de 0.4 por ciento del PIB tendrá una repercusión sobre la creación de empleos en la economía. La reducción podría ser de hasta 100 mil puestos de trabajo que no se abrirían, lo que es el 10 por ciento de la meta de empleos que deberían crearse en el año.

El impacto externo de la caída del precio del petróleo es grande y dice que se requiere recrear las condiciones en que el gobierno deriva sus ingresos fiscales. Dice también que el Congreso requiere de más tiempo y de un órgano técnico de apoyo para contar con los elementos para legislar sobre las cuestiones relativas al presupuesto. En la Ley de Ingresos hay una cláusula que dice que en caso de que el precio promedio del petróleo rebase los 15.50 pesos, Pemex deberá pagar al fisco 33 por ciento de impuesto sobre la diferencia de ese precio base. No se trata de ser adivinos cuando se hace el presupuesto, pero sí de ampliar la capacidad de previsión a la hora de fijar un precio clave para la economía como es el del crudo, de ir reduciendo la vulnerabilidad externa, ora financiera ora petrolera, y de contar con los órganos institucionales que permitan una relación entre poderes no sólo en el debate político sino en el estrictamente técnico.