Se darán nombres de implicados en anomalías: Cárdenas

Ricardo Olayo y Raúl Llanos Ť La desviación de recursos en las delegaciones incluyó el traslado de material de construcción destinado a la población a ranchos de servidores públicos, cuatro o cinco pagos mensuales a una misma persona que cobraba con distinto nombre, y el subejercicio presupuestal que mantiene algunas demarcaciones con escasez de recursos.

La labor de gobierno se puede entorpecer por estas anomalías y por la pérdida de archivos, que sólo pudo ser producto de una acción dolosa, coincidieron fuentes de las delegaciones consultadas.

Los datos de las irregularidades --confirmados en el sector central del gobierno capitalino-- son parte de una revisión preliminar encargada por el gobernante, Cuauhtémoc Cárdenas, para conformar el informe del estado en que recibió las oficinas.

El propio Cárdenas declaró ayer que prepara el documento y que todo lo que sea relevante lo hará público próximamente.

Dejó en claro que en el informe que se presente ante la opinión pública se darán a conocer los nombres de los ex funcionarios directamente involucrados en alguna anomalía, ``y no necesariamente de quien estuvo al frente del área''.

Cuauhtémoc fue entrevistado por la mañana en una reunión de la ANAD y por la tarde en una gira en Benito Juárez. Sobre las anomalías, dijo que el gobierno trabaja a ``ritmos normales'', y en respuesta al impacto que tendría en su desempeño la falta de documentos y archivos registrado en diversas dependencias y secretarías, sólo dijo: ``La actividad del gobierno del Distrito Federal no se está frenada por ninguna razón''.

Aseguró que la información ``se va a juntar para fines de mes o principios de febrero, cuando se tenga una visión completa de la forma en que se recibió esta administración''.

Para el oficial mayor, Jesús González Schmal, los archivos están incompletos y la tarea en este momento es localizarlos, para más adelante dar detalles de las investigaciones.

Benito Juárez, inclusive

La pérdida de documentos, si no fue promovida, sí se permitió y es una constante en las demarcaciones, a pesar de que no ha habido una revisión a fondo porque muchos funcionarios llegaron recientemente a su puesto.

Las anomalías incluyen concesiones otorgadas sin cumplir los trámites, pago doble de obras en Alvaro Obregón, terrenos entregados de última hora en Iztapalapa, fideicomisos irregulares en Cuajimalpa, y hasta en la Benito Juárez, donde se suponía que la gestión panista de Esperanza Gómez Mont era cuidada por el gobierno priísta, existen asuntos poco claros, subrayaron las fuentes consultadas.

En Gustavo A. Madero y Azcapotzalco hay un subejercicio de 80 millones y 5 millones, respectivamente, que fueron reintegrados y ya no se puede disponer ahora de ellos, lo que ha generado carencias.

En las delegaciones rurales, que eran apoyados por los programas de bienestar, se ha detectado desvío de recursos con los materiales de construcción, que eran saqueados o vendidos a la población necesitada; una variante de este tipo de fraude era la venta de 500 kilos de varilla o grava a precio de tonelada.

El ``tráfico hormiga'' no es lo único que interesa, pues algunos funcionarios de jerarquía mayor, de quien se reservó los nombres, asfaltaron sus propiedades en ranchos. No será fácil probar los hallazgos, pero hay facultad en la ley para investigar a cualquier funcionario, se indicó. El informe público es una necesidad para saber con qué se cuenta, qué falta y cuál fue la actuación de la gestión pasada; en ningún momento se puede considerar una cacería de brujas, indicaron en el gobierno central. Pero tampoco se puede ignorar y dar paso a la impunidad, se señala.