PRESIDENTE EN ENTREDICHO

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 17 de enero Ť Bill Clinton se convirtió hoy en el primer presidente en funciones de la historia estadunidense en ser sentado en el banquillo de los acusados en un proceso legal, civil o criminal, al ser obligado a rendir declaraciones y someterse a interrogatorio en el caso en que Paula Jones, quien lo acusa de hostigamiento sexual.

Clinton tuvo una semana ocupada: enfrentó a Irak, siguió manejando la crisis con Israel, propuso más restricciones a ventas del tabaco, viajó a Nueva York para participar en un acto con Jesse Jackson, tuvo que defender a su secretaria de Trabajo de acusaciones de soborno, pero sin duda el acto más comentado y esperado de la semana fue su cita de este sábado con Jones.

Su acusadora, quien tiene el derecho de estar presente en el interrogatorio previo al juicio, y Clinton llegaron (por separado, por supuesto, ella y su marido en taxi y el mandatario recorrió en su limusina las dos cuadras y media de distancia) esta mañana entre un mar de reporteros a las oficinas del abogado del presidente, Robert Bennett, para iniciar ante los abogados de Jones y la juez del caso, Susan Webber Wright --quien viajó desde Little Rock para presidir este acto sin precedente--, un interrogatorio bajo juramento sobre su versión de los hechos; el interrogatorio fue videograbado y es un fase del juicio formal programado para comenzar en Little Rock, Arkansas, el 27 de mayo próximo.

A propósito se citó esta sesión en las oficinas del abogado Bennett para evitar a toda costa la imagen de Paula Jones ingresando a la Casa Blanca. El procedimiento duró casi seis horas.

Jones, de 31 años de edad, sostiene que el 8 de mayo de 1991, cuando Clinton era el gobernador de Arkansas y ella empleada estatal, él la invitó a su habitación de un hotel en Little Rock, se desvistió (o se expuso) y le solicitó sexo oral. Ella dice que rechazó la invitación y como consecuencia, sufrió de un ambiente hostil en su trabajo.

El gobernante niega todo

El presidente niega todo, y dice ni siquiera recordar conocer a Jones. Pero hoy, se supone (ya que la juez ha ordenado a las partes no comentar sobre el intercambio) tuvo que responder a los detalles del incidente presentados por Jones, y no sólo eso, sino también ser preguntado sobre su historial sexual con otras mujeres. Por ejemplo, Gennifer Flowers, quien asevera que sostuvo una larga relación extramarital con Clinton, ha presentado una declaración a este proceso.

Según versiones, Clinton no disputó hoy haber estado en el hotel el 8 de mayo de 1991, pero afirmó que no tiene memoria de haber mantenido algún contacto con Jones.

Aunque el proceso legal sin duda es vergonzoso, las encuestas no reflejan que haya tenido gran impacto en la imagen del presidente. Una encuesta de ABC registró esta semana un nivel de aprobación de 62 por ciento para Clinton, un índice históricamente alto. Y 50 por ciento de los estadunidenses cree que las acusaciones de Jones son falsas, y sólo 32 sí le cree.

A Jones, dicen sus voceros, no le importa la opinión pública, pero sí que le crean 12 miembros del jurado en este caso. Y si hoy fue uno de los días más penosos para Clinton durante su presidencia, peor será si el caso procede a juicio, donde en público él tendrá que formar parte de los procedimientos y debates legales ante un jurado.

Aunque Clinton y la Casa Blanca trataron toda la semana de desinflar la importancia del caso, y afirmaron que es ``una distracción'' sin ninguna consecuencia importante, el hecho es que ha nutrido no solo los chistes de los humoristas, sino ha ocupado las primeras planas de esta semana. ``El mundo se va a estar pitorreando'', dijo el analista Stephen Hess de la Brookings Institution a CNN. ``Será noticia de primera plana en toda ciudad con prensa libre. Y nos reflejará, creo que deberíamos estar descontentos por ello''.

Incluso, poco después de abandonar la oficina de Bennett, Clinton regresó a la Casa Blanca, donde fue informado sobre la crisis financiera asiática y después revisó uno de los borradores de su informe anual, que debe rendir al Congreso el 27 de enero.

Pero ésta no es la primera vez que un presidente está en apuros por alegatos de relaciones íntimas con mujeres. Once de los 18 presidentes de este siglo han sido involucrados en algún tipo de acusaciones de relaciones sexuales extramaritales.

El primer presidente afectado por este tipo de acusaciones fue Andrew Jackson, quien supuestamente tuvo relaciones con la esposa de su secretario de Guerra en la década de 1820. En 1884, el presidente Grover Cleveland fue acusado de violación sexual y de ser el padre de un hijo nacido de esa relación. Tal vez la reputación de actividades sexuales presidenciales extramaritales más famosa es la vinculada con John F. Kennedy.

Aun hay la posibilidad de que el caso de Jones nunca llegue al juicio, y que se logre un acuerdo fuera de los tribunales. El año pasado se estaba negociando un acuerdo por el cual se le pagaría 700 mil dólares a Jones junto con una declaración de Clinton afirmando que la mujer era una persona de ``buen carácter'', pero esto fracasó. Ahora los abogados y Jones buscan un acuerdo para un pago de 2 millones y una disculpa de Clinton para evitar que el caso llegue a juicio.

Sin embargo, Clinton no es el único miembro de la administración demócrata en problemas. Hay expectativas de que la procuradora general Janet Reno decida nombrar un fiscal independiente para investigar acusaciones de manejo indebido de sus funciones del secretario de Interior Bruce Babbitt. Además, la encargada de vigilar el comportamiento ético del Departamento de Tesoro renunció a su puesto ayer. Valerie Lau, inspectora general del departamento en 1994, fue acusada el año pasado por la Oficina General de Contabilidad (GAO) de violar la ley al facilitar el otorgamiento de un contrato por casi 91 mil dólares para un estudio de administración de su oficina a un amistad que la había recomendado al puesto, entre otras críticas.

Esto alarga la lista de altos funcionarios de esta administración bajo investigación, y las bajas por este tipo de pesquisas incluyen a los ex secretarios de gobierno Michael Espy y Henry Cisneros.

Algunos críticos afirman que la ``criminalización'' de acciones de funcionarios públicos ha sido extrema, ya que de hecho mucho de lo investigado son faltas menores sin importancia, ni consecuencia pública. David Grann señala en un artículo reciente aparecido en la revista New Republic, que el afán de perseguir y detectar todo tipo de acción que pudiera ser considerada indebida, se ha convertido en una exageración de los niveles de corrupción y comportamiento indebido de los funcionarios. Indica que en 1970, antes de Watergate, los fiscales federales acusaron a 45 funcionarios federales, estatales y municipales. Para 1980, el número anual había alcanzado a 442, y para 1983 ascendió a más de mil.

``Las encuestas demuestran que la mayoría de los estadunidenses cree que Washington es más corrupto hoy que en los tiempos del Watergate, cuando fueron aprobadas nuevas regulaciones. Al hacer de todo (actividad política) un crimen, hemos hecho un crimen de la nada; y ciertamente hemos pintado una imagen de la política estadunidense que garantiza producir una ciudadanía desafectada'', escribe Grann.

Pero si los políticos son los primeros en prometer que son honestos, transparentes y promotores de los ``valores familiares'', ¿es error periodístico o de la opinión pública señalar un problema de honestidad? Al parecer, en el caso de Clinton, el público está dispuesto a perdonarle sus pecados personales. Pero la imagen de un establishment político honesto se ha perdido para siempre, si es que existió en alguna ocasión. Quizá por esto mismo, lo de Jones y lo demás parece importarle poco a la opinión pública. Ya lo esperaba.