Masiosare, domingo 18 de enero de 1998
La historia comienza la noche del domingo 14 de diciembre pasado, en una esquina de San Juan de Ocotán, donde Ricardo se detiene a platicar con tres amigos de su calle. Los cuatro acaban de salir del Salón Coloso, repleto por un ``agarrón'' de bandas músicales, única distracción para la mayoría de los jóvenes del pueblo. Jóvenes que han sido campesinos como sus padres, aunque algunos trabajan ya en las fábricas de los alrededores.
La noche es fría. Un día antes nevó. Pero la euforia del baile parece proteger del aire helado del municipio de Zapopan a estos muchachos, que rara vez van a Guadalajara, pese a que sólo hace media hora el camión.
La charla del grupo de amigos se interrumpe de pronto. Varias camionetas pick up levantan polvo en las calles de Ocotán. Cuando se dan cuenta, los jóvenes han sido rodeados por un grupo de encapuchados, vestidos con overoles azul marino, según algunos, o negro, según otros. Los enmascarados calzan botas con casquillos y portan armas largas y cortas.
Los jóvenes creen que son policías, lo cual les extraña porque hace meses que no entra al pueblo ninguna patrulla. Y creen saber lo que sigue -una detención simple, una calentadita- y suben sin chistar a las camionetas. Los golpes no se hacen esperar. Los muchachos de Ocotán comprenden que el viaje va a ser más largo y más penoso de lo esperado.
En una de las camionetas viaja un delator. Las casas que señala son allanadas y algunos de sus moradores secuestrados. A los que van capturando les aplican el mismo tratamiento. Golpes y dos preguntas insistentes: ``¿Quién tiene la pistola?'', ``¿dónde está Salvador?''.
Transcurren varias horas de pánico. A las 3 de la madrugada del lunes 15, los encapuchados llegan a la casa de Salvador Jiménez López, en la calle Sonora. Trepan a la azotea y brincan al interior. En la vivienda de tres cuartos duermen doña Victoria, sus ochos hijos, sus nietos y nueras. Los encapuchados derriban a patadas una puerta de metal y revuelven toda la casa en busca de una pistola.
Salvador, de 25 años, y su hermano Jorge, de 35, son empujados a la calle como estaban, semidesnudos. El hijo de Jorge, de cuatro años, llorando, se aferra a su padre. Lo dejan libre. Pero se llevan a Salvador. Es la última vez que su familia lo verá con vida.
La última parada del comando es para atrapar a los hermanos Margarito y Benito Ramos Anguiano. También los sacan a golpes.
Al final de la noche, veinte jóvenes de San Juan de Ocotán han sido secuestrados.
``Ya ni me podia mover''
Hace 30 años se instaló en las inmediaciones de San Juan de Ocotán la base militar de La Mojonera. Personal de los regimientos XIV y LXXIX y del Colegio del Aire vive en el pueblo. Por eso, desde hace 30 años hay fricciones entre civiles y militares. Por eso desde las primeras horas del lunes los vecinos saben que los secuestradores son militares. Conocen bien cómo visten y actúan los miembros del Ejército.
La captura de los veinte jóvenes de Ocotán dura cinco horas. En ese lapso, la comunidad, parte de la zona conurbada de Guadalajara, permanece sin comunicación.
San Juan de Ocotán tiene de un lado el Periférico y del otro la carretera a Nogales. A sólo 15 minutos se encuentra la Gran Plaza, el centro comercial de moda de las clases adineradas de Guadalajara. También a 15 minutos, por el Periférico, se llega a la base central de la Policía de Zapopan. Sin embargo, esa noche, los habitantes de San Juan de Ocotán parecían estar a miles de kilómetros de Guadalajara y de Zapopan. Quedaron expuestos a su suerte.
Las familias de los plagiados, desesperadas, trataron de buscar auxilio. No pudieron. El grupo militar cortó las pocas líneas telefónicas.
Con su cargamento humano a cuestas, el convoy de camionetas se enfiló hacia el rancho El Amigo, en el municipio de Zapopan. El sitio es señalado como campo de entrenamiento del Grupo Aéreo de Fuerzas Especiales (GAFE), un comando de élite del Ejército. Durante la tortura, los encapuchados no dejaron de preguntar sobre la agresión a un militar y el robo de una pistola.
Al parecer, el viernes 12, durante un baile en el pueblo, jóvenes del lugar sustrajeron el arma de cargo de un soldado. El operativo de la noche del domingo y la madrugada del lunes tuvo como objetivo encontrar la pistola y dar un escarmiento a los pobladores.
Y para que la lección fuera aprendida, los militares capturaron también a seis menores de edad. Enrique López Flores, de 14 años, es uno de ellos. Recibió incontables golpes con tablas. ``Cuando pararon de pegarme ya ni me podía mover.'' En su cara de niño, Enrique tiene las huellas del castigo. Lo detuvieron con Ricardo. Recuerda cómo los bañaron con agua helada antes de dejarlos tirados en la fría madrugada. Los menos golpeados cargaron a sus compañeros para solicitar ayuda de los automovilistas. En grupos fueron llegando al pueblo. Salvador fue el único que no lo consiguió. El mismo lunes por la tarde, los militares volvieron a San Juan para amedrentar a los pobladores.
Diez años atrás hubo aquí un atropello semejante. Debido a un problema entre ocotenses y militares, éstos secuestraron a varias personas. Aquella situación quedó oculta. Ahora, todo parecía repetirse. Las autoridades civiles negaban los hechos.
El silencio roto
El reportero Jorge Zamora, del periódico Público, recibió filtraciones de parte de camilleros de la Cruz Verde, que habían atendido a los torturados. Sin embargo, ninguna fuente oficial aceptó los secuestros. El martes 16 de diciembre, el matutino publicó la nota bajo el título ``Grupo de encapuchados rapta a 20 personas en Zapopan''. También denunciaba el carácter militar de los plagiarios. El aislamiento se rompió.
Pero tuvieron que pasar varios días de denuncias en los medios de comunicación para que, el 20 de diciembre, la quinta Región Militar emitiera un comunicado de prensa aceptando la participación de 28 militares en el operativo.
Según el parte, los secuestros fueron encabezados por el teniente coronel Julián Guerrero Ramos, y participaron el capitán Rogelio Solís Aguilar, 11 oficiales y 15 soldados. Todos fueron detenidos por la justicia castrense.
Durante la investigación, los arrestados dieron a conocer el sitio donde habían enterrado a Salvador Jiménez. Ese mismo día fue encontrado el cuerpo en el poblado de Guachinango. La autopsia del Servicio Médico Forense indicó que había fallecido por asfixia y contusión en el cráneo.
Al día siguiente los habitantes de San Juan Ocotán velaron su cuerpo. Las ollas de café y las cazuelas de frijoles preparadas por doña Vicky apenas alcanzaron. Ante el féretro, jóvenes del lugar juraron vengarse. ``No te irás solo'', advirtieron.
66 mil pesos por el muerto
Tres semanas después del secuestro, flaco y demacrado, Ricardo Sánchez tuvo que levantarse de la cama para ir a trabajar. Aún no puede caminar bien y necesita pedalear cinco kilómetros hasta la fábrica de envases de plástico donde se gana la vida. Amenazaron con despedirlo.
Don Catarino Sánchez, su padre, comenta: ``Le compré unos tenis de tela para que no le lastimen los pies. En la fábrica le ayudan sus hermanos que también trabajan ahí. Ellos le acercan la herramienta. Me preocupa que está bien flaco mi muchacho, será por la sangre que perdió...''
En la casa de los Jiménez López el duelo no termina. Doña Vicky no para de llorar cuando recuerda a su hijo Salvador. Mientras desgrana algunas mazorcas del maíz amontonado en su patio, señala: ``Cuando empezaron a llegar los muchachos yo pensé que así iba a aparecer el mío, todo golpeado. Pero no le hacía, lo curábamos. Chava no llegó. Me lo trajeron en un ataúd''.
Oculta el rostro en el rebozo y recuerda: ``El no tuvo nada que ver con esa pistola que dicen que robaron. Nunca andaba por ahí de vago. Todo el día se la pasaba en la milpa o con unos animalitos que tenemos. Sólo salía cuando iba a Guadalajara para comprar alguna camisa o unas botas. A mi hijo le gustaba vestirse bien''.
Personal militar se ha acercado a doña Vicky para ofrecerle 66 mil pesos como una especie de indemnización. Ella ha rechazado el dinero. ``Yo lo único que quiero es que se haga justicia'', repite despacio. ``Yo he perdido muchos hijos. Tuve 16 y ahora sólo me quedan siete. Los otros se me murieron chiquitos, pero este es el primero que pierdo ya grande. Quiero que me enseñen a los que lo mataron.''
Don Catarino Sánchez repite la misma petición. ``Queremos que nos enseñen a los que hicieron todo esto. ¿Qué tal si viven aquí? Al menos queremos verlos para saber de quién cuidarnos.''
El párroco de Ocotán, Enrique Morales, teme que si no hay una clara aplicación de la justicia la situación empeorará. ``Aquí la gente es de origen indígena y se rige por la palabra. No creen en papeles. Cuando amenazan no lo hacen en vano'', advierte al recordar las palabras dichas durante el funeral de Salvador López. ``Si la gente intenta hacerse justicia por su propia mano esto puede terminar en una masacre.'' Considera que es el momento de que las autoridades rescaten a Ocotán del olvido. ``Tienen la oportunidad de sacar de la marginación a esta gente y brindarle un servicio de seguridad público eficiente.''
A pesar del peligro latente, el gobernador Alberto Cárdenas Jiménez no ha querido recibir a los afectados. El viernes 9 de enero éstos solicitaron una audiencia, que les fue negada. El mandatario había desestimado la magnitud de la acción militar en los primeros días posteriores al operativo. El 16 de diciembre declaró que únicamente tres personas habían sido secuestradas y no 12, cómo se señalaba entonces.
El regreso de la ley
La tarde del miércoles 7 de enero hizo su aparición por el pueblo la esposa del presidente electo de Zapopan, el panista José Ramírez Acuña. Fue para entrevistarse con el párroco. Escoltándola, llegaron dos camionetas de la policía zapopana. Los vehículos dieron unas cuantas vueltas por el pueblo. Los habitantes recibieron a la comitiva con desconfianza. Era la primera vez en mucho tiempo que la policía se presentaba por ahí. ``Han de venir a cuidarla a ella, porque lo que es a nosotros...'', dijo entre risas un ocotense.
Ocotan
paso a paso
- 12 de diciembre de 1997
Jóvenes de San Juan de Ocotán asaltan a un militar y le roban su arma reglamentaria.
- 14-15 de diciembre
Un grupo de encapuchados rapta a 20 jóvenes, entre ellos a seis menores de edad. Los muchachos son torturados en instalaciones utilizadas por personal militar para entrenamientos. Horas después, aparecen los secuestrados, menos Salvador Jiménez López. El director de la Policía de Zapopan, Rodolfo Ramírez Vargas, arguye que desde el viernes 12 no funcionaban las líneas telefónicas de la institución.
- 17 de diciembre
El Ministerio Público Militar de la quince Zona comienza una indagatoria sobre los secuestros. El comandante de la quinta Región Militar, Eulalio Fonseca, señala que por instrucciones del titular de la Sedena, Enrique Cervantes Aguirre, se abrió una investigación.
- 19 de diciembre
La Procuraduría General de Justicia del Estado establece que con base en los testimonios de los secuestrados y sus familiares es presumible la participación directa de militares en los hechos.
- 20 de diciembre
En un comunicado, la quinta Región Militar admite la participación de personal castrense en los secuestros. También informa de la localización del cuerpo de Salvador Jiménez López. El cadáver presenta severos golpes y el cercenamiento de la lengua.
- 21 de diciembre
Velorio de Salvador Jiménez Sánchez. Jóvenes del lugar lanzan amenazas contra los militares. ``No te irás solo'', dicen. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Guadalupe Morfín, pide al director de la policía de Zapopan ``una explicación satisfactoria para toda la comunidad de por qué se abstuvo de intervenir durante el operativo militar''.
- 25 de diciembre
La quinta Región Militar informa que fueron 28 los implicados en los hechos de San Juan: un teniente coronel, un capitán, 11 oficiales y 15 soldados. La PGR turna la investigación del caso a la Procuraduría de Justicia Militar, argumentando que los delitos cometidos por militares en servicio no le competen.
- 9 de enero de 1998
Se dan a conocer los nombres de los militares implicados. Familiares de los secuestrados exigen la presentación de los militares ``ante la sociedad'' y piden que la PGR retome el caso.