Aunque la caída de precios del crudo ha sido más drástica en los días recientes no es nueva; sí, en cambio, la publicidad sobre ella y las apresuradas reacciones gubernamentales en la determinación de un nuevo precio de referencia para el presupuesto y su reducción. Y no es que no debieran revisarse tanto el precio de referencia del crudo mexicano de exportación como el presupuesto de ingresos y egresos, sólo que esta revisión debió ser mas razonable, menos apresurada e, incluso, por sus efectos e implicaciones, propuesta al Congreso y planteada a toda la sociedad.
Un razonamiento cuidadoso exigiría reflexionar, al menos, en la evolución que pueden tener los tres factores que ocasionan esa baja: 1. La reincorporación de Irak al mercado petrolero, incluso en estos momentos con 15 por ciento más del valor autorizado anteriormente, por lo que este sufrido país podrá exportar en seis meses crudo con un valor de casi tres mil millones de dólares, lo que a precios actuales representa cerca de un millón de barriles diarios, a diferencia de los poco más de 600 mil que representaba la resolución 986 de la ONU, que le permitía un valor semestral de dos mil millones de dólares para el programa de alimentos; 2. La situación de la oferta global de crudo, relativamente excedente por dos razones: a) la expansión de la producción de la OPEP, derivada no sólo de esa ampliación autorizada a Irak, sino de las nuevas cuotas aprobadas para el primer semestre de 1998 (27.5 millones de barriles al día, a diferencia de los 25.1 millones aprobados para el segundo semestre de 1997) y, por curioso que parezca, de las violación de estas cuotas (al menos 500 mil barriles al día a finales del año pasado); b) el crecimiento de la producción de países no miembros de la OPEP, sobre todo Canadá, China, México y Noruega (caso 400 mil barriles al día más que en 1986). 3. El tercer factor a considerar es la desaceleración de la demanda de crudo --que implica la agudización de ciertas dificultades económicas asociadas a la crisis financiera de Asia, y que se traducirá en una baja de su ritmo de crecimiento--, calculada en poco más de 300 mil barriles al día, y junto con esto hay que pensar en el nivel más bajo posible de precios y en el tiempo que este nivel puede durar, dados no sólo los costos marginales de producción de crudo sino los equilibrios geopolíticos del mundo petrolero. Al menos esto debió reflexionarse y discutirse con el Congreso antes de tomar una decisión, no sólo para determinar el mejor momento del cambio de cotización de referencia, sino el nuevo nivel de ésta, que incluso podría ser ligeramente inferior.
Así pues, de este apresurado ejercicio gubernamental deben extraerse al menos dos lecciones: 1. El Congreso debe exigir a la Secretaría de Hacienda la presentación de dos o tres escenarios alternativos de los ingresos petroleros --que aún son, lamentablemente, el principal componente de los recursos del fisco--, elaborados sobre la base de dos o tres cotizaciones distintas de la mezcla mexicana de exportación, lo que permitiría el conocimiento y la aprobación previa de las alternativas de reducción o ampliación de egresos a seguir en cada caso; 2. El Congreso debe revisar la minuta de discusión de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Sector Público para no concentrarse excesivamente (como acaso se hizo este año con el IVA) en un solo aspecto, ignorando el debate y el análisis sobre el principal componente de los ingresos del gobierno federal (24 por ciento en 1992, 27 por ciento en 1993 y 1994, 35 por ciento en 1995, 38 por ciento en 1996 y 41 por ciento en 1997), y que debieran conducir al diseño de una estrategia de mediano plazo (incluso de corto plazo, a pesar de las enormes dificultades para ello), para no hacer depender el gasto de un solo factor, en este caso el petróleo. En este espíritu, sin duda, una decisión como la que se acaba de tomar --reducir la cotización de referencia en dos dólares y, por ello, reducir los egresos de Pemex y del gobierno federal-- aparece no sólo apresurada sino incluso autoritaria y sin sustento social.