Los acontecimientos van tan rápido que 1998 está en peligro de envejecer prematuramente. El gobierno y nosotros vamos en el mismo barco. Tendremos que bogar este año entre escollos políticos y borrascas económicas. Llamamos ``capacidad de maniobra'' a nuestro pequeño espacio de navegación. Sin embargo, creo que las cosas pueden terminar bien en 1998. ¿Cómo?

1. Si se controla y supera la tendencia a la ruptura de la paz social. El gobierno no debe desviar, sino encarar la inconformidad. No debe enturbiar la conciencia pública, no debe bloquear la información, no debe intentar ganar tiempo y reducir los ``costos políticos''. Zedillo pareció coincidir con Manuel Camacho Solís. Aceptó las renuncias de quienes tenían la responsabilidad política, tanto nacional como local. Ordenó una investigación seria y se procedió a la consignación de algunos de los responsables intelectuales y materiales del crimen de Acteal. Por primera vez el Presidente actuó en serio en Chiapas.

Sería necesario que actuara en la misma forma con los demás brotes de inconformidad y de violencia que se están presentando en distintos puntos de la República. Una colaboración abierta con el gobierno del Distrito Federal podría contener y después reducir drásticamente la acción de la delincuencia profesional. Es urgente reorientar los recursos públicos hacia las zonas proclives a la violencia. A los municipios indígenas y rurales de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, sur de Veracruz y las Huastecas. Hasta hoy las grandes derramas de dineros han favorecido a los grupos hegemónicos en esas regiones.

Es necesario detener la militarización, o al menos reducirla a lo indispensable. La presencia del Ejército Mexicano en retenes y patrullas puede tener un efecto amedrentador al principio, pero resulta contraproducente al final de cuentas.

2. Si culmina la reforma del Estado. El Presidente debe convocar a los dirigentes de los partidos y a los jefes de las fracciones parlamentarias, a los líderes obreros, a los empresarios, a los intelectuales respetables, para que lleguen a 10 o 20 puntos de acuerdo en reformas que habrían de hacerse para lograr la transición a la democracia.

La reunión podría ser todo lo espectacular que se quisiera. Me la imagino en la primavera de 1998, en el Castillo de Chapultepec (que goza de bella panorámica, aire limpio y prestigio histórico). El consenso sería sólo en mínimos: las soluciones en las que todos coincidimos.

El acuerdo detonaría un segundo proceso de negociación bajo la responsabilidad del Presidente, su equipo, los jefes de los partidos y sus dirigentes más conspicuos, junto con sus asesores, quienes deberían desarrollar el ``pacto'' mínimo logrado, y trazar las grandes líneas legislativas de la reforma.

La tercera y última etapa se desarrollaría en el Congreso, que revisaría estas propuestas hasta convertirlas en reformas y nuevas leyes completas. Hasta hoy las Cámaras no han demostrado tener una capacidad técnica ni una estabilidad emocional para la discusión sobre la reforma política. Si lo intentan se empantanarían meses o años sin avances importantes.

¿Cuáles serían los temas de una verdadera reforma del Estado? Déjenme enumerar ocho vertientes:

1. Completar la reforma electoral. Deberían incluirse las figuras del plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular y (quizás) de una doble vuelta electoral.

2. Lograr el equilibrio de poderes, tanto para eliminar las facultades abusivas del Ejecutivo como para fortalecer al Legislativo y permitirle intervenir en la política económica y también en la externa.

3. Reorganizar las relaciones del gobierno federal con las entidades federativas y los municipios, redistribuir las cargas y beneficios fiscales. Esto incluiría el reconocimiento de las etnias y de sus derechos.

4. Democratizar los medios de comunicación y reglamentar para garantizar el derecho a la información.

5. Crear un aparato de exigibilidad y rendición de cuentas autónomo. No sólo para combatir la corrupción, sino para permitir la colaboración de la sociedad en el ejercicio del gobierno.

6. La reorganización completa del Poder Judicial, tanto en la procuración como en la administración y en la impartición de justicia, sobre todo la relativa al ámbito penal.

7. La reforma sería incompleta si no se preocupa por ponerle las bases a una política económica de Estado para sustentar una línea de crecimiento económico con equidad que perdure más allá de los términos sexenales. Incluso el establecimiento de garantías a las que el individuo tiene derecho por el solo hecho de existir: alimentación, albergue, atención médica, seguridad social y cultura.

8. Establecer las bases de la soberanía y la seguridad nacionales y para regular cuestiones vitales: deuda externa, acuerdos de integración económica con otras potencias, particularmente con Estados Unidos; la preservación de nuestros reductos naturales y, no en menor medida, el fortalecimiento de la identidad nacional.

Si el Presidente tiene la valentía y la visión histórica para tomar la iniciativa, es casi seguro que encuentre buena respuesta. La nave del Estado mexicano, donde vamos todos, esquivaría entonces los escollos políticos y todavía tendría que enfrentar las tormentas económicas. Sin embargo, conversaremos sobre ese borrascoso tema el próximo domingo.