Anomalías por $5 mil millones en la cuenta de 95 en el DF: Narro

Juan Antonio Zúñiga M. y Elizabeth Velasco Ť La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) introducirá reformas a la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda para fiscalizar y fincar responsabilidades con mayor rapidez a los funcionarios que han incurrido en malos manejos presupuestales y claras prácticas de corrupción, informó el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría, José Narro Céspedes, quien puntualizó que estas modificaciones serán presentadas al pleno de la ALDF en el periodo extraordinario de sesiones, que iniciará a partir del próximo 28 de enero.

``No es posible que hasta ahora estemos actuando contra funcionarios de 1995 y apenas iniciemos las investigaciones de la Cuenta Pública de 1996'', dijo el diputado del Partido el Trabajo.

Además, entre las modificaciones que serán presentadas se incluyen algunas que permitirán eliminar la paradoja de que resulte más oneroso hacer auditorías que los recursos que pretenden recuperarse por presuntos malos manejos en las partidas presupuestales, lo que abre espacios a la impunidad y la corrupción hormiga.

Narro recomendó al jefe de gobierno capitalino, Cuauhtémoc Cárdenas, actuar con cautela y no hacer públicos, hasta tener los elementos de prueba suficiente, los nombres de funcionarios que en la gestión de Oscar Espinosa cometieron toda clase de ilícitos en el gobierno central. ``Se debe evitar ponerlos sobre aviso, ya que podrían hacer uso de diversos mecanismos legales para tratar de evadir su responsabilidad'', advirtió.

Señaló que es importante que el gobierno capitalino prepare con todo cuidado los expedientes técnicos y jurídicos de quienes incurrieron en corrupción, desvío de recursos, tráfico de influencias, caos administrativo, desaparición de archivos y otros. ``Lo más correcto es que presenten denuncias sin fallas técnicas ni jurídicas a la Contraloría General del Distrito Federal y a la Comisión de Vigilancia de la ALDF para proceder legalmente'', dijo tras subrayar que independientemente de quiénes resulten involucrados, Espinosa ``no podrá eludir la responsabilidad política y administrativa'' que sobre él recae.

Las irregularidades detectadas en diversas áreas del gobierno central son similares a las que se presentaron en la ALDF cuando los legisladores locales tomaron posesión, dijo. ``Se hallaron diversas irregularidades; falta de información, equipos y materiales, por lo cual se propuso y aceptó que se llevara a cabo una auditoría por lo menos en el ejercicio fiscal de 1997''. Precisó que no obstante los obstáculos que enfrentará el gobierno perredista por eso, Cárdenas ha demostrado voluntad política para llegar al fondo, combatir la corrupción y dar castigo a los responsables.

Irregularidades por $5 mil millones

El petista informó que de la revisión de la Cuenta Pública de 1995, más de 100 ex funcionarios de los niveles medio y alto se encuentran involucrados en manejos irregulares que hasta el momento ascienden a 5 mil millones de pesos. Agregó que los casos se encuentran contenidos en 40 expedientes en los que se documentan, entre otras, las prácticas de sobrefacturación en la adquisición de vehículos comprados a un precio superior hasta seis veces su valor; obras públicas totalmente pagadas que nunca se llevaron a cabo y otras que fueron adjudicadas directamente sin la licitación respectiva, como lo establece la ley.

Los expedientes fueron entregados a la Contraloría General del gobierno del Distrito Federal ``para que sean ellos quienes presenten la documentación a la Procuraduría General de Justicia (PGJDF)'' en los casos que consideren necesario el ejercicio de la acción penal.

Por su parte, la Secretaría de Finanzas deberá determinar los montos resarcitorios al erario capitalino sobre los recursos que fueron defraudados o también insuficientemente respaldados con la documentación respectiva.

El informe final de resultados de la Cuenta Pública de 1995 incluye mil 595 recomendaciones de casos en los que se detectaron diversas irregularidades en el manejo de los recursos de ese año, de las cuales 310 se consideraron como prioritarias para una investigación más detallada; de éstas, hasta ahora se han integrado 40 expedientes que son revisados por la Contraloría Interna del gobierno para sustentar jurídicamente lo que en derecho corresponda.

De tal manera aún quedan por resolverse otros 270 casos de las 310 promociones de fiscalización sugeridas por la Comisión de Vigilancia, que preside Narro. En caso de que las irregularidades que se han detectado sean fehacientemente probadas, el ejercicio de la acción penal no prescribe sino hasta después de cinco años de realizado el ilícito. Por ahora, sólo han transcurrido más de dos. Sobre la revisión de la Cuenta Pública de 1996 --cuyos resultados se darán a conocer hasta septiembre-- Narro anunció que se incluirá la fiscalización pormenorizada del despacho de Espinosa.