Veto presidencial al derecho indígena

El mensaje presidencial, dirigido desde Nayarit a Chiapas, a la nación entera y a la comunidad internacional, revela una grave intencionalidad política y una regresión jurídica que atenta incluso contra el actual párrafo primero del artículo cuarto constitucional de los acuerdos de San Andrés.

A estas alturas, en estos días difíciles donde se espera la prueba de los hechos para validar el compromiso pactado en San Andrés con la concreción de la reforma constitucional, mal signo resulta la afirmación de que la reali-zación de obras de infraestructura ``prueban que podemos avanzar en la corrección de la desigualdad social y económica, sin caer en una nueva desigualdad ante la ley, que signifique que unos mexicanos sean tratados de manera diferente a los demás por su condición de indígenas'' (...) ``ustedes deben tener exactamente los mismos derechos que tenemos todos los mexicanos, y sería un error pensar que los problemas de los indígenas de México habrán de resolverse estableciendo una distinción en nuestra Constitución para los indígenas, tratándolos como si no fueran igual que los otros mexicanos. La respuesta está en apoyarlos, la respuesta está en mantener nuestra unidad y, al mismo tiempo, respetar sus costumbres, sus creencias, sus valores y su cultura''. Se aprovechó además para ponderar a quienes reciben apoyo gubernamental sin alimentar ``rencores'' (16 de enero de 1998, en la inauguración del Hospital General de Rosa Morada y en la de la presa de Guadalupe Ocotán, en Nayarit).

Resulta inexplicable la pretensión de olvidar que la política del Estado hacia los pueblos indígenas ha sido marginal e insuficiente y ha ubicado a los indígenas como objetos de atención y no como sujetos de derecho y de una atención que no resiste frente a la contundencia de las cifras de extrema pobreza. No se vale cuestionar a los des- plazados por no confiar en las instituciones gubernamentales, precisamente en este momento, a tres semanas de la masacre de Acteal y a unos días de los sucesos violentos en Ocosingo. ¿Cuánto han esperado los pueblos indígenas, por cuántos años y con qué resultados? El ``Ya basta'' tiene detrás una historia donde hay responsabilidad del Estado; no podemos ignorarla.

En materia jurídica el contenido del mensaje implica un veto presidencial frente al derecho indígena. Si algún concepto tiene hoy un piso constitucional firme es el de carácter pluricultural de la nación mexicana, asociado a la existencia de pueblos indígenas, no a los hombres y a las mujeres indígenas. A su vez, el convenio 169 establece derechos colectivos y no individuales.

Mucho se ha insistido en que la demanda indígena reclama derechos colectivos, derechos de pueblos, y que sus derechos individuales, los iguales a todos los mexicanos, se realizarán en la medida en que se reconozcan aquellos. También se ha señalado que la reforma constitucional pactada en los acuerdos de San Andrés sentaría las bases para que se les otorgue el derecho a la autonomía en aspectos vitales para su fortalecimiento y reconstitución como pueblos. Sabemos que parte significativa de la tensión en Chiapas se reduciría con el retiro de la contrapropuesta del gobierno federal y la aceptación de la elaborada por la Cocopa. Sin embargo, a la luz del mensaje del titular del Ejecutivo, podemos anticipar la talla de la propuesta jurídica que formará parte de la esperada estrategia gubernamental para reanudar el diálogo con el EZLN. Frente a ella sólo queda demandar que el Congreso de la Unión asuma su responsabilidad por encima de los intereses partidarios y dé prueba fehaciente de que los votos ciudadanos del pasado 6 de julio lograron, por fin, el ejercicio del principio de división de poderes.