Infimas sanciones a ex funcionarios de Conasupo
Ciro Pérez Silva Ť En 98 por ciento de los casos de peculado en Conasupo, a los funcionarios señalados como responsables se les fijaron sanciones económicas que equivalen, en el mejor de los casos, a 0.2 por ciento del daño patrimonial causado, sin que se haya presentado ninguna denuncia penal ante autoridad competente, afirmó la presidenta de la comisión investigadora respectiva en la Cámara de Diputados, Margarita Pérez Gavilán.
En un documento de unas mil páginas, titulado
A Jesús Montoya Moreno, gerente de almacén de Distribuidora Conasupo
(Diconsa) le fue encontrado un ``faltante de efectivo'' por 176
millones 66 mil 778 pesos, sin embargo no le fue aplicada sanción
económica alguna, tampoco se interpuso alguna denuncia penal y sólo
fue sancionado administrativamente e inhabilitado por dos años para
desempeñar cualquier cargo público.
Otro caso similar es el de Mario Chihuaque, gerente de almacén de la
misma filial de Conasupo, de quien se reportó un ``faltante de
fondos'' por 16 millones 37 mil 350 pesos; tampoco hubo sanción
económica ni denuncia penal y sólo sanción administrativa que lo
inhabilita por un año para desempeñar cargos en la administración
pública.
En otro caso se desviaron 250 toneladas de maíz; faltante de activo
fijo, falsificación y alteración de facturas cuyo daño patrimonial no
fue especificado y aunque no hubo denuncia penal ni sanción
administrativa el responsable pagó sólo 82 mil 323 pesos. Todos estos
ejemplos corresponden a personal de mandos medios .
``Moraleja, vamos a meter todos nuestro currículum a Conasupo, robamos
como ellos y en el peor de los casos nos sancionan con 0.2 por ciento
del daño patrimonial causado'', dijo irónica la diputada panista.
Pérez Gavilán reiteró sus acusaciones en el sentido de que la Secodam
es ``tapadera de funcionarios corruptos'', porque sanciona únicamente
a mandos medios y operativos, por lo que demandó la desaparición de la
misma.
Indicó que en la reunión que sostendrá hoy la Comisión investigadora
de Conasupo y sus empresas filiales se pedirá la comparecencia del
secretario de la Contraloría, Arsenio Farell, para que explique la
razón de las sanciones tan pequeñas que fueron aplicadas a
funcionarios a quienes se les encontró faltantes de cantidades
millonarias, falsificación de facturas y cheques, sin que se
promoviera una denuncia penal ante las autoridades correspondientes y
sólo se aplicaron sanciones económicas que no permiten recuperar
siquiera el uno por ciento del monto defraudado.
Por otra parte, denunció que la Procuraduría General de la República
se ha negado sistemáticamente a entregar a la Comisión Legislativa la
documentación requerida para continuar con las investigaciones que han
dejado en los diputados la percepción de que los responsables de la
dependencia ``algo esconden''.
La panista precisó que por consenso de los distintos grupos
parlamentarios se acordó profundizar la investigación en seis líneas
de trabajo: revisión de los contratos exclusivos de distribución de
harina de maíz celebrados entre Maíz Industrializado Conasupo
(Miconsa) y empresas de capital privado, así como la fuente de
financiamiento de los compradores de bienes propiedad de las empresas
filiales de Conasupo.
También revisar y verificar si las cuentas bancarias o cualquier tipo
de inversión con instituciones de crédito nacionales o extranjeras, de
manera directa o mediante terceros de Conasupo y sus filiales, se
utilizaron para realizar operaciones de lavado de dinero, además de
revisar el proceso de desincorporación en acciones y venta de los
activos de Diconsa Guerrero y Atlacomulco y de las plantas productoras
de Miconsa.
Asimismo, revisión de los préstamos solicitados por Conasupo y
filiales a distintos grupos financieros e instituciones nacionales de
crédito, de la importación de leche contaminada con radiactividad, y
seguimiento de las denuncias interpuestas por la PGR, el Departamento
Jurídico de Conasupo y la Secodam en contra de funcionarios de esa
paraestatal.