En su visita a Guadalupe Ocotán, Nayarit, el presidente Zedillo inauguró ``una pequeña presa'', recibió un bastón de mando de manos del gobernador huichol de ese poblado, Roque Muñoz Carrillo, y no dejó de anotar que ese gesto ``representa el brazo que une a los huicholes de Nayarit con el gobierno de la República''; que el gobierno mexicano construye ``una nueva relación con los hermanos indígenas, basada en el respeto a sus formas de pensar, sus costumbres y tradiciones''.

El mismo día en Rosamorada entregó un hospital y afirmó, según nota de Jesús Aranda en La Jornada, que ``los indígenas de México sienten orgullo de ser mexicanos, quieren trabajar unidos con todos `y no divididos' y quieren que se respeten sus derechos, su opinión y sus decisiones''. ``Lo que estamos logrando al trabajar con los indígenas de Nayarit, como en tantos otros lugares de México,'' dijo, ``prueba que la presencia de las instituciones cumple sus objetivos de justicia para las comunidades indígenas''. Suena bien, ¿no?

Cuestión de escenarios. En todo el municipio de La Yesca, al que pertenece Guadalupe Ocotán, habitan -según censo del INI- no más de mil 860 huicholes. El resto (21 mil según Inegi o 50 mil según los maestros de la SEP) se concentra en tres comunidades (San Andrés Cohamiata, Santa Catarina y San Sebastián con su anexo, Tuxpan de Bolaños) desmembradas por las fronteras artificiales de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas pero que mantienen y buscan -ellos sí- una unidad tradicional como pueblo que los ha empujado a organizarse como Unión de Comunidades, reivindicar sus derechos agrario-político-sociales y defender su territorio de los invasores ganaderos, narcotraficantes y talamontes.

No es que uno se queje de que se le haga la visita a los huicholes de La Yesca (ojalá eso los librara de los narcos que tienen a familias enteras de la zona trabajando no muy a gusto para ellos) pero es poco probable que eso le brinde al gobierno la legitimación que busca ahora que el ``asunto indígena'' --como dicen los comentaristas de la tele-- puso en riesgo el convenio con la Unión Europea.

Apenas un mes antes, las instituciones que el presidente Zedillo sostiene que cumplen con los objetivos de justicia pospusieron, mediante opinión por escrito, que Bancos de San Hipólito recupere la tierra que le arrebataron los ganaderos de San Lucas de Jalpa y que tiene a 473 huicholes --nucleados en 92 familias-- viviendo en menos de un kilómetro cuadrado, toda vez que de las 10 mil 720 hectáreas que les correspondían hoy les quedan menos de cien. Esta concentración es semejante a las densidades urbanas y es 180 veces el promedio común en La Huichola de 2.6 habitantes/km. Dicha opinión de la Procuraduría Agraria sigue poniendo en entredicho que Bancos de San Hipólito (Karitikie) se reintegre a su comunidad madre, Tateikie o San Andrés Cohamiata y sigue escindido de ésta en otro municipio (Mezquital y no Mezquitic) y otra entidad (Durango y no Jalisco) pese a que en lo agrario, lo cultural-religioso y lo político, Karitikie forma parte de San Andrés. Son instituciones también las que pretenden solucionar el problema agrario de San Sebastián ofreciéndole a los huicholes reconocimiento de la totalidad de las tierras que reclaman (32 mil 447 hectáreas), para de inmediato plantear que la oferta es poseer la mitad y el resto cambiarlo por obra pública, gasto que se entiende el gobierno pondrá por los ganaderos nayaritas posesionados en ellas --para que se queden en ellas, con ellas.

Son ya más de 40 años que los huicholes, siempre por vías pacíficas y legales, han solicitado la intervención de las instituciones, han dado a conocer sus reclamos, y han interpuesto juicios contra los invasores. El primero de agosto de 1997 las tres grandes comunidades huicholas, unidas y de acuerdo se manifestaron pacífica pero enérgicamente en Mesa del Tirador, por lo mismo. Por eso cuesta trabajo digerir la frase presidencial (``quienes obstaculizan la acción de las instituciones, lo que hacen es perpetuar las condiciones de desigualdad, lo que hacen es mantener vivo el resentimiento y el rencor para servir a intereses que poco o nada tienen que ver con el bienestar de las comunidades indígenas''). ¿Se referirá a aquellos funcionarios y jueces en materia agraria cuya política es someter a los huicholes a los usos y costumbres del Estado, no a las leyes, para no llegar a los juicios contra los invasores que dividen a las comunidades huicholas? Para el gobierno justicia, unidad, obstáculos a las instituciones, legitimación: todo es cuestión de escenarios.