El coordinador (gubernamental) para la Negociación en Chiapas, Emilio Rabasa Gamboa, anunció una ``revolución copernicana'' en la estrategia oficial para pacificar la entidad. Esta consistirá en dejar de lado la idea que primero hay que crear condiciones sociales y luego las jurídicas para resolver el conflicto. Se requiere ``no perder de vista la existencia de un orden jurídico conformado por la Constitución general, Constitución local, la Ley para el Diálogo y los Acuerdos de San Andrés''.

La perspectiva del coordinador (gubernamental) es insostenible y muestra su desconocimiento sobre la problemática chiapaneca. Primero, porque es evidente que en Chiapas no ha habido ni hay Estado de derecho. Pretender resolver el conflicto desde una perspectiva jurídica es tanto como que un calvo trate de salir de la barranca jalándose de los pelos. Al Estado de derecho en la entidad se llegará como resultado de la negociación política. Segundo, porque si bien es cierto que la Ley para el Diálogo es el marco legal para la negociación, ésta señala explícitamente que se deberán atender las ``causas que originaron el conflicto y promover soluciones consensadas a diversas demandas de carácter político, social, cultural y económico'', esto es, establece como marco de referencia para el diálogo la solución de los problemas que provocaron el levantamiento armado.

Pero más allá de lo que Rabasa declare, su jefe, el presidente Zedillo, ha dicho con claridad cuál es la verdadera política del gobierno hacia Chiapas. Y ésta se resume en dos ejes: el desconocimiento de los Acuerdos de San Andrés, y el uso de la fuerza para tratar de doblar la rebeldía indígena.

El 16 de enero, en la comunidad huichola amestizada de Rosamorada, el Presidente señaló que era un error pensar que la situación de las comunidades indígenas se resolverá estableciendo distinciones en la Constitución hacia ellos. La declaración es una flecha envenenada al corazón de los Acuerdos de San Andrés. Estos establecen el compromiso de impulsar una reforma constitucional que reconozca a los pueblos indios y un conjunto de derechos especiales. Poco importa que un día después Rabasa haya tratado de cubrir a su jefe diciendo que se refería solamente a derechos fundamentales como la igualdad y la libertad. A quién creerle, ¿al coordinador o al Presidente? Por lo demás, quizá como parte de su ``revolución copernicana'', el nuevo responsable gubernamental hacia Chiapas indicó, contra todas las evidencias disponibles, que las observaciones del presidente Zedillo a la iniciativa de ley de la Cocopa no eran el obstáculo para reiniciar el diálogo.

Días antes, el presidente Zedillo había declarado al Financial Times: ``Durante tres años hemos podido evadir cualquier confrontación entre las fuerzas de seguridad y los grupos (...) Los grupos se han opuesto a la presencia de las instituciones federales y lo aceptamos, pero fue un error. Estamos dando marcha atrás a esa política y ahí estaremos para imponer el Estado de derecho. Tuve paciencia. No quise provocar. Pero donde no estamos presentes tenemos violencia''. Como dicen los abogados: a confesión de parte, relevo de pruebas. Las afirmaciones presidenciales confirman que la presencia del Ejército Mexicano en el estado de Chiapas nada tiene que ver con el desarme de paramilitares, sino que busca romper la resistencia indígena y asfixiar a los municipios autónomos.

Ciertamente, en Chiapas hace falta una nueva revolución copernicana en el sentido en el que John Dewey daba a este término en su libro La busca de la certeza. Esto es, se requiere considerar que la finalidad de la filosofía no ``es la pesquisa de la realidad y el valor absoluto inmutables (...) sino la busca de valores a asegurar y de los que participarían todos porque se apoyaría en los cimientos de la vida social''. Esos valores están hoy expresados en la lucha por una paz con justicia y dignidad, que nazca de la solución de las causas que originaron el conflicto.

Una verdadera revolución copernica implica que sea el Estado, entendido como los tres Poderes de la Unión, y no sólo el Ejecutivo, el que se responsabilice de las negociaciones con el EZLN. Las acciones gubernamentales están lejos de caminar en esta dirección. Lo que pretenden es ganar tiempo y pagar el menor costo posible por la matanza de Acteal.

La ``revolución copernicana'' que propone Rabasa no es más que una idea fuera de foco, una declaración para los medios de un integrante de la oligarquía chiapaneca en su modalidad yuppie, habilitado como apagafuegos, que conoce el estado a través de las tarjetas postales de familia.