Ni toda la fuerza del Estado, ni todo el poder armado del Ejército ha sido suficiente para garantizar el retorno de los desplazados a sus lugares de origen y acabar con el ecocidio. ¿Qué pasa? La incapacidad del Estado mexicano frente a los grupos paramilitares surgidos del PRI y organizados por los finqueros cafetaleros y ganaderos, sólo puede tener dos razones: los paramilitares son la extensión misma del Ejército, según deja ver el Plan Militar Chiapas 94, y el desplazamiento era el objetivo central de la matanza de Acteal. ¿Por qué no sirve la fuerza del Estado para que los desplazados retornen a sus comunidades y sus tierras? ¿Por qué el gobierno trata a los paramilitares asesinos como catástrofe natural y nadie, ni Rabasa, ni Roccatti, ni Labastida, ni Zedillo se plantean la posibilidad del retorno?

Los hechos prueban que estamos frente a una política de contrainsurgencia que mediante el terror se propone que los indecisos tomen partido y las bases zapatistas se decanten y aislen del resto de la población, por ello la contrainsurgencia se disfraza de ``ayuda humanitaria'' y ``trabajo social'' en las concentraciones de desplazados, llamadas ``aldeas estratégicas''.

Desde la ofensiva federal de 1995 contra el EZLN, los desplazados han llegado a 56 mil, y su demanda central plantea el retorno y castigo a las bandas paramilitares y no la vida en el exilio pues ¿quién se beneficiará con las tierras abandonadas y arrasadas por el terror? ¿De la población desplazada saldrán los futuros obreros para los empresarios humanitarios que junto con Mullor quieren invertir en Chiapas porque habrá mucha mano de obra barata? ¿No son estas causas suficientes para rechazar la ``ayuda humanitaria'' del gobierno que busca forzar al desplazamiento para dividir a las familias y cerrar el cerco sobre el EZLN, que es su verdadero y único objetivo estratégico? En Chiapas la guerra realiza un ecocidio como ya lo ha señalado el Congreso Nacional Indígena en su última asamblea en San Cristóbal, lo cual significa el desplazamiento.

La nueva regencia de Chiapas --cómo la calificó acertadamente Antonio García de León-- es la continuación de una larga historia de finqueros y ganaderos, auténticos ``autonomistas'' frente al poder federal.

Breve historia de Chiapas y Emilio Rabasa.

Una visión no chiapaneca de los que decimos ``Chapas'', en lugar de Chiapas, deja al descubierto que la estrategia de los dueños de la vida y la tierra de Chiapas ha sido guerrear y transar con el poder central para mantener sus privilegios.

Hace 106 años fue el triunfo de los tuxtlecos sobre los cristobalenses, que en 1892 perdieron ante el poder central la residencia de los poderes del estado, según el Decreto No. 7 de Porfirio Díaz, quien resolvió que Tuxtla Gutiérrez era sede de los poderes.

En 1911 la fuerza paramilitar ``Los Hijos de Tuxtla'' desorejó chamulas en Chiapanilla; y en la disputa por la sede del poder político se aliaron los cristobalenses. En ese año, Francisco I. Madero no pudo imponer al regente Querido Moheno como gobernador interino y tuxtlecos como cristobalenses, pese a utilizar unos y otros la fuerza ``del centro'', se opusieron a toda reforma del Plan de San Luis y del constitucionalismo, manteniendo ambas fracciones el control de la tierra. Emilio Rabasa (abuelo del actual) fue el mediador del porfiriato en Chiapas logrando el pacto entre finqueros y hacendados frente a Porfirio Díaz, Madero y Carranza, ya que gozaba de gran influencia entre los grupos en pugna de 1891 a 1914. Gracias al continuo rechazo al poder federal y las alianzas, los finqueros impidieron cualquier reforma y el más mínimo cambio logrando hacer de Chiapas el museo vivo del colonialismo y el feudalismo; Chiapas no vivió el proceso de reformas surgido de la Revolución, y ahí fue lo mismo el porfiriato, el maderismo, la usurpación de Huerta, que el zapatismo y el constitucionalismo. La inmovilidad de ese estado es tan grande e intrafamiliar que ahora la mediación para la unidad interna de los dueños de Chiapas está en manos de las mismas familias y cien años después Emilio Rabasa es el nuevo negociador de los grupos de poder, surgido por la presión externa. A nombre de Zedillo busca unificar y coordinar la defensa chiapaneca en la guerra agraria, religiosa y contra la población indígena insurreccionada, pues en ese estado el gobierno federal y el ejército han tomado claro partido en favor de los dueños de la tierra, las fincas cafetaleras y los ganaderos racistas que defienden su ``autonomía'' para mantener la estructura agraria y política que les proporciona el poder. Estos auténticos chiapanecos que saben decir ``Chiapas'', pero que no saben pronunciar ni conocen el significado de las palabras justicia y derecho, son los mismos de hace 300 años, por eso ha regresado Emilio Rabasa.