Prioritario, detener la escalad a violenta, dice el nuevo negociador

José Gil Olmos, enviado, San Cristóbal de las Casas, Chis., 19 de enero Ť Recién llegado al díficil encargo de resolver el conflicto armado en Chiapas, Emilio Rabasa Gamboa asegura que, en primer lugar, hay que detener la escalada violenta de ``enfrentamientos múltiples'' a raíz del vacío que crea la suspensión del diálogo con el EZLN desde septiembre de 1996. Luego de recuperar la confianza perdida y alcanzar la reconcialiación, advierte que hay que alcanzar un ``hito'' en la historia del país: resolver pacíficamente por primera vez un levantamiento armado.

``Es hora de cambiar las balas por las palabras'', asegura al ser entrevistado después de concluir su primera visita a Chiapas, en la que habla de establecer una estrategia ``incluyente'' para resolver el conflicto armado, fortalecer las Comisiones de Concordia y Pacificación (Cocopa), y Nacional de Intermediación (Conai), aceptar la participación de sectores locales y de organizaciones no gubernamentales que han estado presentes en los cuatro años del levantamiento armado.

Sin embargo, el coordinador del gobierno federal para el diálogo y la negociación en Chiapas, rechaza la intervención de una instancia internacional porque ``sería suponer ante el mundo que México no es capaz de resolver el problema''.

Emilio Rabasa Gamboa, chiapaneco de nacimiento pero formado políticamente en la ciudad de México, razón por la cual es criticado entre los círculos políticos locales que los consideran ajeno a la realidad estatal, se muestra sumanente confiado en reactivar el diálogo con el EZLN y alcanzar la pacificación en Chiapas.

No obstante, reconoce limitaciones para resolver cuestiones fundamentales como el crecimiento de las tropas del Ejército Mexicano en zonas claramente identificadas con el EZLN. Esto, dice, es facultad del presidente de la República como comandante de las Fuerzas Armadas, y del secretario de la Defensa Nacional.

Hay sectores ``hartos'' de que las soluciones vengan del centro

En sus dos días de estancia, el negociador federal para el proceso de pacificación en Chiapas, tuvo encuentros con cuatro actores importantes en el escenario del conflicto: el obispo y presidente de la Conai, Samuel Ruiz García; un grupo de 30 empresarios; con los partidos políticos representados en el Congreso local, y con el nuevo gobernador, Roberto Albores Guillén.

Luego de estos encuentros reconoció que son dos las diferencias entre el Chiapas de 1994 y el actual. Primero la participación de multiples actores y el surgimiento de una situación de enfrentamiento múltiple con altos grados de violencia y con la aparición de grupos armados. En segundo lugar, la politización de algunos sectores chiapanecos que exigen participar directamente en la nueva estrategia gubernamental del proceso de pacificación, al manifestar que están ``hartos'' de que las soluciones vengan del centro.

Entrevistado camino a San Cristobal, mientras viaja por la carretera montañosa en la que se puede observar a filas de mujeres y niños cargando hasta 20 kilos de madera de una manera tan cotidiana que pareciera formar parte del paisaje, Rabasa Gamboa advierte el momento de crisis que vive la entidad.

-¿Cómo enfrentarlo?

-De dos maneras. En primer lugar, y como paso primerísimo, deteniendo la escalada de violencia; tenemos que parar de inmediato el deterioro del tejido social que se está dando en Chiapas y revertirlo. Mientras esto no lo consigamos, no va a poder haber diálogo, ni negociación, ni intermediación, nada.

Para lograr esto, habló de varias acciones: aplicar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos únicamente a los grupos armados; establecer una estrategia política incluyente, fortalecer las instancias de intermediación (Cocopa y Conai) y reconocer la importancia clave de la figura del obispo Samuel Ruíz García.

Samuel Ruiz, pieza clave en la necesidad de erradicar la violencia

Respecto a la Cocopa y la Conai, Rabasa rechaza las voces que han pedido su sustitución mediante reformas a la Ley para el Dialogo, la Conciliación y la Paz digna en Chiapas. ''Me parece que sería una estrategia equivocada porque han demostrado su eficacia al llegar a los diálogos de Larráinzar'', precisó.

En tanto que al referirse a la figura del obispo y presidente de la Conai, Samuel Ruiz, sostuvo que ``es una pieza clave en esta necesidad de erradicar de inmediato la violencia y crear condiciones que nos permitan acercarnos al dialogo y la negociación''.

A pesar de su negativa de crear nuevas instancias de pacificación, aceptó que puedan participar aquellas organizaciones sociales nacionales que de buena fe y de manera espontánea quieran coadyuvar al proceso de paz.

Sin embargo, precisa de inmediato: ``A lo único que me opondría, y lo digo con toda sinceridad, es que se pretenda encontrar una instancia de intermediación internacional. Es un problema de México, de los mexicanos, que debemos resolver entre nosotros.

``No nos cerramos a escuchar puntos de vista de organizaciones internacionales ya acreditadas, a dialogar con ellos e incluso hasta tener en cuenta las presiones que puedan hacer para la solución del problema. Pero incorporarlas como tales, como una suerte de mediación internacional, creo que sería un equivoco, tendría un precedente de graves consecuencias para el país porque, entre otras cosas, haría suponer ante el mundo que México no es capaz de resolver este problema''.

Frenar a los grupos armados, con la exclusión del EZLN

Cuestionado sobre la aplicación selectiva de la Ley de armas a comunidades zapatistas y no en las zonas Norte y Los Altos, donde operan grupos paramilitares, Rabasa advierte que estos últimos ``se han enseñoreado con el ambiente de violencia'' y reconoce que no se ha clarificado el origen y el apoyo que tienen. No obstante se centra en que se necesita de inmediato aplicar la Ley de Armas.

-Pero esto no ha sido equitativo porque no se ha aplicado a comunidades denunciadas como refugio de los grupos paramilitares.

-Creo, sostiene Rabasa, que hay que aplicar la ley en donde haya ese tipo de grupos y desarmarlos de inmediato. Es una flagrante violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y es un factor de violencia muy grande. Al decir esto quiero hacer la aclaración de que esto no incluye al EZLN para el cual existe la ley del dialogo aprobado por el Congreso de la Unión.

Para el representante del gobierno federal en el dialogo de pacificación del conflicto chiapaneco, la afirmación del EZLN de que se viola la Ley para el Diálogo con la aplicación a sus comunidades de base de la Ley de Armas, es ``un señalamiento genérico impreciso'', porque se trata de una aplicación de la misma ley para el dialogo.

``Creo que la interpretación deriva de la suspensión del diálogo. Al suceder esto se crea un vacío que habían llenado las negociaciones y el diálogo mismo. Creo que es peligroso que en una situación que había llenado el diálogo, al suspenderse ese vacío se propicia el caldo de cultivo para el surgimiento de todas estas expresiones de violencia'', aseveró Rabasa.

Sin embargo, precisa que hasta el momento no tiene una definición para dar un consejo sobre el retiro de las tropas militares de ciertas zonas de influencia zapatista, ``porque es un tema tan sensible y delicado que se requiere analizar y conocer muchos puntos de vista''.

Argumenta que los acuerdos de San Andrés no son ley

``Existe la idea de que si los acuerdos de San Andrés se firmaron se tienen que cumplir de inmediato, pero quiero aportar un punto de vista jurídico. Los acuerdos no son ley'', insiste en explicar Rabasa Gamboa cuando aborda el tema que tiene suspendido el diálogo de paz en Chiapas desde hace más de un año.

Explica que dichos acuerdos firmados el 16 de febrero de 1996 tienen que pasar por el Congreso de la Unión, porque de acuerdo a la Constitución, las propuestas de reformas a las leyes tienen únicamente como origen al Ejecutivo Federal o el Legislativo.

-¿Pero ya no es renegociar?

-Renegociar los acuerdos de Larráinzar por supuesto que no, no existe el animo de volver a sentar a las partes a renegociar lo ya firmado. La intención es que el diálogo siga caminando hacia las mesas que no se concluyeron, pero donde ya se negociaron y ya se firmaron hay que cumplirlos. Por eso el secretario de Gobernación habló de tecnicas jurídicas, a eso se estaba refiriendo. Esto es, decir cuál es la tecnica jurídica más adecuada para que esos acuerdos se traduzcan en norma constitucional y en ley. Pero no existe, hasta donde yo sé, la intención de una renegociación.

Rabasa Gamboa insistió en que el presidente Zedillo sólo hizo ``observaciones'' a la iniciativa elaborada por la Cocopa en materia de derechos y cultura indígenas y no elaboró una ``contrapropuesta''.

Dichas observaciones, dijo, se hicieron porque hay algunas contradicciones jurídicas y constitucionales.

``Esto en técnica jurídica se llama limitación a la creación de la norma inferior. Cuando el órgano que va a crear la ley recibe una iniciativa tiene que tomar en cuenta las limitaciones que le impone la norma superior. Así sucedió con los acuerdos de Larráinzar'', señala al tomar como ejemplo la propuesta de establecer sólo la propiedad comunal en las comunidades indígenas.

``¿Cómo podemos hacer compatible el regimen de propiedad comunal a que se refieren los acuerdos de Larráinzar, con el regimen de propiedad que establece el artículo 27 Constitucional, que consigna también la propiedad privada, aun para los pueblos indígenas? Tal y como está ahora el artículo 27 sería anticonstitucional una ley que dijese algo así como que en las comunidades indígenas solamente va a prevalecer la propiedad comunal y ninguna otra. Un precepto de esta naturaleza chocaría con el 27 constitucional''.

Con esto argumentó que el presidente Zedillo proponga una ``revisión'' a la iniciativa de ley elaborada por la Cocopa. Aunque precisa que al proponer dicha revisión en realidad se quiere la ``compatibilización'' de esta iniciativa de ley con el orden jurídico existente y con la Constitución.

Sobre el agotamiento del mecanismo de diálogo en San Andrés Larráinzar, el negociador oficial acepta que es necesario cambiarlo, incluso hasta de sede y afirma que lo prioritario no es el formato, sino recuperar el diálogo entre las partes.

Para ello reconoce la necesidad de superar la enorme pérdida de desconfianza mutua entre el EZLN y el gobierno federal y alcanzar lo que muy acertadamente comentó Pablo González Casanova: lograr un hito histórico de solucionar un problema indígena ancestral por la vía pacífica y no por las armas.