Las graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos en México, y en especial la masacre de Acteal en Chiapas, son hechos que inevitablemente produjeron una conmoción en el mundo entero.

La reacción de repudio ante la masacre por parte de prestigiadas instancias internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, es completamente natural. Se debe a muchas razones, entre ellas la creciente interrelación económica y política de México con el mundo entero. Interrelación que, dicho sea de paso, es el resultado de una política gubernamental de larga data que nos llevó a firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá, para no hablar de la reciente suscripción de un acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación con la Unión Europea, que incluye una cláusula en la que las partes se obligan a respetar las normas de la convivencia democrática y los derechos humanos.

No debe sorprendernos, entonces, que en el Congreso de Estados Unidos se opine sobre la situación gravísima en Chiapas, y que el Parlamento Europeo haya emitido una resolución de condena al gobierno por la masacre en Acteal. Es evidente que esos parlamentarios estuvieron en todo su derecho de expresar su opinión y dudas respecto a la conveniencia de tener a México como socio.

Tampoco debe escandalizarnos la preocupación en la ONU y en la OEA --con quienes hemos suscrito más de tres decenas de tratados de protección de los derechos humanos, todos ellos obligatorios--, o que el Comité Internacional de la Cruz Roja ofrezca intervenir en el conflicto chiapaneco de acuerdo con los Convenios de Ginebra que nuestro país firmó hace más de 45 años.

A pesar de esas realidades incontrovertibles, diversas voces, provenientes en su mayoría del PRI, han vociferado su más ``profundo rechazo'' a lo que llaman ``injerencias extranjeras en el conflicto de Chiapas'', y pretenden asustarnos con los fantasmas del intervencionismo del siglo XIX.

A partir del banderazo de salida para esa cacería xenofóbica, publicado hace unos días en un desplegado suscrito por el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, se escuchan como en cascada voces que condenan todo esfuerzo internacional por encontrar una salida pacífica y civilizada al conflicto armado en Chiapas. Una de las más recientes es la descalificación del excelente informe de Joel Solomon y Sebastian Brett, sobre la violencia rural en México, con el que Human Rights Watch quiso advertir, desde abril de 1997, al gobierno federal sobre las consecuencias de su política omisa hacia los atropellos de los grupos paramilitares en Chiapas. A sus autores se les acusa también de intervencionismo en los asuntos internos de México, sólo por haber apelado a las obligaciones internacionales de nuestro país en materia de derechos humanos, las que, dicho sea de paso, son ley suprema de la Unión, según reza el artículo 133 de la Constitución.

Es curioso que esos presuntos defensores de la soberanía nacional sólo se ocupen de este importante tema cuando se trata de críticas, legítimas y fundadas en derecho, a las políticas de Estado que atentan contra la vida y la integridad física de los mexicanos. En cambio, no parece producirles ningún problema la pérdida real de soberanía cuando el gobierno admite la intervención en las políticas públicas y la conducción económica del país del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, cuando admite que la DEA realice investigaciones en México, o cuando acepta ayuda militar de Estados Unidos con el pretexto de combatir el narcotráfico.

Todos los países están expuestos al escrutinio internacional. La diferencia es cómo la enfrentan. Es lamentable que el gobierno mexicano y algunos miembros de su partido utilicen los mismos argumentos que los países con las historias más negras en materia de derechos humanos, como China o Nigeria.

Acudir a instancias internacionales para defender derechos humanos, no es, ni en el más remoto de los casos, pretender que intereses extranjeros se posesionen del país; es simplemente utilizar recursos, considerados válidos en el sistema jurídico mexicano, cuando se alegue la violencia de uno o más derechos.

Aquí se defiende algo hasta con los dientes. ¿Es la soberanía o son intereses particulares con un discurso xenofóbico?