``Amenazada'', la juez Campuzano; malinforman a Del Villar, señala

Humberto Ortiz Moreno Ť ``Como mujer y abogada'', María Claudia Campuzano Caballero dijo anoche que teme por su vida porque ha sido amenazada vía telefónica y en la calle por ciudadanos; responsabiliza a la PGJDF de lo que le ocurra a ella o a su familia, y calificó los ataques de la institución en su contra como producto de la malinformación de subordinados al procurador Samuel del Villar.

Ya con abogado a su lado para defenderse en caso de ser inculpada por el MP, la juez 49 de lo penal estableció que no dicta resoluciones por complacencia hacia o para el MP, ni por satisfacer un ánimo social originado de la manipulación dolosa de la información sobre la realidad de un acontecimiento de tipo penal.

Remarcó la funcionaria, con ironía, que no por meter a la cárcel a cinco asaltantes terminará la inseguridad en la capital. ``¿Por qué se espanta usted de que sólo haya cinco que soltó un juez equis...? Su presencia en la calle no significa que la ciudad sea menos o más peligrosa. No me puedo dar el lujo de detener a alguien sólo porque es peligroso. Imagínese, ahorita todos estaríamos en prisión...''.

Y anunció que defenderá su nombre, reputación y honor emprendiendo acciones legales en contra de ``todos aquellos'' que la difamaron, a fin de que el pueblo conozca la verdad de las actuaciones que obran en la causa penal relacionada con el deceso de Peter Zárate.

Desde el mezzanine de lujoso restaurante de la Zona Rosa, en rueda de prensa convocada a última hora, la juez 49 de lo penal dijo que seguirá conociendo el expediente del ``que se ha dado por llamar caso Chucky''.

Reiteró que su resolución para liberar a Alfonso González Sánchez, alias El Chucky, y secuaces, tuvo como sustento la ley, ``pues al momento de emitirla los elementos de prueba aportados por el MP, además de no acreditar en ese momento que estas personas hubieren privado de la vida al señor Zárate, y los de orden técnica que la PGJDF elaboró, ``me acreditaron que las supuestas confesiones que aparecen vertidas en los autos no tienen el valor probatorio que, como prueba confesional, se les pretende otorgar...''

A su juicio, el dictamen de la Sala 12 del Poder Judicial confirma, en forma ``innegable'', que ``México camina con paso firme hacia la consolidación de un verdadero estado de derecho'', pues, según ella, se dictó una resolución ``defendiendo la legalidad y exaltando la autonomía entre dos poderes''. Denostó a Ignacio Burgoa Orihuela, quien la calificó de ``desquiciada mental'', porque manchó y deshonró al sistema judicial.