La Jornada 21 de enero de 1998

Las resoluciones emitidas por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) en torno a las irregularidades, fraudes y faltantes detectados en Conasupo resultan totalmente desproporcionadas e insuficientes, tanto por la magnitud de los ilícitos cometidos en la paraestatal como porque sólo se sancionó a funcionarios de nivel medio y operativo con inhabilitaciones administrativas y multas económicas --por un monto, cabe recalcar, equivalente apenas al 0.2 por ciento de los daños patrimoniales-- y sin que se ejercitara denuncia o acción penal en contra de los acusados.

Resulta alarmante que la Secodam haya impuesto sanciones de tan escasa significación a individuos responsables de irregularidades tan graves como las reportadas en Conasupo, no sólo porque con ello se generan sospechas y suspicacias en la opinión pública sobre la existencia, en esa secretaría, de una actitud de tolerancia y permisividad ante el desvío y malversación de recursos públicos, sino porque, como lo han expresado legisladores de la comisión investigadora de Conasupo, podría estarse encubriendo a funcionarios corruptos de niveles jerárquicos superiores.

Por añadidura, el ínfimo monto de las penas económicas impuestas a los servidores públicos sancionados por cometer fraudes y desfalcos millonarios, y el desistimiento implícito en la resolución de la Secodam de realizar denuncias penales por estos hechos, hace desmerecer notoriamente la labor de vigilancia y fiscalización de esa dependencia pues, por un lado, se conculca la posibilidad de recuperar los recursos públicos defraudados --cuyo destinatario principal y legítimo son los grupos sociales más desfavorecidos-- y, por el otro, se estaría vulnerando la vigencia de la ley, ya que es a todas luces inaceptable que actos de corrupción plenamente comprobados y documentados no sean castigados por las instancias judiciales conforme a derecho.

En este contexto, es indispensable que la Secodam explique a fondo las razones del procedimiento de sanciones aplicado en el caso Conasupo, imponga, a todos los funcionarios involucrados, castigos acordes con los delitos cometidos y formule las denuncias penales correspondientes para que a las resoluciones de la dependencia fiscalizadora del Ejecutivo --una vez corregidas para hacerlas equiparables a la gravedad de los ilícitos-- se adicionen las dictadas por los tribunales.

Por último, cabe exigir que la PGR atienda de inmediato y a cabalidad las denuncias formuladas por la presidenta de la comisión investigadora de Conasupo de la Cámara de Diputados, Margarita Pérez Gavilán, en el sentido de que la Procuraduría se ha negado a entregar la documentación necesaria para continuar con las investigaciones del caso, y proceda a la entrega de todos los elementos necesarios para dar seguimiento --sin trabas y con la libertad con que la ley faculta a los legisladores-- a las pesquisas legislativas enfocadas a identificar las características, los montos y los responsables de todos los ilícitos cometidos en la paraestatal.