El gobierno federal está por anunciar su nueva estrategia en relación con el proceso de paz en el sureste mexicano. Nuestra esperanza sigue puesta en que las esferas gubernamentales acaben con ese doble lenguaje que en el fondo busca eliminar a los zapatistas y a todos los indígenas que constituyen sus bases de apoyo. Mientras esperamos, los signos de esta nueva estrategia no parecen alentadores a juzgar por las recientes declaraciones del presidente Zedillo en territorio huichol al afirmar que ``sería un error pensar que esta problemática habrá de resolverse estableciendo distinciones en nuestra Constitución para los indígenas, tratándolos como si no fueran igual que los otros mexicanos''.

Se diría que con estas afirmaciones el Presidente obvia una serie de hechos que son una realidad en el contexto internacional: 1. Uno de los principios, valores y derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna es la igualdad que, según juristas, implica dos mandatos complementarios: tratar los casos semejantes de la misma manera y abordar los casos diferentes de distinta forma. Lo único que el principio de igualdad no ampara, sino que por el contrario, prohíbe, es el trato discriminatorio, el privilegio; 2. El derecho a la libre determinación de los pueblos ha sido recogido en numerosos documentos de Derecho Internacional y aun se ha postulado que se trata de un derecho humano fundamental. Se ha insistido mucho en que la libre determinación puede expresarse de diferentes maneras y que una de ellas es la autonomía al interior de un Estado ya existente; 3. En muchos países (Nicaragua, Dinamarca, España) funcionan pacíficamente regímenes autonómicos. En el caso español, se ha constatado que las autonomías han vitalizado la política local, han aproximado la administración a los ciudadanos y permitido una mejor distribución del poder político y de los recursos económicos del Estado, lo cual fortalecido la unidad de esa institución. No hay que confundir el concepto de unidad con el de uniformidad.

Nuestro entender y nuestra memoria nos dicta que una razón básica que cimenta los derechos indígenas --y en concreto, la demanda de autonomía-- es haber sido ignorados y marginados históricamente. Mientras las leyes han establecido la supuesta igualdad entre todos los mexicanos, en la práctica real las instituciones del Estado no nos han servido a los indígenas, y hemos sido sometidos a una total situación de desigualdad desde la Colonia. Por ello, es preciso instituir una asimetría positiva entre pueblos indígenas y los sectores sociales del Estado Mexicano, que haga posible que paulatinamente nos vayamos equiparando al resto de la nación en el disfrute de prerrogativas de que gozan nuestros compatriotas no indios. Lo anterior no implica crear desigualdades entre mexicanos, sino paliar las existentes. Para lograrlo es preciso digerir que antes del establecimiento del Estado Mexicano los pueblos indígenas existíamos en estas tierras y teníamos una historia, religión, cultura, educación y lengua propias, entre otros elementos intrínsecos al ser de pueblos. Hoy nuestros pueblos mantienen su propio sistema de vida, que se traduce en estructuras políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, lo cual nos debe hacer sujetos de reconocimiento y respeto por parte del Estado, quien hasta ahora jurídica y prácticamente ha negado nuestra existencia. Frente a los nuevos desafíos y los grandes problemas, y conforme a los postulados anteriores, es importante que el gobierno asuma la responsabilidad de hacer un reordenamiento jurídico, político, territorial, cultural y económico, no sólo para satisfacción de nuestras aspiraciones sino como un gesto que contribuirá a legitimar su existencia. Es preciso entender que, en el marco del reordenamiento integral del Estado y bajo la demanda de la libre determinación mediante la autonomía, la aspiración de nuestros pueblos no es constituirse en nuevos Estados, sino alcanzar el reconocimiento y respeto que merecemos en tanto somos los primeros pobladores de estas tierras y territorios y en virtud del principio de que ``el primero en tiempo, es primero en derecho''.

Planteadas así las cosas ¿por qué seguir utilizando la máscara de la igualdad formal para ocultar las profundas desigualdades que existen en la realidad? ¿Quién ha propiciado el alejamiento de las instituciones en nuestros pueblos? ¿Los que la han diseñado --el gobierno-- o las víctimas de dichos aparatos --zapatistas e indígenas--? ¿Quién fomenta la secesión o la balcanización en México? ¿Los que pensamos que la autonomía es un mecanismo para la necesaria democratización o aquéllos que la denigran y consideran un desacierto político?

Insistimos en que el diálogo y el respeto a la igualdad en la diversidad, son las bases para dirimir los problemas y diferencias en un régimen que se dice democrático y que pretende hacer realidad principios como la justicia y los derechos humanos. Recordemos que ``el que pega no hace sino demostrar su extrema debilidad política'' y que ``no cumplir la palabra es descartar toda posibilidad de salida pacífica''. Recordemos también que la paz en México está en juego. No juguemos más con ella.