Cada ocasión que el conflicto chiapaneco revienta, el gobierno federal sale en defensa de su tesis, según la cual el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas rompe con la igualdad de todos los mexicanos, atenta contra la soberanía, y desintegra el territorio nacional. Esta vez ha sido el propio Presidente de la República, en una reunión con indígenas coras y huicholes de Nayarit, quien expresó que sería un error pensar que los problemas de los indígenas se resolverían estableciendo distinciones en nuestra Constitución ``tratándolos como si no fueran igual que los otros mexicanos''. Al siguiente día, el coordinador de la Secretaría de Gobernación para el diálogo en Chiapas ``aclaró'' que el Presidente se refirió a la libertad e igualdad.

En este argumento se sigue confundiendo lo que ellos creen que los indígenas de México estamos exigiendo con lo que son nuestras verdaderas demandas y, más grave todavía, lo que es la igualdad como un principio ético con lo que representa la igualdad jurídica.

El movimiento indígena, marcadamente el Congreso Nacional Indígena (CNI), jamás ha planteado dentro de sus reivindicaciones que a los indígenas se nos otorguen derechos de los que no goza el resto de la población mexicana; lo que ha dicho es que para poder ejercer los derechos consagrados en el sistema jurídico mexicano debe reconocerse que los pueblos indígenas, por ser diferentes entre ellos y el resto de la población, necesitan ser tratados de manera distinta. ¿Qué pensaría, por ejemplo, cualquier funcionario de los que se oponen a esto, si un día se le juzgara en un idioma diferente al suyo, o se le obligara a elegir sus autoridades de manera distinta a la que él cree es la correcta, o se le educara en una lengua que no entiende? Seguramente pegaría el grito en el cielo y diría que los indígenas somos unos salvajes. ¡Esa es precisamente la manera como los no indígenas nos tratan actualmente y contra ella estamos luchando! Los mismos derechos para todos, sí, pero ejercidos de forma diferenciada, de manera que todos tengamos las mismas oportunidades para acceder a ellos. Para que esto sea posible es indispensable reconocer que la población del Estado mexicano se integra por individuos y pueblos, que estos últimos no están reconocidos y sus derechos han sido ignorados. Ya no queremos que esto suceda.

Esta demanda no representa ningún disparate ni es invento de líderes indígenas que nada tienen que ver con la realidad indígena, como también nos han dicho. Desde la época de los griegos ya se hacía diferencia entre ideal igualitario y la igualdad como justicia. Identificaban a la primera con un postulado básico: vivir con arreglo a la naturaleza, principio que impone a todos los hombres la obligación moral de actuar conforme a una recta ratio, con reglas de conducta generales, que debieran ser respetadas por todos. De ella deriva la idea de que todos los hombres nacemos libres e iguales en derechos.

Sin embargo como principio de justicia, la igualdad sólo puede existir entre personas cuando son tratadas de la misma manera cuando se encuentran en las mismas circunstancias y sus relaciones, son reguladas por reglas fijas, y de manera distinta cuando son diferentes. A esto se refiere la igualdad jurídica y es lo que reclamamos. Mas lo anterior no puede traducirse como ``lo mismo para todos'' sino que los iguales deben ser tratados como iguales y los desiguales de manera desigual, con base en sus diferencias relevantes.

La igualdad jurídica no significa que todos los seres humanos tengamos los mismos derechos en cualquier circunstancia, ésa es una idea ligada a la igualdad entendida como un ideal igualitario y jurídicamente es inconcebible, porque se refiere a un estado de naturaleza, y al derecho le interesa la realidad social y más concretamente regular la conducta de los hombres en sociedad.

Los gobernantes no deberían olvidar las diferencias entre la igualdad como ideal y como principio de justicia, ni la esencia de las demandas indígenas con lo que ellos creen que reclamamos, porque luego la realidad los desmiente. En diciembre de 1996, para opacar su rechazo a cumplir los acuerdos de San Andrés montaron un escenario en donde, supuestamente, se hacía justicia a los pueblos yaquis de Sonora. Hoy, esos pueblos demandan el amparo de la justicia federal por aquellos hechos que, se suponía, era para llevarles justicia.