Hoy se cumple un mes de la operación de exterminio perpetrada en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, en la que 45 indígenas desplazados fueron asesinados por integrantes de un grupo paramilitar. La fecha del 22 de diciembre, los nombres geográficos, el saldo de la matanza, las condiciones en las que sobreviven miles de perseguidos por el terror oligárquico y contrainsurgente han recorrido el mundo, han conmovido a innumerables conciencias de México y del extranjero, han suscitado numerosas, diversas y contundentes expresiones de condena.

Lo ocurrido en Acteal fue un crimen anunciado. Desde muchos meses antes, partidos, organizaciones civiles, medios de información y líderes de opinión habían venido alertando sobre los graves peligros de muerte que se cernían sobre las comunidades de desplazados en diversas regiones chiapanecas, sobre la necesidad de reactivar el proceso de paz en la entidad y el diálogo entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, así como sobre la urgencia de avanzar en la solución de las causas profundas que dieron origen a la insurrección indígena de enero de 1994.

Sin embargo, las autoridades -tanto las federales como las locales- expresaban su convicción de que las razones sociales del alzamiento zapatista estaban, básicamente, resueltas, y que la situación en Chiapas era estable y se encontraba bajo control. El operativo de exterminio del 22 de diciembre mostró las dimensiones de esos errores de percepción o de discurso y evidenció la necesidad de un cambio radical en las políticas y actitudes oficiales ante el conflicto chiapaneco: bloqueo de la iniciativa de la Cocopa de modificaciones legales sobre derechos y cultura indígenas, mantenimiento de la agresiva presencia militar en las regiones zapatistas, ninguneo al EZLN y sistemático achicamiento de la Cocopa y la Conai.

En los treinta días transcurridos desde la matanza, el gobierno ha dado algunos signos de cambio de actitud: se destituyó al gobernador chiapaneco y al secretario de Gober- nación, se capturó a algunos de los presuntos responsables materiales de la matanza y se anunció una nueva política federal hacia Chiapas. Por desgracia, tales signos han sido neutralizados por las mucho más contundentes muestras de inmovilismo, las contradicciones entre funcionarios, la confusión expresada -y propiciada- por el gobierno ante temas como el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y, sobre todo, por la persistencia de las acciones militares provocadoras y hostiles contra de comunidades zapatistas.

En suma: salvo por los recambios en Gobernación y el gobierno de Tuxtla Gutiérrez, movimientos que hasta ahora han resultado meramente cosméticos, y a excepción de una perceptible intensificación y multiplicación de boletines y discursos en los que se anuncian acciones, programas y recursos para ayudar a los indígenas de Chiapas, las autoridades parecen empeñadas en enfrentar el conflicto con la fórmula de más de lo mismo, a pesar del clamor de la sociedad civil, del desgaste de la imagen nacional en el extranjero, y a contrapelo de las múltiples voces de todo el espectro político del país que demandan un giro radical en las actitudes y percepciones gubernamentales. Sólo como ejemplo, cabe señalar que ayer Santiago Creel, del PAN; Pablo Salazar Mendiguchía, del PRI; Gilberto López y Rivas, del PRD, y Alberto Anaya, del PT, entre muchos otros, reiteraron la necesidad de que el gobierno atienda de manera coherente y decidida la explosiva situación chiapaneca.

En tanto no se manifieste una voluntad de hacer justicia y castigar a los autores intelectuales del exterminio de Acteal; en tanto no se disuelva y desarme a los grupos paramilitares; en tanto no se reconozca la necesidad de desmantelar las estructuras oligárquicas y caciquiles chiapanecas; en tanto el Ejército siga intimidando y hostigando a las comunidades zapatistas, y en tanto no se avance en la inclusión de los acuerdos de San Andrés en la legalidad nacional, el peligro de una nueva matanza de inocentes sigue presente en Chiapas. ¿Será necesario que la sangre vuelva a correr para que el gobierno se decida a actuar en la dirección requerida?

La visita del papa Juan Pablo II a Cuba y su encuentro con Fidel Castro bien pueden considerarse como acontecimientos históricos, no sólo porque ambos personajes han sido representantes de posturas ideológicas tradicionalmente enfrentadas, sino porque la presencia de Wojtyla en la isla podría ser un factor para la distensión y apertura política en Cuba y para el levantamiento del bloqueo estadunidense, que ha violentado los principios del derecho internacional y sumido a la nación caribeña, especialmente tras la desaparición de la Unión Soviética, en una grave situación de penuria económica.

Además, la visita papal seguramente reavivará el sentimiento religioso de los cubanos -confinado desde los primeros años del régimen revolucionario al interior de los templos y a ceremonias y prácticas privadas- y podría tener impactos positivos en materia de ampliación de las libertades y defensa de los derechos humanos.

Si bien no puede atribuírsele a Wojtyla el crédito por estos posibles -que no seguros- sucesos, ni puede afirmarse de manera inmediata que su viaje a Cuba represente un parteaguas en la historia reciente de la isla, lo cierto es que su visita ha producido ya algunos acontecimientos inusitados: la apertura de los medios de comunicación cubanos a las actividades papales y la emisión de mensajes de índole religiosa, la reunión de grandes multitudes humanas en actos públicos de signo distinto a los encabezados por Fidel Castro y las condiciones de tolerancia y libertad en las que, al menos en promesa, habrán de llevarse a cabo las actividades del Papa.

Por otra parte, el llamado del obispo de Roma para que ``Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba'' podría tener repercusiones importantes en Estados Unidos, sobre todo entre los grupos del exilio cubano que, ante el posible fortalecimiento del régimen de Castro derivado de la gira papal, podrían ver reducidos sus márgenes de maniobra, divididas las opiniones en torno a la política seguida hacia el régimen revolucionario cubano, y mermados los apoyos que reciben de instancias públicas y privadas, tanto estadunidenses como de otras naciones.