Formal prisión a los 22 policías que dispararon contra manifestantes

Angeles Mariscal, corresponsal y DPA, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 21 de enero Ť El juez tercero del ramo penal, Guillermo Domínguez Espinosa, decretó auto de formal prisión a los 22 policías detenidos por la agresión contra manifestantes de Ocosingo ocurrida el pasado 12 de enero. Los uniformados son acusados de homicidio, abuso de autoridad y lesiones, según la causa penal 15/98.

Los policías apelaron al dictamen, sin embargo, debido a que los delitos que se les imputan son considerados como graves, no alcanzaron fianza. Los inculpados podrían alcanzar penas de 25 a 40 años.

Al ampliar su declaración, 13 de los policías detenidos señalaron a uno de sus compañeros, José Luis Monrigot López, como el que efectuó el disparo que diera muerte a la indígena Guadalupe Méndez.

No obstante, el juez consideró los dictámenes periciales de las armas con que los policías dispararon, las declaraciones de los reos y los careos entre los mismos inculpados, concluyendo que presumiblemente la totalidad de los 22 policías son responsables de los delitos mencionados.

Informó el juez que continúa el periodo de instrucción para que la defensa siga aportando las pruebas en favor de los reos, quienes el 15 de enero pasado fueron recluidos en la prisión de Cerro Hueco, mientras otros siete efectivos de Seguridad Pública fueron puestos en libertad con las reservas de ley, al comprobarse que pese a haber estado en el lugar de los hechos, no dispararon su arma.

Los policías acusados de dar muerte a Guadalupe Méndez y dejar heridas a dos personas más son: Miseraín Juárez Gómez, David Molina Hernández, Alberto Ovando Hernández, Santiago Bautista Ruiz, Martín de Paz Domínguez, Juan Carlos Robles, Enrique Leza Aguilar, Jorge Luis Monribot, Francisco Cacique, Ricardo García Ovilla, Lauro Alberto Torres, Eribel Hernández Gamboa.

Así como César Jiménez Díaz, Belmar Solís, Antonio Mendoza Espinosa, Fredy Pérez Pérez, Gilberto Moreno Díaz, Genaro Guzmán Morales, Octavio Villatoro, Ramón Osorio, Gabriel Morales Rivera y Julio Villalobos Martínez.

A su vez, el grupo Paz y Justicia, llamó al Ejército Mexicano a incrementar sus acciones de desarme contra el EZLN y la sociedad civil.

En un despacho de la agencia alemana DPA se expone que en un comunicado que lleva la firma de Pascual Gómez, se exige al Ejército Mexicano que realice cateos en las iglesias que se ubican en la región de El Imar, lugar donde el pasado 15 de diciembre el grupo Paz y Justicia impidió al nuncio apostólico Justo Mullor reabrir un templo que el grupo paramilitar había cerrado. Según Paz y Justicia, en las iglesias católicas de la zona se ocultan armas.