Ahora sí, para beneplácito de la ciudadanía del Distrito Federal, será factible el buen uso y transparencia de los recursos públicos.

La nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, con predominio de la oposición sobre el partido oficial, además de una presencia más efectiva de la Contaduría Mayor de Hacienda e inaugurados ya los tiempos de la alternancia política, abren la posibilidad de cambios positivos en materia de vigilancia y control del gasto público y de los actos de gobierno.

La transición democrática debe necesariamente permear no sólo el ámbito político, económico, social y educativo, sino también, de manera subrayada, el campo de la administración pública.

Hoy estamos atestiguando, en lo administrativo, un polémico proceso de entrega y recepción de los asuntos públicos entre la gestión saliente y entrante, en el gobierno del Distrito Federal, donde una parte alega haber informado con apego a derecho, en tanto la contraparte se queja de falta de archivos, expedientes e informes de las tareas realizadas.

De igual manera nos enteramos de una serie de irregularidades de diversa importancia, que la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa ha detectado en la Cuenta Pública de 1995, y que seguramente se extenderán a las gestiones de 1996, 1997 y en los años venideros. En este sentido, hasta ahora la información ha sido incompleta, en espera de que los servidores públicos involucrados aclaren y precisen en los plazos que la ley establece, lo cual es saludable; de no hacerse así, afectaría injustamente a quien no cometió ilícitos o faltas graves que incluso pudieran ameritar sanciones penales.

Por ello, de todos estos hechos se debe deducir, con una visión constructiva, que la evolución hacia un nuevo marco jurídico administrativo abarque diversos planos del servicio público y el quehacer gubernamental.

Entre las decisiones más importantes que deberán tomarse, para apuntar hacia un verdadero cambio, deben mencionarse: la redefinición de las instancias de contraloría para darles una mayor autonomía y fortalecer sus facultades; elservicio civil de carrera; y la participación ciudadana a través de órganos de representación formal en las delegaciones, con facultades de control y supervisión del gasto público.

En el primer caso, el de la Contraloría, debe dejar de depender del Ejecutivo e instalarse en el ámbito legislativo o incluso más allá de éste, para crear un órgano autónomo y de hecho vigilar las finanzas públicas de los tres poderes indistintamente.

Otra de las cuestiones centrales para el mejoramiento y transparencia de la administración pública reside en la profesionalización de los recursos humanos, para lo cual es urgente que se formule y emita la Ley de Servicio de Carrera del propio Distrito Federal. Así se formarán cuadros medios y superiores que no podrán ser removidos caprichosamente y serán garantía de cuentas claras en los procesos de alternancia, como una constante en los nuevos tiempos de México.

Y para concluir este ciclo de vigilancia mutua será preciso, en la nueva Ley de Participación Ciudadana, otorgar, ampliar y precisar facultades a los representantes vecinales, al igual que en la Ley Electoral del Distrito Federal, para elegir cabildos, que tendrían que fundamentarse en las nuevas reformas políticas congruentes con la elección de delegados en el 2000.

El cumplimiento de esta abrumadora y legítima demanda social, que por décadas se ha frustrado, está a nuestro alcance en el plazo más inmediato. Exijámoslo todos.