Rechaza Secodam que encubra a autores de ilícitos en la Conasupo

Gustavo Castillo García Ť Samuel Alba Leyva, director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), afirmó que esa dependencia ``no encubre ni protege a quienes cometieron delitos en Conasupo'', y que de 1988 a 1997 han sido sancionados mil 648 ex servidores de la paraestatal.

Respecto a las declaraciones de la presidenta de la comisión camaral investigadora del caso Conasupo, la diputada Margarita Pérez Gavilán, dijo que ``desconoce las competencias de Secofi, la Contraloría y Conasupo, y que hizo afirmaciones de mala fe y su actuación es dolosa, ya que en su cargo ha tenido la más amplia colaboración de la Secodam''.

``La actitud de la legisladora panista lejos de contribuir a fortalecer el estado de derecho exhibe una marcada tendencia partidista para escandalizar y engañar a los medios de comunicación, a sus compañeros legisladores y a todo el pueblo de México'', dijo el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Alba Leyva puntualizó que la legisladora Pérez Gavilán ``es una ignorante de la ley'', al aseverar que la Secodam encubre y protege a quienes cometieron delitos en Conasupo, ya que irresponsablemente afirma la existencia de un delito en el caso de faltas administrativas, además de que desconoce que ``en todo caso correspondía a Secofi, y no a esta dependencia, presentar las eventuales denuncias''.

Mencionó que la diputada ``miente al afirmar que el gobierno federal fue omiso con respecto a las irregularidades de Rafael Arturo Rico, ya que Secofi formuló la denuncia penal correspondiente cuando a éste se le acreditó el desvío de 250 toneladas de maíz blanco, la retención indebida de depósitos y la falsificación y alteración de facturas''.

El funcionario dijo que la acción de Rico derivó en un daño patrimonial de 41 millones 161 mil 172 viejos pesos (41 mil 161.17 pesos actuales).

Agregó que además de la referida denuncia penal la contraloría de Secofi lo inhabilitó por cinco años, y la entonces Secretaría de la Contraloría General de la Federación (Secogef) le impuso una sanción económica de dos tantos el daño patrimonial, es decir, 82 millones 323 mil 440 viejos pesos (82 mil 323.44 pesos actuales).

Mencionó que tanto Mario Chihuaque, gerente de almacenes de Liconsa en Michoacán, al igual que Jesús Montoya Moreno, gerente de almacén de Liconsa en el estado de México, causaron daño patrimonial a la empresa por 16 millones 37 mil 176 y 176 millones de pesos respectivamente. Por lo que la aseveración de la diputada Pérez Gavilán es ``amañada'' porque no aclara que las cifras corresponden a pesos anteriores a 1993 y por tanto se trata de una equivalencia actual mil veces menor, esto es, 16 mil 37 y 176 mil pesos respectivamente.

Además, Alba Leyva señaló que en la época en que se impusieron las sanciones, las contralorías internas de las dependencias y entidades no dependían jerárquicamente de la entonces Secogef.

Por último, el funcionario de la Secodam consideró que la actuación de la legisladora panista ``es dolosa'' ya que en su cargo como presidenta de la comisión investigadora del caso Conasupo ha tenido la más amplia colaboración de esta dependencia, a grado tal que su titular, Arsenio Farell, recientemente puso a su disposición no sólo toda la información que obra en poder de esta secretaría, sino que incluso ``se acondicionó una bóveda especial para facilitar el trabajo de los legisladores, y se le entregó en propia mano una relación detallada de los mil 648 servidores públicos superiores, de mandos medios y operativos de Conasupo que han sido sancionados por irregularidades cometidas en los últimos años, entre ellos Salvador Giordano y Juan Manuel Pasalagua''.