La muerte materna en los Altos de Chiapas y en particular en el municipio de San Pedro Chenalhó es seis veces mayor al índice reportado para el resto del país según datos de las oficialías del registro civil de la zona. Pero conforme a trabajos de campo que hemos realizado en los últimos años, detectamos un subregistro estadístico que estimamos al menos en un 45 por ciento. Es decir, por cada mujer que muere por causas relacionadas con el parto, hay otra que no se registra.

Este dato, conjugado con el hecho de que entre las víctimas de la matanza de Acteal 21 fueran mujeres y 15 niños nos obliga a formularnos la pregunta de si existe una relación entre los descuidados índices de muerte materna y las agresivas campañas de control natal con el ataque a los desplazados; si no somos testigos de una política de exterminio que transcurre silenciosa y desapercibida por muchos.

Paradójicamente, los servicios ofrecidos por el sector salud a los municipios alteños han ``ampliado'' su cobertura, según las informaciones oficiales y al mismo tiempo viven su crisis más profunda, manifestada en un deterioro de la calidad de atención y en un total desprestigio frente a la población que debe servir.

(Durante 1996 y 1997 el Hospital Regional de la Secretaría de Salubridad y Asistencia en San Cristóbal de las casas llegó a sufrir un grave desabasto de medicamentos y jeringas, entre otras cosas. En promedio, una paciente de los Altos, candidata a una intervención quirúrgica selectiva, debe acudir a San Cristóbal al menos 16 veces, según seguimientos realizados por el Grupo de Mujeres de San Cristóbal (COLEM) a pacientes canalizadas desde Chamula y Chenalhó).

Control natal no es lo mismo que salud

La muerte materna y la mortalidad infantil son indicadores sensibles para evaluar la calidad de la atención médica ya que la mayor parte de los padecimientos relacionados con la maternidad y la infancia son curables. La muerte materna está directamente relacionada con la muerte de niños ya que el bienestar de los menores de cinco años depende directamente de la salud y la sobrevivencia de las madres.

Pero en México la salud materno-infantil ha dejado de ser una prioridad para el sector salud que ha ido privilegiando en las últimas dos décadas los programas llamados eufemísticamente ``planificación familiar'' y ``salud reproductiva''.

Los problemas relacionados con el embarazo, el parto y el puerperio, lejos de disminuir en la región, han ido en aumento. Sin embargo, de acuerdo al plan emergente presentado recientemente por el Secretario de Salud no aparecen como una prioridad. Esto se debe probablemente a que la maternidad, en las zonas indígenas, no es atendida en las clínicas ni hospitales y por lo tanto el sector salud carece de registros confiables.

En los últimos tiempos, la venta y uso indiscriminado de oxitóxicos (medicamentos de empleo delicado que estimulan la contractilidad uterina) ha incrementado el riesgo de muerte y de discapacidad de las mujeres. La elevada frecuencia de rupturas uterinas y muertes fetales en los hospitales de San Cristóbal dan cuenta de ello, según datos del trabajo recopilado en las ``Memorias'' del grupo de trabajo por la Campaña de Muerte Materna de COLEM.

El sector salud enfrenta, si pretende realmente resolver los problemas de salud de la población, dos problemáticas muy complejas: las formas en que los indígenas los conciben y responden a sus programas y estrategias de atención y la manera en que los funcionarios y trabajadores de la salud interpretan las políticas de salud y las necesidades y formas de actuar de la población indígena a la que va dirigido su quehacer.

De acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud en 1997, 44 comunidades del municipio de Chenalhó cuentan con servicios de la SSA que, según ellos, pueden proporcionar atención a una población de casi 14 mil habitantes. La SSA cuenta con Técnicos de Atención Primaria de Salud (TAPS), que desarrollan sus actividades en 13 localidades que tienen en total una población de 4,000 habitantes y a través del Programa de Ampliación de Cobertura cubren a otros 2,500 en 21 comunidades. En 22 localidades, el IMSS podría atender a 13,000 personas. Así, supuestamente el 90 por ciento de la población de Chenalhó podría disponer de atención médica.

Sin embargo, de la misma manera que es percibido por los chenalheros, los médicos que trabajan en las comunidades se enfrentan a relaciones de desconfianza, a escasez de recursos, a problemas de comunicación y a incongruencias entre el decir y el hacer de las instituciones, que reducen drásticamente su cobertura y el impacto de sus instituciones.

(La información de este artículo forma parte del proyecto sobre Muerte Materna en Chenalhó, realizado entre 1995 y 1996).