Belicismo, pretender desarmar al EZLN: líderes partidistas y sociales

Georgina Saldierna, Triunfo Elizalde y Angeles Mariscal, corresponsal Ť Dirigentes de partidos, juristas y representantes de organizaciones no gubernamentales criticaron las declaraciones del secretario de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, porque soslayan la existencia de la Ley para el Diálogo y la Pacificación en Chiapas, y son reveladoras de una ``ofensiva bélica'' en aquel estado.

Jesús Ortega, secretario general del PRD, pidió al titular de la Sedena que rectifique su posición respecto de la aplicación ``sin excepciones'' de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pues una medida de tal naturaleza violentaría la Ley para el Diálogo y la Pacificación, misma que da espacios para que los zapatistas mantengan su armamento en tanto se llega a un acuerdo de paz.

El dirigente dijo que con los señalamientos del funcionario, lo único que se está haciendo es contribuir a que aparezcan focos de tensión y espacios de enfrentamiento que compliquen más la de por sí difícil situación de Chiapas.

Error, que mandos militares formulen declaraciones políticas: Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo, líder perredista en la Cámara de Diputados, señaló por su parte que el Ejército Mexicano no es interlocutor del EZLN, de los partidos políticos ni de la sociedad, por tanto constituye una preocupación y un error el que mandos militares efectúen declaraciones políticas.

Ante las afirmaciones del secretario de la Defensa, quien aseguró que el operativo de despistolización se aplicaría también contra el EZLN, Muñoz Ledo apuntó que estos pronunciamientos deben ser hechos por el jefe máximo del Ejército, esto es, el Presidente de la República.

Por tanto, dijo en una visita a Chiapas, ``es un error grave que el gobierno propicie que los mandos militares hagan declaraciones en asuntos políticos, siendo que carecen de competencia para definir la política del Estado mexicano''.

A su vez, el jurista Emilio Krieger consideró que ``se está fraguando una ofensiva contra el EZLN, y para ello se busca un pretexto que justifique a nivel internacional la acción militar''.

Frente a dicha situación, agregó, ``se hace necesaria una movilización nacional para exigir del presidente Zedillo una decisión política que lleve realmente tranquilidad y reconocimiento a los derechos humanos de las comunidades indígenas. Sin embargo, con este tipo de declaraciones tenemos que pensar, con preocupación, que el gobierno no está buscando el camino del diálogo para la solución del problema... sino el de las armas, lo que quiérase o no tendría repercusiones en todo el país y fuera de México, pues Chiapas es ya un problema a nivel mundial''

Sobre la aplicación ``indiscriminada'' de la Ley Federal de Armas de Fuego, el presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Oscar González, apuntó que ese tipo de señalamientos ``dan lugar a pensar que se trata de un punto de vista personal, como lo han hecho el propio presidente Zedillo o el secretario de Gobernación, Francisco Labastida. Mientras no sea una declaración de gobierno, sólo puede pensarse en una interpretación errónea de las leyes en vigor''.

Por su parte, el primer visitador del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Rafael Alvarez, señaló que el general Cervantes ``por lo menos debería conocer la existencia de la Ley Federal para el Diálogo, misma que reconoce al EZLN como un ejército y le da garantías para permanecer armado en zonas bajo su influencia''.

Alvarez consideró que tanto Mireille Roccatti, presidenta de la CNDH, como el procurador Jorge Madrazo, ``debieran asumir su responsabilidad en este asunto. La primera, emitiendo una recomendación en la que se pida sancionar al Ejército Mexicano por las violaciones a los derechos humanos que está cometiendo en contra de comunidades indígenas de Chiapas, y el segundo, revelando qué es exactamente lo que tiene investigado sobre la participación de grupos armados en Chiapas, y hasta dónde esos grupos han estado y siguen estando protegidos por autoridades y caciques''.

Finalmente, Oscar Alzaga, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), calificó como ``una declaración de guerra'' lo señalado por el general Cervantes Aguirre.