La consignación del general Mariano Maldonado Vega, ex comandante de la segunda Zona Militar, por su presunta vinculación con el cártel de Juárez, evoca, en forma inevitable, la situación del también general Jesús Gutiérrez Rebollo quien, tras ser acusado de complicidad con el extinto capo Amado Carrillo, pasó de director del desaparecido Instituto Nacional de Combate a las Drogas a recluso en Almoloya.

El hecho de que un comandante de una de las zonas militares del país sea acusado de colaboración con las mafias del narcotráfico constituye, sin duda, un nuevo golpe para la imagen del país y sus fuerzas armadas, y lesiona severamente la de por sí menguada credibilidad de las instituciones. Si las acusaciones que pesan sobre el militar se demuestran ciertas, será obligado ponderar, además, la magnitud y la profundidad de los daños causados a la política de combate a las drogas que desarrolla el gobierno, a la seguridad nacional y a las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

Ello puede tener, por desgracia, un efecto persistente y duradero, por lo que resulta necesario esclarecer, públicamente, las dimensiones y significaciones de los delitos imputados al general detenido. Al mismo tiempo, los organismos públicos de procuración e impartición de justicia enfrentan la obligación de ir hasta el fondo en la investigación de los ilícitos atribuidos a Maldonado Vega, en la identificación y captura de sus posibles cómplices -independientemente de su posición social, política, administrativa o económica- y, de ser el caso, en la imposición de sanciones conforme a derecho.

Pero más allá de la crítica circunstancia ante la cual nos coloca la consignación del militar referido, el episodio constituye una nueva prueba de la inconveniencia de utilizar a los institutos armados del país en labores que debieran ser responsabilidad de las corporaciones policiales.

De hecho, a raíz de la creciente militarización de las policías y del cada vez más frecuente recurso a los órganos castrenses para combatir a las mafias de la droga, la capacidad de contaminación e infiltración de las organizaciones dedicadas al narcotráfico se ha hecho sentir en muy altos mandos de las fuerzas armadas, las cuales, en consecuencia, han visto seriamente socavados su prestigio y su integridad.

Si a ello se añade el descalabro experimentado por la imagen del Ejército Mexicano a raíz de su creciente involucramiento en el conflicto chiapaneco, en la represión y persecusión de civiles en diversos puntos del país y en la elaboración de planes de contrainsurgencia que violentan la legalidad nacional y amenazan las conquistas sociales en materia de libertad y democracia, resulta obligado concluir que se está poniendo en juego la capacidad y la autoridad de las fuerzas armadas como garantes de la soberanía nacional y la integridad territorial.