En las cuatro semanas transcurridas desde esa tarde del 22 de diciembre --nueva fecha negra del calendario mexicano, esta matanza de Acteal-- no ha descendido ni un grado el recalentado termómetro noticioso. Una ojeada a los sucesos, declaraciones y posiciones posteriores dan cuenta de un México polarizado al extremo.

PRIMERA SEMANA

Un reporte de la Cruz Roja obtenido por la prensa en la madrugada del día 23 facilitó un dato que quizás por otra vía se hubiera distorsionado: los asesinados en Acteal fueron 45. Entre ellos un bebé, otros 14 niños, 21 mujeres y los nueve restantes hombres.

El Estado reacciona con un fuerte discurso presidencial --"todo el peso de la ley" para los criminales"-- promete el mandatario Zedillo. Distribuye órdenes: que la comisionada de Derechos Humanos se vaya de inmediato a Chiapas; que el procuador general atraiga la investigación al fuero federal. Pero también ofrece "todo el apoyo" a las autoridades estatales. Mismas que en Tuxtla Gutiérrez hablan de un "enfrentamiento".

En los días posteriores salen a luz detalles embarazosos para las autoridades estatales y para el PRI local: las víctimas fueron baleadas por la espalda, los agresores reivindican su militancia priista. El PRI nacional trastabillea: "Delinquen las personas, no las instituciones", dice el líder Mariano Palacios Alcocer. La oposición se une para demandar desaparición de poderes en Chiapas. A pesar del apoyo presidencial al gobernador, nadie apuesta a una larga estancia de Julio César Ruiz Ferro en el palacio de gobierno de Tuxtla Gutiérrez.

Junto con Mireille Rocatti y Jorge Madrazo llegan al municipio de Chenalhó (3,000 habitantes) dos mil soldados; cinco mil al resto del estado. El entierro colectivo del día 24 y el clamor de Samuel Ruiz para prevenir una guerra fraticida marcan la navidad "más triste de nuestra historia".

En el campo internacional el costo es devastador para la imagen de México. El canciller José Angel Gurría lo minimiza: "Ingerencia extranjera", dice.

La crisis de los desplazados de Chenalhó, que se desató desde mediados de noviembre ante la mirada ciega de las autoridades estatales, se desborda. Movidos por el temor de nuevos ataques, desplazados de varios campamentos convergen en la cabecera rebelde de Polhó. Más de seis mil refugiados internos emergen a las pantallas de televisión famélicos, empapados.

El secretario de Gobernación Emilio Chuayffet y el subcomandante Marcos disputan públicamente sobre la responsabilidad del gobierno en el drama.

SEGUNDA SEMANA

El entierro de un bebé muerto de frío y hambre se convierte en símbolo de la crisis humanitaria que se hace presente en los campamentos de desplazados. Los primeros en presentarse para "ayudar" son los soldados, los tanques y las armas. No tiene éxito este operativo de "ayuda a fuerzas". Las imágenes de la resistencia de las mujeres a la presencia militar revierten la operación gubernamental.

Una gestión desesperada de la COCOPA que se hace presente en Chiapas transcurre con flacos resultados. Sus interlocutores --Chauyffet y el delegado gubernamental en las negociaciones-- van de salida y repiten fórmulas sin sustento sobre la reanudación del diálogo. Después de capturar a 40 presuntos participantes en la matanza y detener al presidente municipal Jacinto Arias como "instigador", las investigaciones judiciales se vuelcan en la tesis del "conflicto intercomunitario" y dirigen sus baterías contra los grupos sociales a los que pertenecían las víctimas, no los victimarios. Distintas autoridades se desentienden de las denuncias y amenazas sobre posibles reagrupamientos de los paramilitares.

La opción de los sanpedranos por el municipio autónomo con sede en Polhó se perfila como "el origen de la disputa". Más que las comunidades bastión de los paramilitares, son las comunidades zapatistas, incluso las de la Selva y las Cañadas, el objeto de la "búsqueda de armas", vigilancia y control.

TERCERA SEMANA

La tecera semana culmina con el esperado recambio en la Secretaría de Gobernación. El nuevo titular Francisco Labastida arranca con el pie izquierdo. Anuncia como solución el desarme de "todos" los grupos armados. Después da marcha atrás aclarando que al EZLN lo ampara la Ley de Concordia. Restructura su equipo de trabajo con algunos nombramientos que constituyen un mensaje en sí mismos: el ex izquierdista de Torreón, operador del salinismo Alfredo Orive es jefe de asesores y Emilio Rabasa hijo es coordinador para el diálogo (ya no delegado gubernamental para la mesa de negociaciones). A nivel estatal se concreta otro cambio de gobernador decidido desde el centro. Sale Ruiz Ferro y entra Roberto Albores Guillén. Su primera declaración: estaría dispuesto a reunirse con Marcos.

El día preciso del recambio se echan a andar incursiones militares en puntos especialmente sensibles para el zapatismo: La Realidad y Morelia. En Oventic hay amenazas. Desde los cuarteles también salen iniciativas propias de la guerra sicológica. Primero se intenta "desmentir" la versión de la incursión a La Realidad atribuyéndosela a una maniobra propagandística de la Diósesis de San Cristóbal. Después se difunde el "hallazgo" de inteligencia militar de "pruebas" sobre la vinculación clero-Ejército Zapatista: biblias en tzeltal encontradas en casas de seguridad cateadas.

Frente a la emergencia humanitaria en los campamentos de refugiados internos hay otra rectificación: el presidente Zedillo ordena a las instituciones civiles a llevar ayuda. El secretario de Salud Ramón de la Fuente enfrenta sin éxito el muro de la desconfianza de los desplazados. Ellos demandan que en vez de asistirlos en los campamentos se resuelva el origen del problema: el desarme de los paramilitares y la desocupación de sus parajes y casas para que puedan normalizar sus vidas. Hasta la fecha este reclamo ha sido desestimado.

Las movilizaciones de protesta por la matanza de Acteal en la capital y el interior de la República marcan otro hito en el proceso de participación de la sociedad. Pero la semana que mal empieza mal acaba. La marcha de Ocosingo es atacada a balazos por la policía de Seguridad Pública. Una mujer es asesinada.

CUARTA SEMANA

La enfermedad y la mortandad infantil siguen ganando puntos en los asentamientos de refugiados internos. El gobierno federal se empeña en que los desplazados tomen la ayuda de su mano y de nadie más. El presidente Zedillo protesta contra quienes "obstaculizan" la labor de las instituciones. Los desplazados insisten en que sea la Cruz Roja Internacional quien asuma un papel en la atención humanitaria. Al gobierno mexicano le parece una propuesta "intervencionista" sin recordar que en otras ocasiones --en concreto para garantizar la seguidad en los corredores que permitían el traslado de los jefes rebeldes a San Andrés Larrainzar-- el organismo ha entrado en acción con éxito. Por cierto que la Cruz Roja Internacional ha ofrecido su apoyo.

En el frente diplomático se enfrenta un parnorama delicado con marchas en distintas capitales, protestas y duras expresiones periodísticas. La nueva secretaria de Relaciones Exteriores Rosario Green parece entender que es algo más que intervencionismo y anuncia una campaña internacional en defensa de la otrora prestigiosa imagen de México en el mundo.

Se cierran las posibilidades de una investigación creíble en el terreno jurídico con la hipótesis del procurador Madrazo de la "venganza", aun más estrecha que la del conflicto intercomunitario.

Ese periodo culmina con la peregrinación de los católicos de la Diósesis de San Cristóbal a la Villa de Guadalupe que refrenda como nunca antes el apoyo ya no solo de Chiapas sino nacional al obispo Samuel Ruiz.