Acorde con los tiempos y los modos de los gobernantes chiapanecos, el gobierno de Chihuahua se dispone a exonerar a los jefes policiacos que participaron en la represión desatada contra los rarámuris en mayo pasado. ¿Lo habrá contagiado el espíritu de Acteal?

El pasado fin de semana, la sociedad juarense fue testigo, víctima, de tres ejecuciones más. En ellas, Mario Varela, subcomandante de la PJF, la ejecución número 57, fue acribillado por un solitario sicario quien le asestó más de medio centenar de balazos.

La administración panista encabezada por Francisco Barrio fue incapaz de ofrecerle a los chihuahuenses aquello que fue su bandera oposicionista en 1992: Seguridad Pública. Culmina el gobierno en medio de un auténtico baño de sangre y sus declaraciones ya forman parte de las frases de la antología de la ``clase política'' mexicana.

Ante crimen tan sangriento el mandatario esgrimió ``(que lo mataran) era sólo cuestión de tiempo, caería más pronto o más tarde, y todos ellos mueren igual''. Además, agregó que ``ya se sabía de sus actividades ilícitas''.

Estas afirmaciones no fueron las únicas que causaron escándalo; días atrás había expresado, que de acuerdo a cifras de la PGR, el narcotráfico emplea alrededor de 3 ó 4 mil millones de dólares en corromper a periodistas, banqueros, autoridades ``y gente que ni se imagina'' en Ciudad Juárez. Tales cifras significan poco más de cinco veces el presupuesto anual del gobierno de Chihuahua.

Falto de un proyecto para enfrentar la creciente ola delictiva, a pesar de que su primer procurador de Justicia se convirtió después en el comisionado del desaparecido Instituto Nacional de Combate a las Drogas y de que el actual procurador de Justicia del estado fue delegado de la PGR, amén de que en esta entidad se inició el experimento de utilizar a elementos del ejército como miembros de la PJF, la administración panista no ha aumentado la seguridad pública en Ciudad Juárez; ni cuenta, se concluye por los resultados, con una estrategia para enfrentar los retos del crimen organizado.

Las declaraciones del gobernador reflejan, o un total desconocimiento de las conductas delictivas o la conducta suicida del ``dejar pasar, dejar hacer''. Así, a la desaparición del Señor de los Cielos, cuando era previsible un reacomodo violento del mercado y las vías del narcotráfico, el gobierno de Barrio no previó ninguna medida y se concretó a señalar que no habría hechos que lamentar y que el combate al narcotráfico y sus secuelas rebasaban las facultades de los gobiernos estatales.

Medio año después y cuando ya suman casi 60 las ejecuciones en Juárez, apenas en días pasados el mandatario chihuahuense habló de reunirse con el procurador general de la República para acordar las acciones a seguir.

¿Irresponsabilidad? ¿Superficialidad?, son las interrogantes que genera la afirmación gubernamental de que del subcomandante Varela ``ya se sabían sus actividades ilícitas''.

¿Quiénes sabían de ellas? ¿Cuánto sabían? ¿Por qué callaron y sólo hasta ahora afirman saberlo?

Inquietan las interrogantes anteriores, pero preocupa más la negativa del procurador de Justicia a comparecer al Congreso del Estado para informar acerca de la sangrienta y larga lista de asesinatos impunes.

A la vista de tanta incapacidad e insensibilidad gubernamental, como siempre, la sociedad chihuahense ha ido más lejos que sus gobiernos: Ante el creciente número de asesinatos de mujeres, los juarenses y sus organizaciones integraron brigadas que protegieran y vigilaran la llegada de las muchachas a sus casas, así ahora tendrán que idear, sin la participación gubernamental, los mecanismos adecuados para detener la marea sangrienta que asola a la ciudad fronteriza más importante de Chihuahua.

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